Ingeniero de Sistemas y columnista, Thierry Ways, pone el dedo en la llaga cuando se habla del caos en la DIAN. Afirma que la percepción que tienen los usuarios es que el sistema informático es innecesariamente complejo y frágil. Piensa, además, que si funcionara correctamente, no colapsaría así hayan personas que dejan sus obligaciones tributarias para lo último.

A mediados de este mes mientras investigábamos sobre el colapso que ocurrió en la página web de la DIAN, leímos la columna Las colapsadas autopistas de la información de Thierry Ways en El Heraldo, quien nos sirvió como fuente de nuestro artículo La tecnología le sigue pasando cuenta de cobro a la DIAN.

Este Ingeniero de Sistemas del Instituto Tecnológico de Georgia, desde el año 2010 tiene su columna Código Abierto en este diario costeño. Como él mismo lo asegura, “no me quejo: es útil saber de computación, y de haber estudiado alguna de esas otras carreras habría corrido el riesgo de terminar de abogado, periodista o comunicador social, y dudo que me hubiera agradado alguna de esas existencias”.

También tiene una especialización en Finanzas en la Universidad del Norte en Barranquilla. Thierry ha vivido en París, Atlanta, Oxford y Barranquilla. Y aprovechando sus conocimientos en informática y el sentido crítico que deja ver en sus columnas, dialogamos con él sobre el caos de la DIAN.

No es la primera vez que ocurre un caos a nivel informático, ya ocurrió en el pasado con el Runt, por ejemplo. ¿Por qué se siguen cometiendo los mismos errores y no se aprende?

Esa misma pregunta me la hago yo y se la hacen los usuarios de los sistemas de la DIAN y demás sistemas del Estado. No conocemos bien las causas del problema, pero sí parece haber un problema generalizado en lo que tiene que ver con la contratación de sistemas de información.

En su columna dice que va siendo hora de hacer una veeduría alrededor de este tema. ¿Qué propone al respecto, quiénes serían los encargados de hacerla, la misma DIAN, cuál entidad?

El problema con hacer veedurías de este tipo radica en que se trata de sistemas a veces opacos, cuyas características no se pueden revisar bien por parte de la comunidad. A diferencia de una autopista o un puente, cuyas fallas cualquier ingeniero puede inspeccionar a veces a simple vista, un sistema de software complejo no permite tal revisión. El usuario sólo puede constatar si funciona bien o no, si es sencillo de usar o no.

Por tanto, esa veeduría tendría que encargársele a una entidad capacitada y conocedora del tema. Que tenga acceso al código fuente del sistema y la arquitectura del software. Para esto tendría que conocer a fondo el proceso de construcción del sistema en cuestión. Lo ideal sería que el mismo Estado financiara (a través de la Contraloría, por ejemplo) esa vigilancia, pero hay razones para dudar de la efectividad de que el Estado se vigile a sí mismo, tal veeduría podría provenir también del sector privado.

En el caso de la DIAN, sería interesante que el gremio de los contadores, por ejemplo, asumiera esa tarea. Por supuesto, con la participación de ingenieros de software que puedan aportar las luces técnicas necesarias.

¿La DIAN está fallando en su estrategia comunicativa de dar a conocer las soluciones que da la entidad frente a todos estos problemas informáticos que se presentan?

Sin duda este también es un problema. La percepción por parte de los usuarios es de una opacidad total, y de un sistema innecesariamente complejo y frágil.

¿Le quedó grande a la DIAN implementar la tecnología y por eso siempre el contribuyente termina remitiéndose a hacer colas y llenando papeles?

Como dije en mi columna: no debería quedarle grande a una entidad con los recursos y el tamaño de la DIAN. Al fin y al cabo, empresas como los bancos, las aerolíneas y los almacenes de cadena implementan sistemas mucho más complejos y más robustos, que funcionan en tiempo real con millones de usuarios a la vez (pensemos en el sistema de reservaciones de un aerolínea, o en el sistema de puntos del Carulla, por ejemplo), y no solo lo logran, sino que los mejoran continuamente. ¿Por qué el Estado, con todos sus recursos, no puede hacer lo mismo?

No vamos a negar que hay contribuyentes que dejan estas vueltas para lo último, pero también hay personas que madrugan. Mal por lo uno, mal por lo otro. ¿Qué posición debe tomar la DIAN al respecto?

Si el sistema electrónico funcionaria correctamente, no colapsaría así hayan personas que dejen la obligación para última hora. Los plazos son los plazos, y el contribuyente que lo deja para el último minuto tiene el mismo derecho de acceder al sistema como el que lo hace con tiempo. Tecnológicamente, existen soluciones de balanceo de cargas para las “horas pico” de acceso a las bases de datos. Eso debería hacer parte de cualquier estrategia tecnológica de cualquier base de datos grande, como la de la DIAN.

¿Piensa que falta capacitación para los empleados de la DIAN, ya que hay contribuyentes que aseguran que llaman, siguen unos pasos que les dicen, pero no obtienen resultados positivos?

La falta de capacitación es una parte del problema, pero pienso que no tanto. La mayoría de los funcionarios de la DIAN con los que nos ha tocado trabajar en estas situaciones hacen su mejor esfuerzo por ayudar al contribuyente. Pero ese esfuerzo no vale si el sistema no funciona bien, si no responde a las instrucciones que da el funcionario porque no está bien diseñado o porque colapsa bajo el tráfico de los días de mayor acceso.

Con su experiencia como ingeniero de sistemas, ¿qué le diría a los de la DIAN? Una luz por favor

Hay mucho por mejorar y, sin conocer el sistema por dentro, no sabría como emitir conceptos técnicos muy precisos. Sin embargo, algunas cosas saltan a la vista. El sistema es demasiado engorroso para los usuarios, y los procedimientos no funcionan como deberían.

A veces funcionan bien, a veces no: eso es inestabilidad y no puede existir en un sistema de información de calidad. El usuario no debería tener que estar instalando —y a veces desinstalando, lo que constituye un riesgo de seguridad— actualizaciones “del Java”; el sistema debería estar diseñado para funcionar con la mayoría de las configuraciones de los usuarios. De hecho, el uso de la tecnología Java es ya de por si cuestionable porque puede ser muy insegura si no se tiene mucho cuidado. Otras tecnologías hubieran sido preferibles y hubieran evitado tantos problemas de compatibilidad con los equipos de los usuarios.

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A gritos se está pidiendo la reforma de las corporaciones ambientales. Esta nueva ola invernal es una prueba para saber si se prepararon para enfrentarla. Los ojos de todos los colombianos están puestos sobre estas instituciones.

Invierno es sinónimo de las CAR. Y ya la Contraloría General de la República se ha venido pronunciando sobre los riesgos que enfrenta Colombia por la falta de preparación para los efectos de la actual ola invernal.

El contralor delegado para Medio Ambiente, Jorge Cruz, dijo en RCN que la ineficiencia de las corporaciones ambientales, CAR, “han comprometido recursos en obras de mitigación del invierno que ya han colapsado”. Al menos 6 de estas corporaciones enfrentan procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de obras de mitigación como jarillones.

¡Reforma a las CAR ya!

Diversos congresistas le están exigiendo al Gobierno que se acelere la presentación del proyecto de reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales. Por el momento se conoce que la iniciativa está cumpliendo con la instancia de consulta previa con las comunidades étnicas y afrodescendientes y se llevará ante el Congreso en el segundo semestre.

Como lo publica El Nuevo Siglo, según el representante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, el invierno se ha encargado de destapar la ineficiencia y corrupción de estas entidades.

Otros como el parlamentario Óscar Fernando Bravo está extrañado de que el Gobierno no haya acelerado la radicación del proyecto para corregir las deficiencias de las Corporaciones. “Creo que se deben agilizar los trámites de desembolso de los recursos, proponiendo los controles efectivos, porque existen muchas quejas sobre el funcionamiento de estas entidades. Hay que darles también facultades para que se responsabilicen en la prevención ante todo”, le dijo a los medios.

Para el columnista de El Espectador y Profesor de Derecho Ambiental y del Cambio Climático en Bard College, Nueva York Víctor M. Tafur, en Colombia, el modelo de las CAR fue cambiado radicalmente a comienzos de los noventa ya que se eliminó su participación en el sector eléctrico, dando paso a la privatización; su jurisdicción pasó a ser departamental; su capacidad de ejecución de obras se limitó a la protección y manejo de los recursos naturales y de las cuencas hidrográficas; y se convirtieron en la autoridad ambiental regional.

Tafur dice que para mejorar la gobernanza ambiental de las CAR, el Congreso debe hacer una reforma de fondo que fortalezca su papel fundamental como responsables del medio ambiente a nivel regional, con carácter técnico, y fijar mecanismos que garanticen transparencia en la planeación y ejecución de obras ambientales. De lo contrario, la reforma quedará reducida a un “maquillaje político” que no hará mayor diferencia.

Para Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, lo que hay que abordar rápidamente es un Sistema Nacional Ambiental que incluya a las entidades autónomas, pero también a las Gobernaciones y el Ministerio de Ambiente. “Mientras tanto estamos en una fuerte ola invernal, y no podemos decir que es una sorpresa, debemos ser más diligentes en la protección ambiental”, indicó Gaviria.

Antecedentes acusatorios

Después de la primera temporada invernal de 2010-2011 los villanos de la película fueron las CAR y después de la segunda también. Hasta el mismo Gobierno expidió el Decreto 141 de 2011 donde se hace un repaso de la magnitud de los daños ocasionados por la ola invernal y el fenómeno de la Niña desde 2010 y se llega a responsabilizar a las CAR de 5 fallas:

• Falta de “criterio de cuenca” para la toma de decisiones.
• Falta de articulación con autoridades departamentales y municipales.
• Necesidad de mayor soporte técnico para la toma de decisiones.
• Falta de cumplimiento de las funciones de policía ambiental de las corporaciones.
• Falta de un rol más activo en la gestión del riesgo ambiental.

Las víctimas de la tercera ola invernal

Hasta el lunes 16 de abril se había registrado la muerte de una persona y más de 2 mil hectáreas inundadas en el departamento de Cundinamarca. La vía Suba-Cota fue habilitada para tráfico liviano con el fin de evitar un nuevo daño en los jarillones que contienen el río Bogotá.

