Sentencia 32505 de 17-02-2009

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Publicado: 17 de febrero de 2009

Corte Suprema de Justicia
Sentencia 32505
17-02-2009

Sala de Casaci贸n Laboral

Magistrada ponente: ISAURA VARGAS DIAZ.

Resuelve la Corte el recurso de casaci贸n interpuesto por el apoderado de la Sociedad ALCIDES AR脡VALO S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 23 de marzo de 2007, en el proceso ordinario laboral que en su contra instaur贸 DIEGO FERNANDO ESCANDON MONTA脩O.

I. ANTECEDENTES

DIEGO FERNANDO ESCANDON MONTA脩O demand贸 a la Sociedad ALCIDES AR脡VALO S.A., antes denominada ALCIDES AR脡VALO V. Y CIA. LTDA., para que se declarara que entre las partes en contienda existi贸 un contrato de trabajo a t茅rmino definido de tres meses, del 9 de julio de 2003 al 8 de octubre del mismo a帽o,聽 prorrogado hasta el 24 de febrero de 2004, seg煤n el numeral 2潞聽 del art铆culo 46 del C贸digo Sustantivo del Trabajo, el cual fue terminado unilateralmente y sin justa causa. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicit贸 que se obligue a la sociedad demandada a pagarle, debidamente indexadas, las cesant铆as y sus intereses, la compensaci贸n de vacaciones, las primas de servicios, la sanci贸n moratoria, la indemnizaci贸n por la no consignaci贸n de las cesant铆as, las costas y costos del proceso y lo que resulte probado extra y ultra petita (folios 4 a 6, cuaderno 1).

Para los efectos que al recurso interesan basta anotar que fund贸 sus pretensiones en los servicios que le prest贸 a la demandada desde el 9 de julio de 2003 hasta el 8 de octubre del mismo a帽o, a trav茅s de un contrato escrito a t茅rmino fijo de tres meses, devengando como salario $2.300.000 mensuales; que su funci贸n principal era el de Jefe de seguridad, labor que consist铆a聽 en velar por la seguridad de los socios de la empresa, supervisar el mantenimiento de los veh铆culos destinados al servicio de escolta, controlar el material de comunicaciones, armas y municiones, etc.; que el 9 de octubre de 2003 la representante legal de la sociedad le inform贸 que el contrato continuaba con los mismos t茅rminos pactados inicialmente, pero que 鈥減ara evitar el pago de prestaciones sociales y los aportes parafiscales y de la seguridad social鈥 ten铆a que suscribir un convenio con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HACIENDA LAS LAJAS COOTRALAJAS鈥 (folio 8 cuaderno 1); que a t铆tulo de est铆mulo para que firmara el acuerdo le prometieron un incremento salarial de $700.000; que suscribi贸 el mencionado contrato, pero continu贸 con las mismas funciones de Jefe del Departamento de Seguridad; que el objeto social de la Cooperativa no corresponde a las funciones que desarrollaba como Jefe de dicho Departamento, ya que el de 茅sta era 鈥渕ejorar la condiciones de vida de sus asociados y sus familias a trav茅s de su trabajo asociado dirigido a la prestaci贸n y contrataci贸n empresarial de servicios agr铆colas, pecuarios y afines鈥; que la sociedad demandada para evadir el pago de prestaciones sociales, parafiscales y aportes a la seguridad social, simul贸 de mala fe una vinculaci贸n diferente a la laboral; que el 24 de febrero de 2004 fue despedido sin justa causa, estando de escolta del se帽or ALCIDES AR脡VALO V脡LEZ, mayor accionista de la convocada a juicio.

Al contestar la demanda, la sociedad se opuso a todas y cada una de las pretensiones. Propuso las excepciones de inexistencia del v铆nculo laboral, cobro de lo no debido, buena fe, prescripci贸n y pago (folios 83 a 85, cuaderno 1).

