Sentencia 446-01 de 20-05-2008

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Publicado: 20 de mayo de 2008

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACI脫N CIVIL
SENTENCIA 446-01

20-05-2008

MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

Referencia: EXPEDIENTE 11001-22-03-000-2008-00446-01 DE 2008

BOGOT脕, D.C., VEINTE (20) DE MAYO DE DOS MIL OCHO (2008).

Decide la Corte la impugnaci贸n formulada contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2008, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot谩, que neg贸 la acci贸n de tutela promovida por V铆ctor Ra煤l Mej铆a Castro y Jos茅 Luis Bernal Duque contra el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogot谩.

Antecedentes

1. Los accionantes solicitaron la protecci贸n de los derechos fundamentales, de acceso a la administraci贸n de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, con ocasi贸n del auto de 31 de enero de 2008 mediante el cual dispuso, en el tr谩mite de restituci贸n de inmueble arrendado que en contra suya y de Luis Fernando Rojas L贸pez, instaur贸 V铆ctor Manuel Penagos, que: 鈥淣o se oye al extremo pasivo respecto de los recursos interpuestos en contra del prove铆do que decret贸 las medidas cautelares as铆 como tampoco en relaci贸n con la respuesta a la demanda, toda vez que no se acredit贸 el pago de la totalidad de los c谩nones de arrendamiento que se han causado durante el proceso, as铆 como tampoco los reajustes de los c谩nones adeudados conforme a las pruebas allegadas con la demanda鈥.

Sostuvieron los gestores de la acci贸n que en el contrato de arrendamiento de un local, firmado el 31 de julio de 1996, se convino un incremento anual de 25% del valor del canon, en 1999 por acuerdo verbal entre las partes, se redujo ese incremento a 16.70%, en 2000, mediante comunicaci贸n escrita del arrendador, se acord贸 un incremento de 12% y a partir del a帽o 2001, un incremento anual sucesivo de 90% del IPC.

El juzgado se neg贸 a escucharlos, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 2掳 del par谩grafo 2掳 del art铆culo 424 del C贸digo de Procedimiento Civil, por falta de pago de los reajustes pactados en el contrato, con lo cual se les impuso la carga de consignar aproximadamente, $ 250.000.000 para ser o铆dos, suma que no solo resulta desproporcionada, sino que desconoce el precedente constitucional establecido en la Sentencia T-427 de 2007 de la Corte Constitucional, seg煤n el cual, en caso de duda sobre los incrementos, se debe inaplicar dicha norma. Adem谩s, desde la notificaci贸n de la demanda han venido cancelando cumplidamente el canon de arriendo.

Contra la decisi贸n del despacho, interpusieron el 煤nico recurso procedente, es decir el de reposici贸n, desatado en providencia de 13 de marzo de 2008 que confirm贸 lo resuelto en el auto censurado.

De acuerdo con lo relatado, piden que se ordene al Juzgado 25 Civil del Circuito dejar sin efecto el prove铆do del 31 de enero de 2008, que dispuso no o铆rlos mientras no acrediten el pago de los c谩nones causados durante el proceso y los reajustes pretendidos en la demanda, as铆 como las actuaciones surtidas con posterioridad y se contin煤e el tr谩mite pertinente.

2. El juez 25 Civil del Circuito remiti贸 el proceso, con el fin de que se verificara que las decisiones fueron adoptadas en el marco del ordenamiento jur铆dico vigente.

3. El apoderado del demandante en el proceso de restituci贸n pidi贸 que se ordene al Juzgado accionado, dictar sentencia que ordene la restituci贸n inmediata del inmueble, debido a que 鈥減or tratarse de un proceso abreviado de 煤nica Instancia este no ir铆a en consulta鈥 Advirti贸 que el par谩grafo 2掳 del art铆culo 424 del C贸digo de Procedimiento Civil alude a la necesidad de consignar el valor total de los c谩nones, de igual manera se debe tener en cuenta que los accionantes no aportaron en este caso prueba, siquiera sumaria, del acuerdo verbal de modificaci贸n del canon, que adujeron, condici贸n necesaria para la aplicaci贸n del precedente constitucional invocado por ellos.

4. El tribunal neg贸 el amparo, despu茅s de considerar que el juzgador no incurri贸 en v铆a de hecho al negarse a escuchar a los demandados porque las desavenencias que de tiempo atr谩s han mediado entre los contratantes, 鈥渋nducen a pensar que no hubo la modificaci贸n verbal del incremento, insinuada por los tutelantes sin mayor prueba al respecto鈥, al punto que en el expediente obra la carta que aport贸 el demandado Luis Fernando Rojas L贸pez, enviada el 14 de septiembre de 2002 por el arrendador en que, entre otros asuntos, les solicit贸 a los arrendatarios, por 鈥渆n茅sima vez鈥, la entrega del inmueble, tambi茅n hay constancia del fracaso del intento de conciliaci贸n en la Personer铆a de Bogot谩 para la soluci贸n del 鈥渃onflicto generado por el incumplimiento del contrato de arrendamiento鈥, seg煤n acta de 13 de junio de 2005.

Lo anterior, sumado a la carta de solicitud de entrega del inmueble enviada el 17 de febrero de 2003 por el arrendador y al acta de compromiso ante la Oficina de denuncias y contravenciones de la Tercera Estaci贸n de Polic铆a ante la denuncia presentada por aquel, contra el arrendatario Luis Fernando Rojas L贸pez por maltrato cuando se acercaba a cobrar el canon de arriendo, de manera que la tardanza del demandante en el inicio del proceso de restituci贸n no es demostrativa de la aceptaci贸n por su parte de un pago menor al acordado inicialmente.