La vía que comunica a Zipaquirá con Briceño tiene paso restringido debido al desbordamiento del río. Hasta el momento más de 3 mil 500 personas afectadas deja la ola invernal en Cundinamarca.

En el Valle del Cauca van un total de 56.000 personas damnificadas. Así lo indica el Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, Crepad, del departamento, al indicar que son 16 los municipios que fueron declarados en estado de emergencia por inundaciones y deslizamientos de tierra, registrados en los últimos días.

En el departamento de Antioquia, en lo que va recorrido de la temporada invernal se han visto afectadas alrededor de 6.000 personas en 14 municipios. Las labores preventivas adelantadas en marzo pasado permiten asegurar que en 120 municipios están activados los planes de atención y prevención de desastres.

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Mucho cuidado con ir a tener software ilegal en su empresa; la situación le podría salir muy cara. Le tocaría pagar hasta 200 salarios mínimos si la DIAN lo descubre. Cumpla con la Ley 603 de 2000, es positivo que cada empresa indique en el Informe de Gestión el tipo de software que utiliza la empresa y las licencias que lo amparan.

En febrero de este año la DIAN anunció que aumentaría las revisiones que realiza aleatoriamente a las empresas desde 2009. A la fecha, la entidad lleva reportadas 88 empresas ante la Fiscalía General de la Nación por detectar software ilegal. Así lo publica El Tiempo.

Si en las visitas y verificaciones realizadas por la entidad, la DIAN encuentra algún tipo de ilegalidad, reportará los casos de este delito directamente a la Fiscalía General, quien a su vez tomará las acciones correspondientes.

Los funcionarios de la DIAN solicitarán a las empresas las licencias que demuestren la legalidad de los programas, las facturas de compra, la contabilización del intangible, equipos y demás aparatos en los que se encuentra instalado el software.

Asimismo, requerirán la identificación y ubicación de los establecimientos de comercio, oficinas y demás lugares en los que se emplea el respectivo programa adquirido o desarrollado; también solicitarán explicación del manejo y utilización dado en la empresa y el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte del contribuyente, explica el informe.

Campaña contra el software ilegal

Colombia Cumple es una campaña que busca generar un conocimiento más amplio sobre el uso legal de software. Se han contactado a más de 13.000 compañías y se les informa sobre los riesgos que implica tener software ilegal, además de recordarles la importancia del cumplimiento de la Ley 603 de 2000 y mostrar las ventajas del uso de software legal.

Sobre la Ley 603 de 2000, vale la pena decir que la DIAN asegura que el artículo segundo, faculta a esta autoridad tributaria para “verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre derechos de autor, para impedir que a través de su violación, se evadan tributos”.

La misma ley dispone que en los informes de gestión, tanto las medianas y grandes empresas, deberán dejar en claro no el estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual en lo referente al uso legal de cualquier obra que esté protegida por derechos de autor, como por ejemplo los software que hayan sido instalados en los equipos de la empresa.

Por otro lado, según la Superintendencia de Sociedades, la cual en el ejercicio de sus facultades legales, fija las directrices frente a los deberes específicos que observan los administradores de las sociedades comerciales respecto a los informes de gestión.

Qué deben hacer las empresas

Deben realizar una auditoría detallada para saber que cuentan con las licencias de cada uno de los programas instalados y sus respectivos respaldos contables y administrativos que verifiquen la originalidad del software que usan.

“Muchas compañías no saben que pueden estar incurriendo en delitos y serios riesgos al utilizar software ilegal debido a una gestión inadecuada de su activos de software. Con esta campaña se pretende suprimir el mito de que adquirir software pirata es más barato que comprar software legal”, dice Katalina Rojas de Business Software Alliance Colombia, en un artículo publicado por Fedesoft.

Algunas recomendaciones para hacer cumplir la Ley 603 de 2000

Es positivo que cada empresa indique en el Informe de Gestión el tipo de software que utiliza la empresa y las licencias que lo amparan; un listado detallado de los programas instalados y números de licencias; la elaboración de un acta donde estén enumerados los programas utilizados, sus correspondientes facturas de adquisición y el número de licencia

De igual manera, la factura de venta y el número de licencia pueden ser mecanismos de control a utilizar para la elaboración del informe de gestión; al adquirir computadores que lleven programas incorporados deben solicitarse las licencias de uso respectivas.

Denuncie la piratería

Colombia cuenta con la página www.bastadepirateria.com, primer portal habilitado para las denuncias confidenciales sobre uso ilegal de los programas de software en las compañías colombianas y en América Latina.

En sólo tres pasos invita a los usuarios de computadores en Colombia y América Latina a denunciar, de manera confidencial y voluntaria, situaciones u organizaciones que vienen utilizando el software de manera ilegal de manera impune.

El dato

+ Colombia tiene una tasa de piratería de software del 54% y es líder en la región, junto a Brasil, con el más bajo porcentaje en este delito, pero está por encima del índice mundial que es de 42%.

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Algunas empresas o personas tendrán que responder por todos o varios de estos informes relacionados con el año gravable 2011, pero el calendario en que se vencerán no es necesariamente el mismo el cual se deberían  atender estas obligaciones. Se puede concluir entonces que muchos tendrán que tener todo preparado antes de marzo 12 de 2012. Los más estresados son los revisores y auditores que atienden a varios clientes al mismo tiempo.

La Cita (haz click en la imagen para ampliar)

Durante los primeros meses del año las personas jurídicas y naturales se enfrentan a una maratón de vencimientos relacionados ya sean con reportes a distintas superintendencias o con múltiples declaraciones tributarias y otras obligaciones formales administradas por la DIAN como los reportes de información exógena. Puedes revisar nuestro calendario tributario automatizado 2012;  pero si quieres personalizar el calendario tributario de tu empresa o el tuyo como persona natural declarante, puedes usar nuestra herramienta mi calendario.

En efecto, es posible que si se dan todos los requisitos básicos, entonces un mismo ente jurídico o persona natural tendrá que responder ante la DIAN por presentar su Declaración de Renta o de Ingresos y Patrimonio 2011 (con todo y sus nuevas 11 páginas diseñadas al formulario 110), sus declaraciones informativas individuales o consolidadas de Precios de Transferencia 2011 y sus respectivos Reportes de Información exógena tributaria año gravable 2011 (ver Resoluciones 11423 a 11430 de octubre 31 de 2011 y los artículos 11 a 16 y 19 a 21 del Decreto 4907 de Diciembre de 2011).

Y claro está, la información que esos declarantes suministrarían a la DIAN tendrá que ser tomada básicamente de las cifras de Estados Financieros 2011 que la Supersociedades ha pedido en su Circular 115-00004 de noviembre 3 de 2011 a quienes sean sociedades comerciales inspeccionados, vigilados o controlados por tal entidad, y que deberán entregárla desde el próximo 12 de marzo de 2012.

Frente a semejante panorama, en el que irónicamente los que más se estresan son los revisores fiscales o auditores que atienden a varios clientes al mismo tiempo, pues todos sus clientes quieren que los revisen de primero sin importar su NIT, surge la pregunta, ¿en qué orden deberían depurar sus cifras contables y fiscales quienes deban responder por todos estos reportes que se estarían entregando en una misma temporada de forma que haya una correcta armonía entre todos ellos?

1. Depurar preliminarmente las cifras contables

El primero de todos esos reportes que se estarían entregando es el reporte de las cifras contables 2011 a Supersociedades. Por tal motivo, lo primero en lo que se debe trabajar es en tener depuradas las cifras contables a diciembre 31 de 2011 efectuando todos los ajustes contables que se requieran (conciliaciones bancarias, depuraciones de cuentas por cobrar y por pagar, consolidación de prestaciones sociales, cálculos de depreciaciones, etc. etc.)

Sin embargo, las cifras financieras del 2011 no se pueden cerrar definitivamente si primero no se hacen los estimativos de lo que sería el gasto y pasivo por impuesto de renta 2011 (con sus posibles activos o pasivos por impuesto de renta diferido), lo cual nos lleva entonces a la conclusión de que se deberá trabajar al mismo tiempo con las cifras fiscales de la Declaración de Renta 2011, para luego terminar de cerrar las cifras contables.

Sin embargo, si el declarante de Renta 2011 estuvo sujeto durante dicho año al Régimen de Precios de Transferencia, entonces debería empezar por los ajustes que se le pueden originar a su declaración de Renta por la sujeción a dicho régimen. Ese sería el paso 2.

2. Determinar los ajustes originados en el hecho de  haber estado sujeto al Régimen de Precios de Transferencia

Desde el año fiscal 2004 en adelante, y de acuerdo con lo indicado en los Artículos 260-1 a 260-10 del Estatuto Tributario, todos los contribuyentes del impuesto de Renta ante el Gobierno colombiano (sean personas jurídicas o naturales, sean del Régimen ordinario o especial), deben tener claro que si durante el año fiscal llevaron a cabo operaciones con sus vinculados económicos o partes relacionadas en el exterior, tales operaciones debieron efectuarse con sujeción a lo que la norma denomina “Régimen de precios de transferencia”.

Aunque todos esos contribuyentes quedaban sujetos al mencionado Régimen, solo aquellos que a diciembre de 2011 tuviesen un patrimonio bruto fiscal, igual o superior a 100.000 UVT (100.000 x $ 25.132= $2.5132.000.000), o unos ingresos brutos fiscales del año 2009 iguales o superiores a 61.000 UVT (61000 x $25.132=$1.533.052.000), son los que están obligados a preparar y conservar la “Documentación Comprobatoria” y presentar la “Declaración informativa Individual de Precios de Transferencia” en el Formulario 120 (ver Artículo 260-8 del Estatuto Tributario, el Decreto 4929 de 2004 y el artículo 19 del Decreto 4907 de Diciembre  de 2011).

Los que no alcanzan esos topes no prepararían ni presentarían dichos documentos, pero sí pueden necesitar hacer ajustes en sus ingresos, costos, gastos y pasivos que lleven a su declaración de renta.

Por consiguiente, lo primero que se debe hacer es elaborar la “Documentación comprobatoria” de operaciones efectuadas con los vinculados económicos en el exterior y elaborar a partir de esto la “Declaración informativa individual de precios de transferencia”.