Mediante fallo de 26 de enero de 2007 (folios 130 a 138, cuaderno 1), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, absolvi贸 a la sociedad ALCIDES AR脡VALO S.A. de todas y cada una de las s煤plicas impetradas; y conden贸 en costas a la parte vencida en un 100%.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al resolver el recurso de apelaci贸n interpuesto por el actor, con la sentencia aqu铆 acusada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revoc贸 el fallo de primera instancia y, en su lugar, declar贸 la existencia de un contrato de trabajo a t茅rmino indefinido entre las partes, 鈥渜ue estuvo vigente entre el 9 de octubre de 2.003 y el 24 de febrero de 2.004鈥; conden贸 a la sociedad demandada a pagar al demandante la suma de $2.860.088,32 por concepto de cesant铆as e intereses, primas de servicios y vacaciones compensadas; $1.000.000 por sanci贸n moratoria establecida en el art铆culo 99 de la Ley 50 de 1990; $100.000 diarios por sanci贸n moratoria del art铆culo 65 del C.S.T., a partir del 25 de febrero de 2004 hasta que se satisfagan las obligaciones; orden贸 compulsar lo pertinente para lo de su competencia tanto a la Superintendencia Nacional de Cooperativas como al Ministerio de la Protecci贸n Social para que inspeccionen y vigilen a la Cooperativa de Trabajo Asociado 鈥淐ootra Lajas鈥 de conformidad con los art铆culos 151 y siguientes de la Ley 79 de 1988; e impuso costas en primera instancia a favor del demandante y en contra de la sociedad ALCIDES AR脡VALO S.A. en un 90%.

En primer lugar, el Tribunal estim贸 que las Cooperativas de Trabajo Asociado no pueden actuar聽 como empresas intermediarias, pues su naturaleza es esencialmente distinta.

Posteriormente, el juez de apelaci贸n asent贸 que 鈥渘o advierte la Sala, como al rompe y sin mayor an谩lisis probatorio y de realidad colige la Juzgadora, un motivo suficiente como para que de un momento a otro y sin que ciertamente resulte m谩s beneficioso para el trabajador accionante, se mude el contrato de trabajo por un convenio de trabajo asociado en virtud del cual, supuestamente, continu贸 prestando sus servicios personales subordinados a la empleadora accionada. Sirve de base para tal consideraci贸n en esta sede de instancia, el hecho que absolutamente en nada variaron las condiciones y circunstancias en que el actor continu贸 laborando聽 bajo la subordinaci贸n jur铆dica de la accionada; es decir, que el <cambio> de contrato fue puramente formal, de tal suerte que a la luz de las reglas de la sana cr铆tica y con no mucha elucubraci贸n, es posible desenmascarar la apariencia del subrepticio cambio formal, valga decir, documental, para tenerlo como un simple eufemismo聽 de la crasa vulneraci贸n de los derechos laborales del trabajador que ahora y por ello acciona en su defensa. La ley proscribe ese tipo de pr谩cticas soterradas en la intencionalidad de algunas cooperativas de trabajo asociado, con las que se pretende disfrazar verdaderos contratos de trabajo, o como aqu铆, aparentar su v谩lida terminaci贸n y la subrogaci贸n de obligaciones y derechos compensatorios en ellas, frente a la posibilidad de que las verdaderas empleadoras obligadas se desentiendan de sus compromisos sociales, derivados del contrato realidad laboral鈥 (folios 12 y 13, cuaderno 2).聽

