Más de 3200 sociedades por acciones simplificadas creadas en los primeros meses de vigencia de la ley que introdujo las SAS son la prueba elocuente de que en Colombia, más que inestabilidad normativa, lo que hay es la necesidad de actualizar reglas anacrónicas diseñadas para otra época. Las estadísticas de Confecámaras sobre la SAS no sólo demuestran el auge definitivo de esta nueva figura, sino también la preferencia de los empresarios por la flexibilidad y la reducción de los prohibitivos costos de transacción que aún gravitan sobre una infraestructura normativa plagada de formalismos inútiles y trabas de toda índole a la iniciativa privada.