Debe recordarse que la intención del Régimen de Precios de Transferencia es forzar a que si las operaciones que una persona jurídica o natural contribuyente ante el Gobierno Colombiano hizo con sus vinculados económicos en el exterior fueron hechas con unos determinados precios, o con unos determinados márgenes de utilidad definidos por los miembros del grupo económico, pero que al compararlos con los precios o márgenes a los que se habrían hecho esas mismas operaciones con partes independientes o no vinculadas, se ve que la empresa ubicada en Colombia estaría produciendo una menor utilidad fiscal, en ese caso la persona jurídica o natural contribuyente ante el Gobierno colombiano puede dejar la información contable intacta, pero en la información fiscal de su declaración de renta se deben hacer los ajustes respectivos (ya sea en los ingresos, o en los costos y gastos, o en los activos y pasivos) para reflejar la mayor renta liquida respectiva (véase concepto DIAN 26426 de mayo de 2005).

En consecuencia, si después de elaborar la documentación comprobatoria a que se hace referencia en el Artículo 260-4 del E.T. y  el Decreto 4349 de 2004 se descubre que los valores que figuran en la contabilidad deben ser ajustados para mostrar una mayor utilidad fiscal, en ese caso se ve la importancia de hacer en primer lugar este trabajo. (Consulta nuestro editorial: “La actividad comercial no se afecta con el Régimen de Precios de Transferencia”).

Como se ve, aunque las Declaraciones de Precios de transferencia tengan que ser presentadas por algunos contribuyentes en julio de 2012 (mucho después de presentar los informes a Supersociedades y después de haberse presentado la Declaración de Renta), es obvio que se debe atender este punto en forma muy temprana.

3. Preparar la Declaración de Renta o de ingresos y patrimonio, conseguir computadores e Internet óptimos, al igual que firmas digitales

Agotados los dos pasos anteriores, ya sería más fácil pasar al proceso de depurar las cifras fiscales de los activos, pasivos, ingresos costos y gastos que se llevarían a la Declaración de Renta. Recordemos que esta vez el formulario 110 traerá otras 10 hojas adicionales que algunos tendrán que diligenciar y en las cuales se piden detalles específicos, no solo de las cifras fiscales sino también de las contables (esto será objeto de estudio en la nueva edición que estamos preparando para nuestra obra educativa multimedia “Guía para la Preparación y presentación de la Declaración de renta”)

Recordemos que esta declaración de renta año gravable 2011 (que se puede empezar a presentar válidamente a partir de marzo 1 de 2012) estará entre las que muchos, por no decir todos, tendrán que presentar en forma virtual, pues la Resolución 12761 de diciembre 9 de 2011 les dice que todo lo que tenga vencimiento a partir de marzo 1 de 2012 (IVA de enero febrero de 2012, Retención de febrero de 2012, etc) se tiene que presentar virtualmente.

Por tal motivo, es necesario asegurarse con tiempo y contar con un computador e Internet óptimos y  que los representantes legales y contadores o revisores que firmarán las declaraciones sí cuenten previamente con su mecanismo de firma digital y lo hayan activado. Si ya lo poseen desde hace tiempo, que entonces lo tengan renovado pues se vence cada 3 años.

4. Presentarle los reportes a la Supersociedades y expedir los certificados del valor intrínseco contable a los socios o accionistas

Con ese proceso de haber cerrado las cifras contables y hasta las fiscales, con su posible impuesto diferido débito y crédito, se podrá entonces definir las cifras que harían falta para poder cerrar las cifras contables del 2011 y así poder entregarle a Supersociedades sus respectivos reportes, los cuales comienzan a vencerse en marzo 12 de  2012.

Recordemos que a Supersociedades también se le debe entregar un informe denominado “Prácticas empresariales”, el cual es un extenso cuestionario sobre el funcionamiento jurídico de la sociedad y aunque se entrega, se venza el 23 de abril y el 22 de mayo de 2012, conviene estudiarlo antes de llevar a  cabo las asambleas de accionistas pues es un informe “con muchas cascaritas” que tienen que ser bien detectadas por los órganos de administración de la empresa antes de ponerse a diligenciarlo.

Además, una vez cerradas las cifras contables se podrá entregar a los socios o accionistas el certificado sobre el valor intrínseco contable que sus acciones o cuotas tienen en la sociedad a diciembre 31 de 2011 y que según el Parágrafo 1 del Artículo 29 del Decreto 4907 de diciembre de 2011, se les debe entregar dentro de los 15 días calendario después de que lo haya solicitado dicho socio o accionista.

5. Preparar la Información exógena tributaria

De acuerdo con lo indicado en la Resolución DIAN 11429 de octubre 31  de 2011, modificada con la Resolución 013484 de diciembre 29 de 2011, las cifras que se llevarían a los reportes sobre el detalle de las cuentas por cobrar y por pagar a diciembre 31 de 2011, y  el detalle de los ingresos del año 2011, deberán coincidir con los mismos valores que en esos rubros se lleven a la Declaración de Renta o de Ingrsos y patrimonio 2011.

Al mismo tiempo, el Artículo 11 de esa misma resolución exige también que se tengan que reportar otros datos tomados de la misma declaración de renta o de ingresos y patrimonio 2011 (como el detalle de los saldos en caja, bancos, acciones y aportes, ingresos no gravados,  rentas exentas, etc)

Adicionalmente, cuando solicita el reporte de los costos y gastos del año, se solicita no sólo los detalles de los costos y gastos deducibles (fiscales) sino también los de los no deducibles (contables). (Más detalles en nuestro producto multimedia: “Guía para la Preparación y Presentación de información exógena a la DIAN año gravable 2011”).

Por estas razones, es que se vuelve claro que los reportes de información exógena solo se pueden preparar si primero se tienen definidas las cifras contables y fiscales del año 2011, razón por la cual debemos agradecer que esta vez se hayan ampliado y se  venzan durante abril 25 a mayo 31 de 2012 y no durante marzo de 2012 como inicialmente se había establecido.

Como sea, hay que advertir que en el caso de las personas naturales obligadas a presentar declaración de renta 2011 y al mismo tiempo información exógena tributaria con los detalles de esa declaración de renta, para tales personas es claro que les tocará tener preparada la información de su declaración antes de abril de 2012 (así el plazo para presentar la declaración sea en agosto de 2012) pues solo de esa forma podrían presentar correctamente su información exógena tributaria.

6. Expedir certificados de retenciones en la fuente del año gravable 2011

Si en el proceso de armar los reportes de exógena 2011 se llegan a detectar, por ejemplo, problemas de no haber practicado debidamente las retenciones en la fuente a un tercero durante 2011, en ese caso lo correcto será ir y corregir primero las respectivas declaraciones de retención en la fuente de los meses de 2011.

Luego de tener eso ordenado sí se podrán entregar los respectivos certificados de retención en la fuente a terceros por el año gravable 2011, de los cuales el Artículo 29 del Decreto 4907 de diciembre de 2011 dice que se deben entregar a mas tardar el 16 de marzo de 2012 (si no se entregan oportunamente se pueden exponer a las sanciones del artículo 667 del Estatuto).

Por tanto, el consejo es que primero se tenga armada la información exógena (en especial el formato 1001 que es el más complicado), y luego sí se entreguen estos certificados, pero no hacerlo al revés pues si después de entregados los certificados se descubre con la información exógena que tocaba primero corregir las declaraciones de retención del 2011, en ese caso tocará otra vez reexpedir el certificado.

7. Presentar las declaraciones de Renta, industria y comercio, Información Exógena (nacional y/o locales) y Declaraciones de precios de transferencia

Cuando ya todas las cifras fiscales del 2011 estén definidas, y se hayan recibido y/o entregado los certificados de retenciones del 2011, y se haya entregado los reportes a la Supersociedades, sí se podrá entrar a presentar la declaración de renta (entre el 11 y el 24 de abril, o en agosto de 2012 si se es persona natural), las declaraciones anuales de industria y comercio (normalmente en abril también), la información exógena nacional a la DIAN (entre abril 25 y mayo 31), la información exógena anual a los municipios (normalmente en junio o julio) y finalmente las declaraciones de precios de transferencia (entre el 13 y el 25 de julio de 2012)

¿Estamos preparados para todo este desgaste? Recordemos que para que todo esto se puede atender ágil y debidamente, lo mejor sería conseguir personal extra si es necesario. Aprovechando que, incluso, se podrán tomar sobre esos trabajadores temporales los beneficios de los art. 9 a 13 de la Ley 1429 si se contrata al tipo de personas allí mencionadas, pero  no hay que dejar de atender ni la familia ni la salud.

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• marzo 12, 2012 -- Ampliación en plazos de exógena no implica que formatos no se deban tener listos antes de abril 11
• enero 9, 2012 -- DIAN actualizó la lista de Grandes Contribuyentes para el año 2012
• octubre 17, 2011 -- ¿Puede la DIAN rebajar a $300 millones el tope de ingresos brutos que obligarían a reportar información exógena por el 2011?

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Así lo indican los artículos 146 y 166 del Decreto-Ley antitrámites 019 de enero de 2012.  A partir del 1 de marzo de 2012 el Registro Único Empresarial (RUE) se empezará a llamar Registro Único Empresarial y social (RUES). El Artículo 172 del Decreto 019 indica que a partir de abril de 2012 las Cámaras de Comercio dejarán consultar en forma gratuita por Internet los datos básicos de los que estén inscritos en el RUES.

Con los Artículos 146 y 166 del Decreto-Ley antitrámites 019 de enero 10 de 2012 se ha dispuesto que las Cámaras de Comercio tendrán que empezar a llevar los registros de constitución,  modificaciones, actas y demás documentos  de muchas otras entidades y no solo de las sociedades y personas naturales con actividades mercantiles como hasta ahora lo han venido haciendo.

Así por ejemplo, con el artículo 146 se modificó el Artículo 63 de la Ley 454 de 1998 para que ahora se indique expresamente que en el caso de las entidades de la economía solidaria (cooperativas, fondos de empleados y demás) sus actos de registro e inscripción a que se refiere dicha Ley no se seguirían haciendo ante la Supersolidaria sino que se  realizarán ante la Cámara de Comercio de su domicilio principal  de conformidad con las normas del registro mercantil.