聽Seg煤n el colegiado no es viable聽 鈥渏ur铆dicamente que las cooperativas de trabajo asociado presten trabajadores a empresas o sociedades, por fuera de sus fines que dieron lugar a su creaci贸n, as铆 resulten pagando aquellos servicios. En estos eventos fungen como intermediarios para obtener la vinculaci贸n laboral con la empresa a la cual se va a prestar el servicio efectivamente o para realizar el pago de la remuneraci贸n a que tiene derecho, pero nunca son empleadores. Las Cooperativas de Trabajo Asociado, conforme con las disposiciones de la Ley 79 de 1988, art铆culo 3潞 siguientes, buscan realizar acuerdos para cumplir fines de inter茅s social, sin 谩nimo de lucro, para que sus aportantes y gestores de la empresa asociativa produzcan o distribuyan bienes de servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general, pero no comport谩ndose como Empresas de Servicios Temporales, que no lo son y no pueden serlo, pues tal modo de pensar las desnaturaliza. El hecho de que el art铆culo 11 ibidem permita asociarse con otras entidades de otro car谩cter jur铆dico, est谩 limitado a que sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social 鈥搎ue no puede serlo prestar trabajadores a sociedades- y que 鈥渃on ella no se desvirt煤e ni su prop贸sito de servicio, ni el car谩cter no lucrativo de sus actividades鈥 (folio 13, cuaderno 2).

Despu茅s de citar el art铆culo 70 de la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, agreg贸 el Tribunal que la mencionada ley 鈥渄efine a las cooperativas de trabajo asociado como aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producci贸n de bienes, ejecuci贸n de obras o la prestaci贸n de servicios鈥, y que el Decreto, 鈥渄efine esta clase de personas jur铆dicas como empresas asociativas sin 谩nimo de lucro, que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes econ贸micos para la producci贸n de bienes, ejecuci贸n de obras o la prestaci贸n de servicios en forma autogestionaria鈥.

Asimismo, manifest贸 el colegiado que 鈥渆stamos pues ante una figura que naci贸 con el prop贸sito de facilitar la actividad gremial, como motor de productividad, mediante el trabajo asociativo; pero que por desafortunados vac铆os legales, que se han generado precisamente por la amplitud de su definici贸n legal y la tardanza en su reglamentaci贸n, han dado margen al crecimiento exponencial de un insano paralelismo con la vinculaci贸n laboral propiamente dicha; que se ha traducido sistem谩ticamente en una manera de burlar los derechos laborales鈥 (folio 14, cuaderno 2).

Luego sostuvo el juzgador que 鈥淧ara la Sala, la inclusi贸n de ese concepto [autogestionario] se constituye en condici贸n sine qua non las cooperativas de trabajo no tendr铆an esa naturaleza jur铆dica. Entiende la Sala que 鈥渁utogestionario鈥 envuelve precisamente la posibilidad de que las personas puedan reunirse aut贸nomamente para constituir una empresa solidaria destinada a producir bienes, ejecutar obras o prestar servicios; pero claro que toda la actividad de sus asociados est谩 destinada a cumplir la raz贸n de su ser cooperativo, al beneficio social, al crecimiento como persona jur铆dica. La legislaci贸n cooperativa permiti贸 esta clase de empresas como posibilidad real de las personas cuya 煤nica riqueza es su fuerza de trabajo, de conformar empresas auto-sostenibles, en relaci贸n directa con el sector econ贸mico en el que sus afiliados se desenvuelven ordinariamente, esto es, para lo que saben hacer. Y por esa misma raz贸n son cooperativas y carecen de 谩nimo de lucro. No pueden ser empresas dedicadas a beneficiarse de la fuerza laboral de trabajadores a favor, no de ellas sino de terceros, quienes obtienen por esa manera de vinculaci贸n grandes ventajas, en la medida en que se reducen las prerrogativas laborales. Qu茅 f谩cil y qu茅 c贸modo resulta pagarle servicios a una 鈥渃ooperativa鈥 diluyendo la posibilidad de los derechos de asociaci贸n de los trabajadores, de la estabilidad en el empleo y en general de las garant铆as propias del contrato de trabajo. Hacia all谩 no van dirigidas las disposiciones del sector solidario de la econom铆a. Si de la esencia de una cooperativa es el beneficio social y el de la comunidad en general, no puede ser aceptable que por su conducto se genere un da帽o social de tal envergadura que implica asistir nada m谩s y nada menos que a las exequias del contrato de trabajo y de sus importantes garant铆as sociales, logradas a trav茅s de los a帽os en la lucha de la reivindicaci贸n de la masa laboral鈥 (folios 14 y 15, cuaderno 2).