5. Los accionantes impugnaron la sentencia proferida por el tribunal, pidieron que fuera revocada porque en ella no aparece desvirtuada la duda planteada respecto a la validez y vigencia de la cl谩usula del contrato relativa a los incrementos sobre el valor del arriendo, al igual que se omiti贸 el an谩lisis de la carga desproporcionada impuesta a los demandados para acceder a la administraci贸n de justicia.

Consideraciones de la Corte

En torno a la procedencia de la acci贸n de tutela contra decisiones judiciales se帽al贸 esta Sala en sentencia de 2 de abril de 2008 lo siguiente: 鈥淐omo se sabe, la sentencia judicial expresa en su forma m谩s genuina el principio de independencia judicial; por ello, la injerencia en las determinaciones del juez natural debe restringirse a fin de no usurpar la competencia constitucional que est谩 llamado a ejercer. No puede entonces el juez constitucional irrumpir en el escenario del proceso para introducir aquella que considera la interpretaci贸n m谩s aguda y perspicaz, sino que su poder corrector se ejerce en caso de intolerable violaci贸n al debido proceso, venida de un dislate may煤sculo en la estimaci贸n probatoria o de un yerro desmesurado en la elecci贸n del espectro normativo a cuyo amparo se dispens贸 la decisi贸n鈥 (Exp. de tutela 11001-02-03-000-2008-00414-00).

En este caso, pretende el accionante reeditar en sede de tutela el debate sobre la aplicaci贸n a su caso de la regla dispuesta en el art铆culo 424 del C贸digo de Procedimiento Civil para las demandas de restituci贸n de inmueble arrendado por causa de mora, lo cual pertenece al 谩mbito eminentemente legal y de interpretaci贸n del juez natural, enmarcado en el fuero de autonom铆a e independencia, propios de la funci贸n p煤blica de administrar justicia, autorizada en la constituci贸n y la ley.

Obs茅rvese que el juzgado expuso las razones para exigir que fueran consignados los arrendamientos, as铆 como los incrementos pactados en el contrato, decisi贸n que no cumple la condici贸n de 鈥測erro desmesurado鈥 permita la prosperidad del amparo reclamado en sede constitucional, ante la inexistencia de elementos probatorios que siembren una duda seria sobre la vigencia de los incrementos acordados en el contrato.

En caso similar al presente, resuelto por esta Sala mediante sentencia de 28 de abril de 2008 (Exp. de tutela 11001-02-03-000-2008-00609-00), se dijo: 鈥淒e manera que al existir prueba del contrato de arrendamiento, as铆 como de la estipulaci贸n del reajuste de los c谩nones pactados, de un lado, y del otro, no haber acreditado el demandado el pago de los incrementos ni allegado prueba en respaldo de su afirmaci贸n acerca de la p茅rdida de fuerza vinculante de la cl谩usula sobre tales reajustes, para la Sala es razonable la decisi贸n adoptada por el juzgador en la sentencia por no ser contraria a la realidad probatoria ni a la normatividad legal aplicable al caso, as铆 sobre la tem谩tica planteada la parte vencida tenga un punto de vista o interpretaci贸n distinta, en estos eventos ha sido reiterada la jurisprudencia de la Corte en el sentido que no es posible en sede de tutela reabrir el debate formulado en el correspondiente proceso que le fue desfavorable desconociendo el car谩cter residual y subsidiario de esta acci贸n constitucional, por cuanto 鈥樷 la adversidad de las decisiones no es por s铆 misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto, por el juez natural鈥 (Exp. T. 200700401-01), cuando el derecho discutido goz贸 de posibilidades para hacerlo respetar鈥.

Ahora, de manera excepcional esta Sala ha tutelado el derecho del arrendatario a ser o铆do en el proceso, cuando a trav茅s de las pruebas aportadas por el demandado, se pone en duda la vigencia de los incrementos del canon de arriendo, por la variaci贸n que las partes introdujeron al contrato, de acuerdo con la libertad de negociaci贸n que las asiste, condici贸n que no encaja en el caso de marras, debido a la ausencia de tales pruebas, as铆 como a la existencia, en cambio, de antecedentes de inconformidad del arrendador que de a帽os atr谩s se revelan por medio de las pruebas referidas por el juzgador constitucional en la decisi贸n de tutela de primer grado, que lo llevaron a concluir que tuvo raz贸n el juez de instancia, en exigir el cumplimiento de la norma cuya inaplicaci贸n pretenden los accionantes, quienes, dicho sea de paso, ostentan la calidad de abogados, de manera que cuentan con una formaci贸n que les permit铆a emplear los medios necesarios para acreditar el acuerdo de variaci贸n contractual que aducen.

Es decir que lo resuelto por la Sala en sentencia de 5 de marzo de 2008, Expediente 050002213000-2007-00356 -01, no se aplica en todos los eventos de restituci贸n por mora, en que se discuta la obligaci贸n de pagar los incrementos del arriendo, sino que en cada caso corresponde analizar los elementos en los que se apuntala la solicitud de inaplicaci贸n del precepto legal que as铆 lo exige, para determinar la procedencia del amparo que reclama el gestor de la tutela.

As铆 las cosas, nada hay que reprochar desde la perspectiva constitucional, por ende, se impone la confirmaci贸n del fallo impugnado.

Decisi贸n

En m茅rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci贸n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep煤blica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia anotadas.

NOTIF脥QUESE lo decidido, mediante comunicaci贸n telegr谩fica, a todos los interesados. Rem铆tase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para efectos de la eventual revisi贸n.

Los magistrados,

Arturo Solarte Rodr铆guez
Jaime Alberto Arrubla Paucar
Ruth Marina D铆az Rueda
Pedro Octavio Munar Cadena
William Namen Vargas
C茅sar Julio Valencia Copete
Edgardo Villamil Portilla


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