Hasta antes de esta modificación, en la práctica la Supersolidaria no había tenido la capacidad (por falta de presupuesto) para estar llevando los registros de todas las entidades de la economía solidaria y por eso solo llevaba los registros de las CTA y las PCTA pero en cuanto a los registros de las demás entidades le había delagado vez tras vez esa tarea a las Cámaras de Comercio (ver la Resolución de Supersolidaria 201011200004385 del pasado 7 de Julio de 2010 en la que decía que    esa delegación acabaría en julio 28 de 2012)

La Supersolidaria no le llevará registros ni siquiera a las CTA

Pero con esta nueva modificación que introduce el Decreto-Ley antitrámites, ahora la Supersolidia ha dado un comunicado de fecha enero 12 de 2012 en el cual se indica que la Supersolidaria no le seguirá llevando registros ni inscripción de libros ni siquiera a las Cooperatvias de Trabajo Asociado. En ese comunicado se lee:

“De esta manera, y a partir del 1 de marzo de 2012, la Superintendencia dejará de expedir registros e inscripciones de las cooperativas de trabajo asociado y de educación bajo su vigilancia, función que tenía a su cargo.

Se indica además que las cámaras de comercio no podrán inscribir a una entidad del sector de la economía solidaria, con el mismo nombre de otra entidad mercantil o sin ánimo de lucro ya inscrita, mientras este registro no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud del representante legal respectivo.

En desarrollo de estas disposiciones, la Superintendencia inició gestiones con las cámaras de comercio para asegurar el intercambio eficaz de información entre ambas entidades en relación con las organizaciones supervisadas.”

(los subrayados son nuestros)

El RUE ahora se llamará RUES

Con el artículo 166 del Decreto-Ley antitrámites  a partir del 1 de marzo de 2012 el Registro Único Empresarial (RUE) administrado por las Cámaras de comercio (ver artículo 11 de la Ley 590 de 2000 que integró el Registro Mercantil y el Registro Único de Proponentes) ahora se llamará Registro Único Empresarial y Social -RUES-

Lo anterior por cuanto las Cámaras de Comercio en ese mismo Registro Unico empezarán a llevar los datos y operaciones de otros registros que eran administrados por entras entidades a saber:

a) El Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro creado por el Decreto 2150 de 1995,

b) Eel Registro Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de Suerte y Azar de que trata la Ley 643 de 2001,

c) El Registro Público de Veedurías Ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003,

d) El Registro Nacional de Turismo de que trata la Ley 1101 de 2006,

e) El Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado sin Ánimo de Lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, y

f) El Registro de la Economía Solidaria de que trata la Ley 454 de 1998.

Sobre cómo funcionaría este nuevo RUES, el artículo 166 del Decreto-Ley antitrámites dispone que el mismo será administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.

Dice además que el  titular del registro lo renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio establecerá los formatos y la información requerida para inscripción en el RUES y su renovación. Los registros mercantil y de proponentes continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes (ver del Decreto 1464 de abril de 2010 que derogó al Decreto 4881 de 2008).

El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio regulará la integración e implementación del Registro Único Empresarial y Social, garantizando que, específicamente, se reduzcan los trámites, requisitos e información a cargo de todos los usuarios de los registros públicos y que todas las gestiones se puedan adelantar, además, por internet y otras formas electrónicas. La regulación que realice la autoridad competente deberá, en todo caso, hacerse en armonía con las disposiciones estatutarias y con las contenidas en códigos, respecto de los registros de que trata el presente artículo.

Los derechos por la prestación de los servicios registrales en el nuevo RUES serán los previstos por la ley para el registro mercantil, el registro único de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro, según el caso. Las Cámaras de Comercio no podrán cobrar derechos de inscripción y renovación sobre los registros que se le trasladan en virtud del presente decreto-ley y que a la vigencia del mismo no los causan.

Los ingresos provenientes de los registros públicos y los bienes adquiridos con éstos, continuarán afectos a las funciones atribuidas a las Cámaras de Comercio por la ley o por el Gobierno Nacional en aplicación del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio. En ningún caso los recursos de origen público podrán destinarse para sufragar operaciones o gastos privados de las Cámaras de Comercio. Los registros públicos que se le trasladan a las Cámaras de Comercio serán asumidos por éstas a partir del primero (1°) de marzo de 2012.

Las Cámaras de Comercio dejarán consultar los datos básicos gratuitamente por internet desde abril 1 de 2012

Como se entiende que el nuevo RUES empezará a funcionar desde la expedición del decreto-Ley antitrámites y que por tanto entre enero y marzo de 2012 se alcanzarán a trasladar a las Cámaras de Comercio los datos que se llevaban en los registros especiales que hasta ahora funcionaban por aparte y que también se estima que las renovaciones del año 2012 se alcanzarán a realizar entre enero y marzo de 2012 en el nuevo RUES, es por eso que el artículo 172 del Decreto-Ley antitrámites dice lo siguiente:

“ARTíCULO 172. INFORMACiÓN EN LA PÁGINA WEB DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL -RUES-. A partir de abril de 2012, para fines informativos, las Cámaras de Comercio darán acceso gratuito a través de la página web del RUES al menos a la siguiente información básica de las personas incorporadas en su registro: Cámara de comercio donde se registra la persona, razón social, número de identificación tributaria, fecha de renovación, fecha de matrícula, fecha de vigencia, tipo de organización, categoría de la matrícula, estado de la matricula, actividad económica, establecimientos, agencias o sucursales, representantes legales principales y suplentes, y limitaciones de su capacidad de contratar.”

Si en efecto esto se llega a hacer realidad en forma tan rápida como lo está estableciendo la norma, eso significaría que a partir de abril de 2012 cualquier persona podrá estar entrando las páginas de internet de las Cámaras de Comercio para conocer los datos básicos de cualquier persona o entidad registrada en el RUES y así no sería obligatorio estarles pidiendo a los proveedores o demás personas con las que se realicen trámites que se pongan en la tarea de estar adjuntando certificados de existencia y representanción legal expedidos por la Cámara.

Habrá entonces una gran ahorro en tiempo y dinero para las empresas que requieran estar conociendo la información que se empezará a llevar en el RUES.

Material relacionado:

• Supersolidaria sigue sin presupuesto y por tanto las Cámaras de Comercio seguirán registrando libros de sus supervisados hasta 2012
• Libros oficiales de contabilidad podrán llevarse en forma electrónica sin diligenciarlos en papel
• Gobierno emite nuevo decreto para reglamentar el Registro Único de proponentes el cual deroga al 4881 de 2008.

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• enero 19, 2012 -- Supresión de trámites en temas de Seguridad Social

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Así lo indica el Art. 150 del decreto antitrámites 019 de enero de 2012 con el cual se modificó el artículo 41 de la Ley 222 de 1995. Esto ya se venía aplicando desde los Estados Financieros del 2009 en adelante pues así lo había indicado la Supersociedades en su Resolución 220-006909 de junio 28 de 2010. Los Estados Financieros que sí se lleven a las Cámaras de Comercio solo serán conservados por esta última durante 5 años.

La Norma (haz click en la imagen para ampliar)

El artículo 150 del Decreto-Ley antitrámites 019 de enero 10 de 2012 ha terminado adicionando un inciso al artículo 41 de la Ley 222 de 1995 (reforma al código de Comercio) con la cual se ha indicado que si alguna sociedad comercial queda obligada a reportar a la Supersociedades sus Estados Financieros básicos de fin de ejercicio , en ese caso ya no quedará obligada a dejar copia de los mismos en las Cámaras de Comercio.

Para entender mejor esta modificación a la Ley 222 de 1995 veamos el siguiente cuadro comparativo de la norma modificada:

(Nota: Las normas de  Ley 222 de 1995 solo tienen aplicación en el caso de las sociedades comerciales reguladas en el Libro II del Código de Comercio. Por tanto, los demás entes jurídicos, como las Cooperativas, o las entidades estatales, o los entes sin ánimo de lucro, no están obligados a aplicar esas normas sino las demás normas que a ellas les apliquen)

La Supersociedades ya venía aplicando este cambio desde la expedición de los Estados Financieros del año 2009

Aunque ahora la norma superior contenida en el artículo 41 de la Ley 222 de 1995 está estableciendo expresamente la exoneración de llevar a las Cámaras de Comercio los Estados financieros básicos si primero fueron reportados a la Supersociedades (algo que aplicaría con los Estados financieros 2011 en adelante), es importante destacar que la propia Supersociedades, acogiéndose a lo indicado en el inciso segundo de ese artículo 41 de la Ley 222, ya había fijado la exoneración desde los Estados Financieros 2009 en adelante.

En efecto, con la expedición de su Resolución 220-006909 de junio 28 de 2010 la Supersociedades estableció lo siguiente:

“Artículo 1°. No será exigible la obligación de depositar los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del domicilio social, contenida en el artículo 41 de la Ley 222 de 1995, para las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, inspeccionadas, vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que hubieren remitido la información financiera en los términos, detalle y oportunidad exigidos en la circular externa que anualmente expide esta Entidad para tal efecto.

Parágrafo. La exoneración de que trata el presente artículo regirá a partir de los estados financieros de fin de ejercicio de 2009 y años subsiguientes.”

La razón de ser para que la Supersociedades haya establecido esa exoneración es por cuanto la información de los Estados Financieros que se le entregan a la Supersociedades es una información que al mes siguiente de haber sido entregada queda publicada en la zona pública del portal de internet de la Supersociedades denominada SIREM (Sistema de Información y Riesgo Empresarial) y que puede ser consultada por cualquier usuario (hasta por la DIAN) para con eso evitarse ir a las Cámaras de Comercio a pedir una copia de esos Estados Financieros.

¿Quiénes sí deben seguir llevando copia de sus Estados Financieros a la Supersociedades?

El artículo 2 de la misma Resolución 220-006909 menciona que la propia Supersociedades le informará a las Cámaras de Comercio cuales fueron las sociedades que por entregar reportes directamente a la Supersociedades quedan exoneradas de entregar copias de sus Estados Financieros, notas y dictámenes a la Cámara de Comercio.