M谩s adelante, el Tribunal asent贸 que 鈥渆n cuanto a las pretensiones de condenar al pago de indemnizaciones moratorias por no consignar las cesant铆as en su momento en un fondo [art. 99 L. 50/90] y la moratoria del art铆culo 65 del C贸digo Sustantivo del Trabajo por no pagar prestaciones sociales debidas, est谩 comprobado que se utilizaron por la empleadora <Alcides Ar茅valo S.A.> maniobras tendientes a ocultar su verdadera calidad de tal, obviamente para eludir el pago de salarios y prestaciones sociales propias de los trabajadores que ampara la ley laboral. Aquello de utilizar contratos civiles de prestaci贸n de servicios con una cooperativa para de all铆 traer los empleados a su servicio, no puede ser tolerado por el juez laboral; la cooperativa se utiliza aqu铆 como tercero que no debe pagar sino compensaciones, desnaturalizando el verdadero sentir de la ley que rige el sistema cooperativo asociado y el trabajo que 茅l entra帽a鈥 (folio 18, cuaderno 2).聽聽聽

III. EL RECURSO DE CASACI脫N

Inconforme con la decisi贸n la demandada聽 pretende en su demanda (folios 9 a 13, cuaderno de la Corte), que fue replicada (folios 39 a 49, ib铆dem), que la Corte case el fallo del Tribunal y, en sede de instancia, confirme la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira proferida el 26 de enero de 2007 (folio 11 ib铆dem).

Con tal prop贸sito, formula tres cargos que la Corte resolver谩 en el orden propuesto por la censura, junto con la r茅plica.

PRIMER CARGO

Acusa la sentencia de violar la ley sustancial por haber aplicado indebidamente los art铆culos 35, 65 (modificado por la Ley 789 de 2002, art. 29); 186, 189 (modificado por la Ley 789 de 2002, art. 27); 249 y 306 del C贸digo Sustantivo del Trabajo; y los art铆culos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; y por violaci贸n de聽 los art铆culos 3, 4 y 59 de la Ley 79 de 1988 y los art铆culos 3, 6, 9, 10, 11 y 12 del Decreto 468 de 1990, 鈥減or no haberlos aplicado al caso debiendo haberlo hecho debido a la especialidad de estas normas que regulan las cooperativas de trabajo asociado. A estos preceptos legales el Tribunal no les hizo producir efectos; pero, a fin de acomodar la acusaci贸n a los requerimientos t茅cnicos exigidos por la jurisprudencia, en el cargo se plantea que la violaci贸n se produjo por haber sido aplicadas indebidamente tales normas鈥 (folio 12 cuaderno 3).

Como errores manifiestos de hecho denota los siguientes: 聽

Haber dado por probado, sin estarlo, que la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas 鈥渇ungi贸 como un verdadero intermediario o empleador aparente y, adem谩s, ocult贸 esa calidad especial鈥;

No haber dado por probado, est谩ndolo, que Diego Fernando Escand贸n Monta帽o libre y voluntariamente se afili贸 a la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas;

No haber dado por probado, est谩ndolo, que Diego Fernando Escand贸n Monta帽o celebr贸 con la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas un convenio de trabajo asociado para prestar servicios como jefe de seguridad a la persona jur铆dica cuya raz贸n social actual es la de Alcides Ar茅valo, S.A.;

No haber dado por probado, est谩ndolo, que la聽 Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas celebr贸 un contrato de prestaci贸n de servicios con la persona jur铆dica que en la actualidad tiene la raz贸n social de Alcides Ar茅valo, S.A.;

No haber dado por probado, est谩ndolo, que la actividad realizada por Diego Fernando Escand贸n Monta帽o desde el 9 de octubre de 2003 hasta el 24 de febrero de 2004 la ejecut贸 en desarrollo del convenio de trabajo asociado que celebr贸 con la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas;

No haber dado por probado, est谩ndolo, que persona jur铆dica cuya raz贸n social actualmente es Alcides Ar茅valo, S.A. obr贸 de buena fe en sus relaciones con Diego Fernando Escand贸n Monta帽o.