Con forme a todo lo anterior es también claro que las sociedades comerciales de cualquier tamaño o naturalez que no efectúen reportes a la Supersocieades sí quedan obligadas a  depositar en las Cámaras de Comercio una copia de sus Estados Financieros, sus notas y su dictamen  dentro del mes siguiente  a su aprobación, y que las Cámaras tendrán a disposición de los interesados esos documentos solo durante 5 años (esto último quedó ahora ratificado dos veces en la norma del artículo 41 de la Ley 222 de 1995)

De no entregar esa copia en las Cámaras de Comercio, la Supersociedades podrá imponer multas de hasta 200 salarios mínimos.

Consulta nuestros editoriales:

• Supersociedades impondría multas por no entregar copia de los Estados Financieros a las Cámaras de Comercio - Marzo de 2009:
• Consecuencias en caso de no haber hecho la Junta o Asamblea y de no haber publicado los E.F. - abril de 2010:

Material relacionado:

• Supersociedades imparte instrucciones para la entrega de los Estados Financieros del 2011
• Supersociedades expide resolución para que ciertas empresas queden exoneradas de enviar sus E.F. a las Cámaras de Comercio.
• Supersociedades impondría multas por no entregar copia de los Estados Financieros a las Cámaras de Comercio”

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• enero 18, 2012 -- Libros oficiales de contabilidad podrán llevarse en forma electrónica sin diligenciarlos en papel
• julio 7, 2010 -- Supersociedades expide resolución para que ciertas empresas queden exoneradas de enviar sus E.F. a las Cámaras de Comercio.

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Ese es el plazo fijado en comunicado expedido en diciembre 26 de 2011 por el nuevo Ministerio de Trabajo. A este beneficio solo pueden acceder las CTA y PCTA cuya facturación total del 2011 no haya excedido los $232.986.000 para lo cual deben presentar certificaciones especiales firmadas por el Representante Legal y el Revisor fiscal si lo tienen.

El nuevo Ministerio de Trabajo dispuso en su comunicado de diciembre 26 de 2011 que las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado (CTA y PCTA) tendrán plazo hasta enero 16 de 2012 para presentar la documentación especial que les exige el artículo 3 del Decreto 3553 de Septiembre 16 de 2008 y lograr de esa forma quedar exoneradas de pagar durante el 2012 las contribuciones especiales con destino al SENA, ICBF y Cajas de compensación creadas con la ley 1233 de julio de 2008 las cuales se generan sobre las compensaciones ordinarias y extraordinarias que las CTA y PCTas cancelen a sus asociados.

En dicho norma se dispuso que si la CTA o PCTA cumplía con lo indicado en el artículo 10 de la ley 1233 de Julio de 2008 (es decir, que su facturación total del año no superó los 435 salarios mínimos mensuales vigentes; por el 2011 eso sería $435 x $535.600 = $232.986.000), en ese caso su representante legal o su revisor fiscal solicitarían, dentro de los primeros 10 días calendario del año siguiente, la exoneración del pago de las contribuciones para todo el año siguiente.

Sin embargo, en el comunicado antes mencionado se dispuso que esta vez el plazo no vencería el 10 de enero de 2012 sino el 16 del mismo mes.

Para ello tendrían que dirigir una certificación al nuevo Ministerio de Trabajo en la cual se confirme que la CTA o PCTA no excedió el mencionado tope de facturación anual (consulta nuestro anterior editorial: “Revisores Fiscales deberán expedir certificaciones para que las CTA no paguen parafiscales”)

Los documentos requeridos para la exención

De acuerdo con el comunicado antes mencionado, los documentos que se deben enviar en la solicitud de exoneración de las contribuciones especiales de la Ley 1233 de 2008 son:

a. Copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la respectivas Superintendencia, con una antelación no mayor a tres (3) meses.

b. Copia de la resolución de autorización de regímenes expedida por el Ministerio de la Protección Social.

c. Nombre del revisor fiscal y número de tarjeta profesional si la cooperativa tiene esta obligaciòn.

d. Certificación sobre el valor total de la facturación causada durante el año , del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011.

e. Certificación sobre el número total de asociados por mes, desde enero de 2011 (o inicio de actividades ) hasta diciembre de 2011.

f. Estas certificaciones deben ser expedidas por el revisor Fiscal según lo ordena la ley. Si la cooperativa o pre cooperativa no tienen la obligación de tener Revisor Fiscal, las certificaciones deberán ser firmadas por el representante Legal.

g. Las cooperativas y pre cooperativas con obligación legal de contar con revisor fiscal que no presenten la certificación firmada por éste, no se tendrá en cuenta como presentada al Ministerio.

h. Solo de incluirá en la base de datos con destino a los operadores del PILA, solicitudes de cooperativas o pre cooperativas que completen el total de los requisitos de la ley y anexos solicitados.

i. La información se corroborará en el sistema PILA, las cooperativas y pre cooperativas en la cuales se encuentre inconsistencias en la información reportada con respecto a los datos del PILA, serán retiradas de las bases de datos de exentas hasta tanto aclaren el valor de la facturación reportada.

j. Los datos recibidos se verificarán frete a los sistemas de la información del Ministerio (PILA), de la DIAN y estados financieros reportados a la Superintendencia correspondiente.

k. Cualquier hallazgo que sea contrario a los reportados, será trasladado a la entidad competente para los fines legales subsiguientes a que haya lugar.

La documentación descrita anteriormente podrá ser enviada a través de los siguientes medios:

1. Documento físico a las direcciones de Generación y Protección del Empleo y Subsidio familiar, carrera 13 No. 32 – 76 , piso 15, en Bogotá D.C., o a las sedes de las Direcciones territoriales e Inspecciones del Trabajo del ministerio del Trabajo en las diferentes regiones del país.

2. Correo electrónico: dbacci@minproteccionsocial.gov.co adjuntando solicitud y anexos requeridos, únicamente el formato PDF.

3. Correo certificado, el cual debe presentar la evidencia de haber sido enviado antes de la fecha límite establecida

La facturación del 2011 incluye todos los ingresos, incluidos los ingresos para el asociado

Sobre lo anterior es muy importante tener presente que los $232.986.000 de ingresos brutos que no se deben haber excedido en facturación durante el 2011, son ingresos que involucran todo el Ingreso facturado por la CTA sin importar cuánto era para pagar las compensaciones a los asociados y cuanto para los gastos de administración de la CTA.

Lo anteriorpor cuanto la propia Supersolidaria, mediante su concepto 20091100086401 de Mayo de 2009, aclaró que en las CTAS y PCTAs no se contabilizan “ingresos para terceros” (véase nuestro editorial “Supersolidaria: en las CTAS no se contabilizan ingresos para terceros).

Y obviamente, lo que se deberá tomar en cuenta es el total facturado durante el 2011 pero sin incluir el IVA del 1,6% que también se cobra sobre dicha facturación (ver Artículo 462-1 del Estatuto Tributario; consulta también nuestro anterior editorial: “¿Cómo liquidar el IVA de 1,6% en los servicios gravados que presente las CTAs desde el 2007”?).

Los beneficios de descuento del impuesto de renta de la Ley 1429 por generación de nuevos puestos de trabajo no se conceden si el puesto de trabajo se otorga mediante CTA

En relación con el tema de las CTA y PCTA, es pertinente destacar que en fecha diciembre 26 de 2011 el Gobierno Nacional a través del decreto 4907 el cual reglamentó los beneficios tributarios de la Ley 1429 de 2010 para pequeñas empresas y para quienes otorguen nuevos puestos de trabajo a los tipos de personas especiales mencionados en los artículos 9 a 13 de dicha Ley.

En dicho decreto el Gobierno nacional vuelve a resaltar lo que ya decía la Ley 1429 en el entendido de que el beneficio del descuento tributario por otorgar nuevos puestos de trabajo solo lo podrán obtener las empresas que contraten a esas personas especiales mediante contratos de trabajo directo y que las CTA no tendrán el beneficio sobre las compensaciones que les paguen a sus asociados.

El iniciso segundo del artículo 12 de dicho decreto dice lo siguiente:

“Las cooperativas de trabajo asociado no podrán ser beneficiarias de los descuentos tributarios a que se refiere el artículo anterior en relación con sus asociados.”

En el 2011 se reglamentó cuales son las CTA que sí son verdaderas CTA y que no hacen intermediación laboral

El Decreto 2025 del 8 de junio de 2011 se establecieron las características con las cuales se puede distinguir a una CTA que se está dedicando ilegalmente a la intermediación laboral lo cual acarrearía para el contratante y para la CTA las sanciones mencionadas en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, artículo que fue modificado con la Ley 1450 de junio de 2011

El artículo 3 del decreto 2025 menciona que se sancionará a la CTA y su contratante si se detecta alguna de las siguientes irregularidades:

a) La asociación o vinculación del trabajador asociado a la Cooperativa o Precooperativa no sea voluntaria.

b) La cooperativa o precooperativa no tenga independencia financiera.

c) La cooperativa o precooperativa no tenga la propiedad y la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que se contraten.

d) La cooperativa o precooperativa tenga vinculación económica con el tercero contratante.

e) La cooperativa y precooperativa no ejerza frente al trabajador asociado la potestad reglamentaria y disciplinaria.

f) Las instrucciones para la ejecución de la labor de los trabajadores asociados en circunstancias de tiempo, modo y lugar no sean impartidas por la cooperativa o precooperativa.

g) Los trabajadores asociados no participen de la toma de decisiones, ni de los excedentes o rendimientos económicos de la cooperativa o precooperativa.

h) Los trabajadores asociados no realicen aportes sociales.

i) La cooperativa o precooperativa no realice el pago de las compensaciones extraordinarias, ordinarias o de seguridad social.

J) La cooperativa o precooperativa que incurra en otras conductas definidas como las faltas en otras normas legales.

El listado de las CTA y PCTA que han obtenido el permiso del Ministerio de trabajo y de la Supersolidaria para funcionar se puede consultar en una zona especial del portal de esta última.

Material relacionado:

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La Contaduría General de la Nación dice que el Gobierno perdió demandas por 1.2 billones de pesos y canceló, entre enero y junio, sentencias pasadas que también perdió por 7. 830 millones de pesos.

Según el más reciente informe de la Contaduría General de la Nación, presentado en noviembre, las demandas que enfrenta el Estado alcanzan los 877 billones de pesos. Y es el Ministerio de Agricultura la entidad que enfrenta el proceso más cuantioso con una demanda por 594 billones de pesos.

En palabras del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, es imposible para el Estado enfrentar estos litigios. Según la Contaduría General de la Nación, hasta junio de 2011 el Gobierno perdió demandas por 1.2 billones de pesos y canceló, entre enero y junio, sentencias pasadas que también perdió por 7. 830 millones de pesos.

Conflictos internacionales

Otro punto que desangra las finanzas colombianas son las demandas ante la justicia internacional. Como lo publica El Tiempo, por solo 11 procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han tenido que pagar un total de 24’838.500 dólares.

Además, hasta la fecha existen 50 casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le podrían significar al Estado indemnizaciones por más de 100 millones de dólares.

¿Carrusel de demandas?

En marzo de este año el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, expresó su preocupación por las demandas interpuestas por un grupo de abogados en representación de los afectados por las pirámides en contra del Estado por cerca de 45 billones de pesos.

De igual manera, dijo que se trata de un carrusel de abogados que se está aprovechando de las personas para adelantar estos procesos en contra del Estado colombiano. Echeverry aseguró que demandar al Estado se ha convertido en un deporte nacional.

Las que más deben

Como lo publica Libreta de Apuntes, las entidades del Estado que enfrentan las demandas judiciales más cuantiosas son el Ministerio de Agricultura, la Superintendencia Financiera, Ecopetrol, la Supersociedades y el Ministerio de Hacienda. También figuran en la lista entidades judiciales como la Fiscalía y la Policía.

Entre las entidades que este año han sido derrotadas en pleitos judiciales y condenadas a pagar millonarias demandas figuran el Inco, la Superfinanciera, Isagen, Fogafin, la Policía Nacional y la Fiscalía entre otras.

Usted, ¿cómo se convierte en deudor del Estado?

Hay dos condiciones: tener una obligación superior a $2,6 millones y llevar un incumplimiento de más de seis meses en los pagos. La mayor parte de los morosos son ciudadanos comunes y corrientes, ya que las cifras hablan que 23,1 billones los deben personas naturales y 7,9 billones, las empresas.

¿Cómo salir del boletín de deudores?

Cuando una persona natural o jurídica aparece relacionada en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, y quiera ser retirada, deberá demostrar ante la entidad que la reportó, la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acreditar la vigencia de un acuerdo de pago.

Por su parte el ente público solicitará a la Contaduría General de la Nación, en los términos establecidos en la Circular Externa 057 de 2004, el retiro de la persona natural o jurídica, mediante la actualización de la información inicialmente enviada.

Una cifra

Los fallos que condenan al Estado ascienden a 1 billón 271 mil millones de pesos, 2,9% más que en diciembre pasado.

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El boom de las empresas ficticias se puso este año de moda en Colombia con el escándalo de la DIAN. Es por esta razón que esta entidad le hará la guerra a la creación de las empresas que desangran las finanzas de la Nación. Se tienen en la mira cerca de 1.000 empresas de fachada.

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• septiembre 14, 2011 -- La DIAN, vulnerable y mal preparada frente a nuevos fraudes

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Lo que más se ha escuchado este 2011 son los regaños que el presidente Santos le ha dado a las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR. La pregunta es, ¿por qué hasta este punto no se han eliminado si no han hecho nada frente a la ola invernal? Más corrupción.

¿Quién tiene la culpa? ¿Hasta dónde la ola invernal hizo que Colombia colapsara? ¿Dónde está la falta de previsión? Todas las peguntas conducen a una misma respuesta: las CAR. Como lo publica Semana, en este momento hay 267 indagaciones previas por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para determinar si les cabe culpa a ministros, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios por los daños causados por las lluvias.

La baraja de posibles culpables tiene cartas como el ministro de Transporte, al cual la Contraloría le anunció una investigación preliminar, y se cierra con la idea de que el agua sucia va a a parar sobre las cuestionadas CAR, por no hacer un control efectivo de las normas del medio ambiente.

El pasado jueves, 22 de diciembre, fue el más reciente llamado de atención por parte del presidente Juan Manuel Santos, donde les reiteró que deben mejorar la gestión ambiental, “ya que parte de la responsabilidad de las inundaciones, desbordamientos de los ríos y otras crisis en el medio ambiente son influidas por falta de un adecuado manejo y mantenimiento de los ríos y de las zonas aledañas”, como lo publica Radio Nacional de Colombia.

Después de la primera temporada invernal de 2010-2011 los villanos de la película fueron las CAR y después de esta segunda, repitieron su papel protagónico. El Decreto 141 de 2011 hace un repaso de la magnitud de los daños ocasionados por la ola invernal y el fenómeno de la Niña desde 2010 y se llega a responsabilizar a éstas de 5 fallas:

1. Falta de “criterio de cuenca” para la toma de decisiones.
2. Falta de articulación con autoridades departamentales y municipales.
3. Necesidad de mayor soporte técnico para la toma de decisiones.
4. Falta de cumplimiento de las funciones de policía ambiental de las corporaciones.
5. Falta de un rol más activo en la gestión del riesgo ambiental.

Gustavo Valdivieso columnista de Semana se pregunta si, ¿pueden realmente las CAR asumir labores de policía ambiental en un país como Colombia? Hace unas semanas el director de Asocars afirmó en una entrevista que la variable más importante para prevenir nuevas tragedias por el cambio climático es el ordenamiento territorial. Pero aún esa respuesta queda corta si no hay mecanismos para hacer cumplir el ordenamiento. La prevención de nuevas tragedias, y buena parte de la política de adaptación al cambio climático, dependerán de quién o quiénes asuman esa función, y de la capacidad de que se les dote para cumplirla.

Irregularidades en las CAR van por los $10.060 millones

Esta es la cifra que maneja Contraloría General de la Nación en una auditoría realizada a las 33 CAR, cinco de las cuales presentaron los “mayores hallazgos con presunta incidencia fiscal”.

• La Corporación Autónoma Regional del Quindío, con 24 hallazgos por valor de $2.351,9 millones.
• La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con 3 hallazgos por valor de $1.526,0 millones.
• La Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar, con 10 hallazgos por valor de $1.206,0 millones.
• La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, con 4 hallazgos por valor de $1.146,7 millones.
• Codechocó, con 4 hallazgos por valor de $1.085,0 millones.

El verdadero problema con las CAR es que el Gobierno se las entrega a congresistas para que pongan sus cuotas políticas. Un reciente informe afirma que, “hasta hace poco estaban detrás de ellas los García Romero, en Carsucre y Corpomojana; López Cabrales, en la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge; Juan Manuel Corzo, en Corponor, la de Norte de Santander, o se presentaba una puja entre Juan Carlos Martínez, desde La Picota, y los congresistas de La U Dilian Francisca Toro y Roy Barreras, por la Corporación del Valle del Cauca”.

Lo más seguro es que no se terminen sino que les aplicarán pañitos de agua tibia a punta de decretos como el 141 que nombramos anteriormente. Por lo menos así lo manifestó el ministro de Interior, Germán Vargas Lleras, quien dijo que en marzo de 2012 quedará radicado en el Congreso el proyecto para cambiar las CAR. Definitivamente su final está muy lejos… o mejor, es toda una utopia.

Algunas consecuencias del invierno

• La segunda ola invernal que azotó a Colombia ha impactado 11 troncales principales, las cuales colapsaron y hay 33 vías secundarias con complicaciones y 2.600 tramos rurales destruidos.
• Hace un año al Canal del Dique se le abrió un boquete por donde pasó un caudal que inundó por completo más de cinco municipios, ahora el daño se dio en una arteria vital del país, La Línea, en la que una avalancha cortó el paso de las exportaciones que van para Buenaventura.
• La vía Mariquita-Manizales, que sirve como plan B para el flujo de carros por el cierre de La Línea, tiene entre 15 y 22 kilómetros en muy mal estado. Y el ministro de Transporte, Germán Cardona dice que la culpa la tiene el pastoreo de las vacas. ¡Que tal!

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Definitivamente este fue uno de los temas que dio más de que hablar desde mediados de este 2011. Las posiciones a favor y en contra no se hicieron esperar, cuando Contadores Públicos y Revisores Fiscales se vieron en el ojo del huracán.

El Contador Público Hernán Rodríguez se pregunta si el Revisor Fiscal es un agente vulnerable a la corrupción o sencillamente un profesional mal ubicado históricamente en un país con mucha corrupción.

Rodríguez afirma que la corrupción del Revisor Fiscal empieza cuando se presta para elecciones alternadas con su suplente o a convenios de alternación de nombramiento con los grupos mayoritarios de las asambleas. Seguidamente, cuando hace parecer la ejecución de su trabajo como si fuera una auditoría, desatendiendo la vigilancia continúa para convertirla en una firmadera continua. Sigue el comportamiento corrupto cuando dice que los estados financieros son preparados de acuerdo a unos principios contables generalmente aceptados de contabilidad que no conoce.

Sin lugar a dudas, a mediados de este año cuando conocimos el Estatuto Anticorrupción, los Contadores Públicos y Revisores Fiscales se vieron enfrascados en una nube de moral, ética y hasta seguridad.

Hay que recordar que la Ley 1474 de julio 12 de 2011, Estatuto Anticorrupción, por medio de su artículo 7 modificó el artículo 26 de la Ley 43 de 1990; sobre causales de cancelación de la inscripción de un Contador Público:

El artículo establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 7. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. Adiciónese el numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así:

5. Cuando se actué en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.”

¿Qué se debe denunciar?

Como lo explica nuestro Líder de Información Contable y Tributaria, el Dr. Diego Guevara, la norma da a entender que serán los Revisores Fiscales que están vinculados a entes del sector público, y sin importar si el Revisor fiscal está vinculado bajo prestación de servicios o relación laboral, ya que la norma no hace distinción alguna.

Hay que destacar que el numeral adicionado al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 hace referencia a la obligación de denunciar los actos de corrupción “que haya conocido” o “que tuviera la obligación legal de conocerlo”. “Esta es una frase muy delicada pues da a entender que el Revisor Fiscal no puede alegar que no conocía ciertos casos, pues se sobreentiende que un Revisor Fiscal tiene facultades y libertades para revisar todos los actos llevados a cabo por los administradores y empleados de la empresa”, dice Guevara.