Como documentos err贸neamente valorados se帽ala el contrato de prestaci贸n de servicios celebrado entre la sociedad demandada y la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas (folios 89 y 90), el convenio de trabajo asociado celebrado entre el demandante y la citada Cooperativa (folios 73 a 75), los testimonios de Rosemberg Murcia Castro (folios 105 y 106), Edgar Alberto Valencia Serna (folio 107), H茅ctor Mario Casta帽eda Guti茅rrez (folios 108 y 109) y Elkin Arbey Echavarr铆a 脕lvarez (folios 111 y 112); y como probanzas no valoradas la confesi贸n de Diego Fernando Escand贸n Monta帽o (folio 105) y los testimonios de Gustavo Garay Aguirre (folios 108 y 109) (sic) y Jos茅 Mill谩n D铆az Ram铆rez (folios 112 y 113).

En la demostraci贸n del cargo aduce que el Tribunal desconoci贸 el principio de inmediaci贸n, porque se apart贸 del 鈥渁certado convencimiento que racionalmente se form贸 la juez que oy贸 a los testigos, pues en su condici贸n de jueces de alzada ninguno de ellos practic贸 personalmente las pruebas y, por tal raz贸n, no estuvieron presentes en la audiencia en la que se recibi贸 la declaraci贸n de Rosemberg Murcia Castro, Edgar Alberto Valencia Serna y H茅ctor Mario Casta帽eda Guti茅rrez, lo que necesariamente obliga a considerar que de parte de los magistrados no hubo una apreciaci贸n 铆ntima del testimonio rendido por estos tres declarantes, como s铆 la tuvo la juez del conocimiento, ya que ella, por haber practicado por s铆 misma esta espec铆fica prueba, pudo formarse un mejor concepto sobre las circunstancias de mayor o menor credibilidad de los deponentes鈥.

Manifiesta que 鈥淓l principio de inmediaci贸n impone considerar que si el Tribunal que resuelve la apelaci贸n se aparta del convencimiento respecto de los hechos debatidos que se ha formado el juez que personalmente practic贸 la prueba est谩 obligado a expresar la raz贸n que haya tenido para desconocer la apreciaci贸n 铆ntima de su inferior, y que esta actividad cr铆tica exige un an谩lisis concienzudo y no se satisface con la simple expresi贸n de frases de caj贸n como las utilizadas en este caso en la sentencia; providencia en la que infundadamente se concluy贸 que el contrato de prestaci贸n de servicios celebrado ente la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas y la sociedad cuya raz贸n social hoy es Alcides Ar茅valo, S.A., 鈥渘o es m谩s que un sofisma para desvirtuar la verdadera connotaci贸n laboral que ten铆a el v铆nculo que un铆a al actor con la empresa a la cual prestaba sus servicios鈥, porque los testigos Rosemberg Murcia Castro, Edgar Alberto Valencia Serna y H茅ctor Mario Casta帽eda Guti茅rrez 鈥渟on contestes en afirmar que era para dicha sociedad que el demandante trabajaba y de quien recib铆a 贸rdenes e instrucciones precisas para desempe帽ar su trabajo, incluso portando carn茅 de 鈥楢lcides Ar茅valo S.A.鈥. (Folios 15 y 16).

Dice que respecto a que 鈥渓a Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda La Lajas no s贸lo act煤o 鈥渃omo un verdadero intermediario o empleador aparente鈥 sino que, adem谩s, 鈥渙cult贸 esa calidad especial鈥, no existi贸 ning煤n fundamento probatorio para llegar a esta conclusi贸n.