El problema es que muchos llevan demasiadas Revisorías Fiscales al mismo tiempo y en ese caso no les alcanza el tiempo para hacer las pruebas de todas las áreas de la empresa con la debida profundidad y con ello detectar posibles casos de fraudes o corrupción. Y claro está, algunos llevan más revisorías fiscales de las que tienen capacidad de atender todo por el hecho de en varias de ellas no les reconocen sus debidos honorarios.

La comunidad de actualicese.com opina

“Esto es delicado y de gran responsabilidad. Me parece preocupante que nos pongan de sapitos en un país con tanta inseguridad y donde el Revisor Fiscal no es pagado, ni elegido por el Estado sino por las juntas de las empresas y sus representantes legales”: Alexander.

“Parece ser que en Colombia solo se legisla para los Contadores cuando hay actos de corrupción. Los abogados y los mismos empresarios son corruptos y son quienes obligan al Contador a delinquir para ellos, por cualquier peso”: Mbrand-10.

“Quién va a proteger a los Revisores Fiscales cuando denunciemos casos de corrupción. Quién va a garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias. En qué forma nos va a retribuir el Estado cuando nos quedemos sin empleo por defender nuestra honestidad. Si en esta profesión estamos tan mal remunerados que no podríamos ni pagar un abogado para que nos defienda cuando nos quieran inculpar de cosas que ni siquiera conocemos, porque cuando van a hacer algo indebido eso no se discute en una asamblea y menos en la presencia del Revisor Fiscal”: Luzma.

“Es obligación no solo del Revisor Fiscal sino de todo empleado público o privado, que detecte un acto de corrupción, denunciarlo a las autoridades competentes. Pero qué hay del sentido de conservación, no solo del empleo sino de la vida misma. Mientras que los corruptos se pasean por las ciudades en lujosos autos y ostentaciones, los ciudadanos comunes se debaten entre la duda de la denuncia ante autoridades de los actos de corrupción y el silencio cómplice para resguardar sus vidas por la poca o nula protección que el Estado ofrece a aquellos que toman la bandera de la honestidad y la transparencia”: Pensador Común.

“El problema no es si el Revisor Fiscal está bien pago o no. Está en que la mayoría de los Revisores Fiscales en Colombia, primero no son especialistas, segundo, no hacen el trabjo con ética y responsablidiad, tercero no conocen al cliente ni a la empresa; se dedicaron a recoger la platica. Si un Revisor Fiscal hace su trabajo como manda la ley, con ética, calidad y responsabilidad; lógicamente va a detectar rápidamente la corrupción”: Rafasan59.

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Con la creación de la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional para la Lucha Contra la Corrupción, junto con la eliminación de 1.200 trámites, el Gobierno le está apostando duro, en este final de año, a la lucha contra la corrupción.

La semana pasada se instaló la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional para la Lucha Contra la Corrupción. En el acto el presidente Santos denunció diversos casos en los que la corrupción hacen de las suyas, como que la matrícula educativa del país estaba inflada en algunas regiones y hasta reveló un caso de fraude en el sistema de atención a víctimas y desplazados de la antigua Acción Social.

El primer mandatario de los colombianos dijo también que se ha avanzado en los casos de corrupción denunciados en el área de la salud, la DIAN, la Dirección de Estupefacientes y el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá.

Dos casos puntuales

El sistema educativo nacional tenía 180.000 niños fantasmas, lo que quiere decir que son niños que no existen o no están asistiendo a clases y cuyas matrículas financia el Estado. Gracias a la labor de fiscalización, se ha depurado esta cantidad, lo que representa 220 mil millones de pesos que se utilizarán en aumentar los cupos educativos, subsidios e infraestructura.

El otro caso ocurrió en Acción Social donde seis personas fueron aseguradas la semana pasada por el presunto fraude que estaban haciendo al sistema de atención a víctimas y desplazados, haciéndose pasar por tramitadores y cobrándoles por beneficios e indemnizaciones a los que ya tenían derecho.

Regaño para Alcaldes y Gobernadores

En el día de ayer Santos advirtió a los 32 gobernadores y 102 mil alcaldes electos que si piensan ser complacientes con la corrupción mejor desistan de sus cargos en enero próximo.

Quien pretenda ser venal o complaciente con los corruptos, mejor que ni se posesione porque la sociedad no soporta más atropellos, dijo Santos durante un encuentro con los mandatarios regionales y municipales electos.

El jefe de Estado recordó que para combatir dicho flagelo ya existe un nuevo Estatuto Anticorrupción con 130 herramientas, de igual manera que la Comisión Nacional de Moralización y la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción ya fue instalada.

La comunidad de actualicese.com habla sobre los inconvenientes contra la DIAN

“Tuve un inconveniente al tratar de corregir una declaración de retención en la fuente el mismo día, en forma virtual. El funcionario me informó un procedimiento para efectuar la corrección, al realizarlo había que enviar una carta y más. Fuimos requeridos por otro funcionario y resulta que ese procedimiento no era el preciso. Nos tocó pagar multas y sanciones derivadas por cullpa de la mala asesoría que brindan los funcionarios y lo peor es que nadie en la DIAN se responsabiliza por la información que le dan al contribuyente”: Olgarojas98.

“La DIAN envía un aviso persuasivo de cobro con fecha de octubre 14, pero recibido por correo el 18 de noviembre con plazo de 15 días para atenderlo. Al atenderlo y siendo la primera vez que se recibe comunicación, ya la cuenta bancaria está embargada, no da tiempo de nada. Y ahora viene el suplicio de aclarar las cuentas con el cuento de los títulos y demás, lo que seguramente tarda hasta un mes y la cuenta embargada y en este caso la fundación sin poder pagar a sus proveedores”: Fredy Jiménez.

“El atropello mas grande que comete hoy la DIAN es la normativa para expedir el RUT, al violentar un principio fundamental de la Constitucion Nacional que es “la buena fe”, pues todas las resoluciones que ha expedido al respecto van en contra de la Ley Antitrámites haciendo de este el proceso mas engorroso que pueda existir.

Lo que se debería hacer para saber si la informacion del contribuyente es veraz, es realizar una verdadera función fiscal: una vez el contribuyente se ha inscrito en el RUT y obtenido su NIT , deberían verificar, comprobar mediante visita domiciliaria a más tardar en el bimestre siguiente si realmente existe la empresa, si la actividad económica corresponde a la indicada y no el círculo vicioso que existe hoy que se está convirtiendo en foco de corrupción”: Melizabethramirezg.

“Acabo de solicitar una devoclución de renta de una persona natural que hace confección de ropa de trabajo. Me solicitan que envíe 21 anexos y cada uno con una cantidad de información que ni se imaginan y nuevamente fotocopias que ya se habían enviado en la solicitud de devolución. Una cantidad de información que es más fácil que ellos vengan a la empresa y revisen los ducumentos y la contabilidad completa se gastan medio día”: Angela Guevara.

Cifras corruptas

En el Índice de Percepción de Corrupción, Colombia ha descendido dos posiciones en el ranking internacional. El país se encuentra en la posición 80 entre 183 naciones. Y está superado por Chile, Uruguay y Brasil.

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En los próximos días conoceremos un listado de trámites por los cuales ya no tendremos que pasar los colombianos. Ahora sí, a los funcionarios públicos, les tocó ponerse las pilas, dejar las excusas a un lado y ser eficientes.

Todo comenzó a mediados de agosto, cuando el Gobierno Nacional se puso en la tarea de identificar una serie de trámites inútiles. En ese entonces se identificaron 2.200, de los cuales 1.043 están establecidos por Ley. El gran objetivo, desde entonces, era el que se fueran eliminando.

El mismo presidente Santos aseguraba que, “los corruptos se aprovechan de toda esa tramitología y por eso iniciamos esta gran cruzada contra los trámites”. Llegado el mes de octubre, el Gobierno tenía sobre la mesa un total de 600 trámites que pensaba eliminar.

La cronología de estos meses llegó a un buen final, porque la semana pasada el Presidente Juan Manuel Santos anunció que después de analizar más de 2.200 trámites y de una consulta en la que participaron más de 70 mil personas, el Gobierno dará a conocer alrededor de mil propuestas para simplificar esos procesos en su esfuerzo por luchar contra la corrupción.

¿Se descentralizarán los trámites?

Como lo publica El Colombiano a través de los años los servicios al ciudadano por parte de las instituciones del Estado se han mantenido centralizadas en Bogotá.

Como afirma Irene Rubio, coordinadora del programa nacional Servicio al Ciudadano, aún falta trabajo por desarrollar para que los servicios al ciudadano lleguen por lo menos al 80% de su cobertura y ese es el objetivo a cumplir.

Rubio explica que un reto del Gobierno Nacional será llegar a un punto “donde el ciudadano se sienta completamente bien atendido y sienta que la institucionalidad pública responde a las demandas que tienen los ciudadanos”. Para ella, las relaciones que hay entre el Estado y las regiones es débil y no es eficiente y a eso se le está apostando.

Adiós a casi 1.000 trámites

“En total, de los aportes de la ciudadanía, de los gremios y empresarios y de las mismas entidades del Estado, salieron casi mil propuestas de simplificación, automatización o racionalización de trámites, que estamos acabando de analizar y que anunciaremos próximamente”, es lo que ha dicho Santos.

La ocasión fue aprovechada por el Presidente para poner en marcha la Ventanilla Única Forestal, iniciativa que permitirá una atención ágil y oportuna de los trámites que tienen que ver con el aprovechamiento comercial de la riqueza forestal nacional.

La comunidad de actualicese.com opina

Para HLeguísamo, en colombia se deben acabar los trámites para obtener la pensión. “Sólo deberían existir dos requisitos, la edad y el tiempo. Sin necesidad de contratar abogado o esperar más de un año para que le definan la situación o pongan más peros. La pensión debe se inmediata, es un derecho por ley y no debe ser negado”.

McBonilla dice que para inscribir una empresa en la Caja de Compensacion o la ARP exigen que el propio representante legal asista a unas capacitaciones sobre el tema de la afiliación. “¿Y si fuera Nestlé, Bavaria o RCN? ¿Tendría que ir Sarmiento Angulo, Santodomingo o Ardila Lulle en persona a realizar dicho trámite?”, se pregunta.

Por otra parte Rociotob99, dice “que las EPS entreguen las fórmulas sin necesidad de mostrar la cédula original, pues los enfermos envían a reclamar dichos medicamentos y no se pueden quedar sin ella un minuto cuando son hipertensos o diabéticos”.

Finalmente, para Sandra Jaque el más engorroso de los trámites es solicitar la libreta militar. “Los muchachos pierden tiempo pues los citan cada 20 días y no les resuelven nada, piden una cantidad de papeles innecesarios y no le solucionan su situación militar”.

Ley 962 o Antitrámites

En 2005 se expidió Ley 962 fue expedida durante el gobierno de Uribe con el fin de racionalizar y simplificar los trámites y procedimientos administrativos que deben adelantar los ciudadanos ante las entidades de la administración pública.

Uno de los cambios logrados fue que algunos trámites, considerados engorrosos, como la renovación del certificado del DAS, se pudiera hacer por Internet y de forma gratuita. También se permite consultar los documentos que se requiere llevar a las oficinas estatales para algunos trámites que deben hacerse personalmente.

En total son más de 500 trámites que pueden hacerse online, buena parte de ellos sin ningún costo.

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Si Colombia es el país del Sagrado Corazón también es el lugar donde nadie se responsabiliza por lo que ocurre. Sencillamente unos le tiran la pelota a los otros cuando de buscar responsables se trata. No hay que olvidar que los Revisores Fiscales tienen que denunciar los actos de corrupción.

Recientemente el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, arremetió contra los corruptos al señalar que las reformas a las normas a la contratación pública no son suficientes para combatir este fenómeno “enquistado” en la sociedad colombiana.

Como lo publica El País, dijo que escándalos como el del carrusel de la contratación en Bogotá y otros casos, obedecen a “la ausencia de una política pública en materia de vigilancia contractual”, a pesar de que existe lo que llamó un ‘aluvión’ normativo que desconcierta tanto al contratista como a la misma administración.

Es verdad lo que dice el Procurador. No son suficientes las leyes para derrotar la corrupción, porque las que están para servir a toda la ciudadanía de manera imparcial, resultan inútiles cuando las personas en una sociedad se olvidan del bien común y les mueve fundamentalmente su interés egoísta.

Cuando una sociedad llega a esos extremos, como en el caso de la nuestra, es fácil que prosperen y se impongan los clanes mafiosos, que, a juzgar por los carruseles de la contratación, alcanzaron un alto poderío en Colombia para lo cual no vacilaron en transgredir la ley y llevarse por delante la moralidad.

Por otra parte, la contralora General de la Nación, Sandra Morelli, ha dicho sobre el fenómeno de la corrupción que “los defectos en los pliegos de contratación pública y los vacíos en las normas”, han sido responsables en gran medida de los problemas de corrupción.

“Aspectos como los imprevistos, las multas de bajo monto, la cesión de los contratos y hasta la caducidad de los contratos, la cual se acata, pero no se cumple”, son factores negativos en los contratos públicos, anotó.

Aclaró, sin embargo, que en la búsqueda de responsables de actos de corrupción no debe caerse en el desprestigio de todo un sector donde hay firmas de ingeniería “que sí han sido serias y por eso merecen todo el reconocimiento del país”.

Recuerde, Revisores Fiscales tienen que denunciar los actos de corrupción

El artículo 7 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, Estatuto Anticorrupción, adicionó el numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 para indicar que de ahora en adelante los Revisores Fiscales que no denuncien oportunamente los actos de corrupción cometidos por los entes jurídicos a los que están vinculados, enfrentarán el proceso de cancelación definitiva de su tarjeta profesional ante la Junta Central de Contadores.

“ART. 26 Ley 43 de 1990.—De la cancelación. Son causales de cancelación de la inscripción de un contador público las siguientes:

5. Cuando se actué en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.”

Diego Guevara, Líder de Información Contable y Tributaria de actualicese.com ve en esta situación un problema como es que muchos Contadores llevan demasiadas Revisorías Fiscales al mismo tiempo y en ese caso no les alcanza el tiempo para hacer las pruebas de todas las áreas de la empresa con la debida profundidad y con ello detectar posibles casos de fraudes o corrupción.

Por otro lado, son muchos los casos en que un mismo Contador o Firma de Contadores permanecen mucho tiempo en el cargo de Revisor Fiscal en la misma empresa, por lo cual hasta la propia Supersociedades ha dado entender que lo mejor sería rotarlo cada cierto tiempo para que no se comprometa la independencia profesional si ésta está comprometida, es muy difícil que el Revisor salga a denunciar los actos de corrupción.

Se buscan fuertes castigos

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, es partidario de atacar la corrupción, sobre todo en la contratación estatal, con castigos más severos dentro del marco gremial. “Debemos ser absolutamente intolerantes con la corrupción y sus protagonistas. Esas faltas a la ética merecen sanciones ejemplarizantes y no blandas”, ha dicho.

Esguerra también llamó la atención de los colombianos para que se conviertan en los verdaderos interventores de los contratos de infraestructura y en otros campos. “La Constitución del 91 nos permitió esa oportunidad gigantesca e histórica, la cual debemos seguir utilizando, pero sin abusos, como el caso de las acciones populares”, dijo en El País.

Corrupción… ¿la familia como origen?

Ordoñez puso de nuevo el dedo en la llaga al asegurar que la corrupción es una patología social y una de sus causas es la crisis y desestructuración de la familia. Para el Procurador, en el país no existe una política dirigida al fortalecimiento del núcleo familiar.

El Procurador General sostiene esta postura explicando que la familia es la institución que entabla vínculos entre generaciones, transmite enseñanzas y cultura, por ello “todo atentado contra la familia es un atentado contra la sociedad”.

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Esa es la gran conclusión a la cual se llega después de escuchar al Auditor General de la República y a la Contralora General. La contratación directa, el sistema de salud y el lavado de activos, siguen haciendo de las suyas y es poco el dinero que se recupera.

En Colombia sólo se está recuperando un 2% de los dineros que se roban los corruptos. Así de contundentes fueron las palabras del auditor general de la República, Jaime Ardila. El funcionario dijo que tiene una preocupación enorme porque las contralorías en Colombia no están recuperando los recursos que se roban los funcionarios del Estado.

“Cuando se trata del cobro de los recursos que los corruptos se llevan, lo que encontramos es que en eso el control fiscal adolece de grandes fallas porque la recuperación de esos dineros es muy poca. Yo entiendo que las contralorías tienen problemas presupuestales y de recurso humano, pero tampoco se justifica que la recuperación no alcance ni siquiera un dos por ciento”, dijo en Caracol.

Baches en la salud

En la ponencia El desangre de recursos a través de la contratación presentado por Ardila, también se destaca la gran cantidad de recursos destinados a la salud que se están ejecutando a través de la contratación directa los cuales merecen un seguimiento por parte de la Contraloría debido a la alta cuantía presentada.

Las cuentas globales de la contratación con recursos de la salud ascienden hasta los 74.351 millones de pesos, de los cuales el departamento de Risaralda realiza la mayor parte, 41.198 millones.

Recientemente, Sandra Morelli, Contralora General de la Nación, arremetió contra las EPS y las acusó de prácticas que llevan al lavado de activos. “Si yo como EPS hago acuerdos para establecer unos pisos para los precios de medicamentos, como lo pudo establecer la Superintendencia de Industria y Comercio, estoy atentando contra el sistema. Si cambio los nombres de los tratamientos y medicamentos para crear esas zonas grises y decir que tal cosa no está en el plan obligatorio y que el Estado me tiene que reembolsar, y no hay nadie que me diga que este es el mismo tratamiento y que le cambié la carátula, pues estoy defraudando al sistema”, dijo en entrevista con El Tiempo.

El papel inoperante de las contralorías

Para el Auditor, “las contralorías no están siendo visibles, estamos haciendo procesos auditores uno o dos años después del inicio del contrato, el control podría hacerse desde la misma etapa de la planeación y de los prepliegos. Por esa demora es que cuando fallamos, no hay de donde cobrar”.

Para el Auditor General muchas contralorías no operan como es debido por culpa de la politización. “Uno no puede desconocer que a los contralores los eligen tanto las asambleas departamentales como los concejos municipales. Eso, sin embargo, no opta para que los funcionarios no sean independientes o no cumplan con su labor”, dijo en entrevista a El País.

La cuestión es que pese a la vigilancia que hace el Estado y los ojos que se ponen encima de las contralorías, el robo de recursos públicos continúa. Por ejemplo, en Nariño, de 187 sujetos de control se auditaron cuatro solamente.

En Casanare se auditaron todos los municipios, pero luego se estableó que ese trabajo fue sólo en las 14 personerías. En esa región, con $2,2 billones en regalías, y no se sabe qué pasó con ellas.

El ciudadano como veedor

Es en este punto es cuando el ciudadano del común y los veedores deberían complementar el papel de las contralorías. Para lograr lo anterior, se está trabajando en un convenio con el Ministerio de Educación para impulsar una pedagogía sobre control social. El mejor control fiscal es el que realiza el ciudadano. Lo que sea visible es muy difícil que se lo puedan llevar.

Desde la academia también se impulsará un programa de auditores universitarios, para darle calidad a los controles. El Gobierno le está diciendo a los rectores y estudiantes que desde os barrios de sus ciudades se pueden elaborar investigaciones y análisis de los contratos de obras. Aquí se puede investigar el papel de arquitectos, ingenieros, economistas y abogados.

Por otra parte, las veedurías hay que fortalecerlas, pero es una realidad que muchas se están prestando para el manejo político de los contradictores de los funcionarios.

Lavado de activos ya va por los 8.000 millones de dólares

Por otra parte, recientemente el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, denunció que en el tema del lavado de activos se podría llegar a la cifra de 8.000 millones de dólares al año, lo que “tiene un enorme riesgo y costo para la sociedad, particularmente por la competencia desleal que esto genera”, como lo publica El Espectador.

De igual manera, manifestó que una reforma tributaria debe enfocarse en los ilegales que es el verdadero riesgo que “enfrentamos todos”. Y denunció que los grandes contribuyentes son los que cargan el peso. Hay 2.600 empresas que son las que pagan 15 billones de pesos.

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Este artículo fue publicado en ©actualicese.com en el 2011.
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