Acota que con la confesi贸n de DIEGO FERNANDO ESCAND脫N MONTA脩O 鈥-prueba calificada para que de su falta de apreciaci贸n provenga un error de hecho motivo de casaci贸n laboral, conforme lo establece el art铆culo 7潞 de la Ley 16 de 1969- fue preterida por el Tribunal por haber formado su convencimiento exclusivamente basado en los testimonios de Rosemberg Murcia Castro, Edgar Alberto Valencia Serna, H茅ctor Mario Casta帽eda Guti茅rrez y Elkin Arbey Echavarr铆a 脕lvarez; y debido a que no tuvo en cuenta el mandato del art铆culo 60 del C贸digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, seg煤n el cual es un deber del juez que al proferir su decisi贸n analice 鈥渢odas las pruebas allegadas en tiempo鈥, incurri贸 en el desatino de no haber dado por probado que fue Diego Fernando Escand贸n Monta帽o el que de manera libre y voluntaria se afili贸 a la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas y con ella celebr贸 un convenio de trabajo asociado para prestar los servicios de jefe de seguridad de la persona jur铆dica a la que demand贸 como si hubiera sido su empleadora, a sabiendas que de este hecho no es cierto, pues desde el 9 de octubre de 2003 hasta el 24 de febrero de 2004 la actividad que realiz贸 para la hoy sociedad an贸nima Alcides Ar茅valo la ejecut贸 en desarrollo del convenio de trabajo asociado que celebr贸 con la cooperativa.鈥

Concluye exponiendo que 鈥渁l no existir ning煤n elemento de juicio que permita afirmar que la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas no actu贸 realmente como una empresa asociativa de esta especie sino que 鈥渇ungi贸 como un verdadero Intermediario o empleador aparente鈥 y 鈥渙cult贸 esa calidad especial鈥, debe aceptarse que la persona jur铆dica cuya raz贸n social ahora es Alcides Ar茅valo, S.A. obr贸 de buena fe cuando celebr贸 el contrato de prestaci贸n de servicios con dicha cooperativa e igualmente procedi贸 con entera buena fe en sus relaciones con Diego Fernando Escand贸n Monta帽o cuando, despu茅s de haberle liquidado las prestaciones por raz贸n del contrato a t茅rmino fijo que inicialmente celebraron, sigui贸 vali茅ndose de sus servicios en su condici贸n de responsable de la seguridad personal de los miembros de la familia Ar茅valo, como coordinador de quienes eran escoltas de esas personas, pero con la creencia de que el hoy demandante ya no actuaba como su trabajador sino como un asociado de la cooperativa鈥.

LA R脡PLICA

Afirma que es cierto que el Tribunal no practic贸 personalmente ninguna prueba, pero 鈥渓a Ley le dispensa que ejerza la inmediaci贸n de la prueba sobre el acta que levant贸 el Juez de conocimiento y que contiene las deposiciones de los testigos escuchados en el proceso鈥︹; que el juez de apelaci贸n s铆 tuvo elementos de juicio para valorar los testimonios y con base en lo narrado concluy贸 que 鈥渓a relaci贸n de trabajo que llegar铆a hasta el 9 de octubre de 2003 con la sociedad ALCIDES AREVALO S.A. no tuvo soluci贸n de continuidad y se prorrog贸 hasta el 24 de febrero de 2004, simul谩ndose para ello, una relaci贸n contractual de car谩cter civil entre el se帽or Diego Fernando Escand贸n 聽Monta帽o y la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda las Lajas 鈥COOTRALAJAS鈥; que la sociedad demandada sab铆a que el 9 de octubre de 2003 venc铆a el contrato de trabajo, el cual como se renov贸 autom谩ticamente y al quedar prorrogado, 鈥渄ecidi贸 de manera ilegal e injusta, brindarle al se帽or Escandon la opci贸n de seguir a su servicio, siempre y cuando firmara el convenio de trabajo asociado鈥, pero no tuvo en cuenta el objeto de la Cooperativa mencionada.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Como qued贸 dicho cuando se hizo el itinerario procesal el juez de alzada, para confirmar la condena por indemnizaci贸n por terminaci贸n del contrato de trabajo sin justa causa, asent贸 que 鈥渆n el caso objeto de estudio, sea lo primero establecer que la causal de despido invocada no hace parte de las taxativamente se帽aladas en la ley, y si bien su tipificaci贸n admite cierta amplitud, los motivos de despidos deben caracterizarse suficientemente en las causales legales o convencionales, sin que se permita su interpretaci贸n anal贸gica o posibilidad de alegar otras causales distintas. De tal modo entonces, se garantiza la legalidad de la terminaci贸n unilateral del contrato por justa causa. Ahora, el apelante sostiene que las acciones cometida por el demandante constituyen una falta grave, transgrediendo el principio quiz谩s m谩s importante en la esencia de las obligaciones, que es el principio de la buena fe, inmerso en el art铆culo 55 de C.S.T. En sentir de esa Corporaci贸n, y con fundamento en los apartes jurisprudenciales consignados, las acciones realizadas por el se帽or EMIRO MANUEL SALGADO ROSARIO, obedecieron a circunstancias meramente circunstanciales, como bien aparece en prueba de autos, de los testimonios que conforman el acervo probatorio, de su an谩lisis y valoraci贸n, y que conforme al principio de la unidad de la prueba, se logr贸 demostrar que el demandante obr贸 dentro de los par谩metros axiol贸gicos de toda comunidad, asumiendo un comportamiento probo, ya que se asumieron aptitudes coherente y responsables, como trabajador y miembro de la comunidad, toda vez que se le dio aviso y solicit贸 colaboraci贸n a la empresa demandada para la pronta soluci贸n del problema聽聽 y en 煤ltimas, como se anot贸 anteriormente por circunstancias meramente circunstanciales y como simple gesto de solidaridad, el se帽or EMIRO MANUEL SALGADO ROSARIO, transport贸 al periodista al lugar del incidente, lo que por ning煤n motivo, desde el punto de vista objetivo como subjetivo, puede ser considerado como una transgresi贸n al principio de la buena fe (folio 23, cuaderno del Tribunal).

Pues bien, sea lo primero advertir que el Tribunal analiz贸, a la luz de lo estatuido en la Ley 79 de 1988, entre otros temas,聽 los concernientes al concepto, objeto y alcances de las Cooperativas de Trabajo.

Partiendo de all铆, estim贸 que existen eventos en los que la vinculaci贸n de un cooperado con terceras personas, estructura una verdadera relaci贸n laboral, otorg谩ndole聽 as铆, un significado cardinal al principio de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos, ya que al no cumplir las Cooperativas los fines para los cuales fueron creadas act煤an como聽 intermediarios para obtener la vinculaci贸n laboral con la empresa donde se presta efectivamente el servicio.

Con fundamento en la precedente premisa el Tribunal encontr贸 acreditado: (i) que entre las partes existi贸 un primer contrato a t茅rmino fijo de tres meses entre el 9 de julio de 2003 hasta el 8 de octubre de la igual anualidad; (ii) que el 9 de octubre de 2003 el actor celebr贸 un convenio de trabajo asociado en virtud del cual continu贸 prestando sus servicios a la accionada (folios 89 y 90); (iii) que las condiciones y circunstancias en que el promotor del litigio continu贸 laborando para 茅sta, despu茅s de la suscripci贸n del convenio de trabajo asociado con 鈥淐ootraLajas鈥, no variaron, es decir, que el cambio de contrato fue puramente formal, tiempo durante el cual el demandante estuvo bajo la subordinaci贸n jur铆dica de la sociedad Alcides Ar茅valo S.A., conclusi贸n, esta 煤ltima, a la que arrib贸 luego de valorar la prueba testimonial.

Ahora procede la Corte a analizar el elenco probatorio, b谩culo de la decisi贸n:

a) A folio 21 obra contrato de trabajo a t茅rmino fijo inferior a un a帽o en el que se estipul贸 como fecha de iniciaci贸n de las labores del actor como 鈥渏efe departamento de seguridad鈥澛 el 9 de julio de 2003 y como data de vencimiento el 8 de octubre siguiente. Igualmente, a folio 88 descansa la liquidaci贸n de acreencias laborales, la que ense帽a que el 煤ltimo cargo desempe帽ado por el demandante fue el de jefe de seguridad y que el modo de terminaci贸n del v铆nculo laboral聽 fue por 鈥渧encimiento del contrato鈥.聽

De manera que la Corte no avizora desacierto alguno en la contemplaci贸n de las anteriores probanzas, por cuanto el Tribunal dio por establecido lo que acreditan.

b) El convenio celebrado entre el actor y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Hacienda las Lajas da fe que fue suscrito el 9 de octubre de 2003 y cuyo objeto era desarrollar la actividad de jefe de seguridad en la empresa Alcides Ar茅valo V茅lez Ltda.聽 Por su parte a folios 89 y 90 obra el contrato de prestaci贸n de servicios efectuado entre la Cooperativa de Trabajo Asociado de Hacienda las Lajas y la sociedad Alcides Ar茅valo V茅lez Ltda.

Para la Corte no se muestra carente de sind茅resis la conclusi贸n del juez de segundo grado en cuanto a que el contrato laboral y el convenio de trabajo asociado tuvieron el mismo objeto, es decir, la prestaci贸n del servicio por parte del actor a la demandada como jefe de seguridad, dado que as铆 aflora de lo consignado en ellos.聽

c) En igual sentido, no le asiste raz贸n a la recurrente en cuanto a que el juez plural: (i)聽 no dio 鈥減or probado, est谩ndolo, que Diego Fernando Escand贸n Monta帽o celebr贸 con la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas un convenio de trabajo asociado para prestar servicios como jefe de seguridad a la persona jur铆dica cuya raz贸n social actual es la de Alcides Ar茅valo, S.A.鈥; (ii) no dio 鈥減or probado, est谩ndolo, que la聽 Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas celebr贸 un contrato de prestaci贸n de servicios con la persona jur铆dica que en la actualidad tiene la raz贸n social de Alcides Ar茅valo, S.A.鈥; y (iii) no dio por 聽鈥減robado, est谩ndolo, que la actividad realizada por Diego Fernando Escand贸n Monta帽o desde el 9 de octubre de 2003 hasta el 24 de febrero de 2004 la ejecut贸 en desarrollo del convenio de trabajo asociado que celebr贸 con la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas鈥, puesto que el tribunal nunca desconoci贸 la existencia de los dichos convenios sino que, por el contrario, partiendo de ellos, concluy贸 que no cumplieron, en la realidad y ejecuci贸n, con el objeto social y fines que dieron origen a la Cooperativa de Trabajo Asociado. As铆 las cosas, la censura no logra demostrar los yerros mencionados.聽聽

Adem谩s, n贸tese que para el sentenciador las condiciones y circunstancias en las que el actor continu贸 laborando despu茅s de suscribir el convenio de trabajo asociado, no variaron, es decir,聽 prosigui贸 trabajando bajo subordinaci贸n jur铆dica,聽 colof贸n que la censura no logra desquiciar y que en verdad constituy贸 el estribo esencial para que el Tribunal no le otorgara validez a los indicados 聽acuerdos.

En otras palabras: el soporte fundamental del Tribunal para condenar a la demandada gravit贸 en que la labor desarrollada por el actor antes y con posterioridad al convenio de trabajo asociado fue subordinada, por lo que entendi贸 que la Cooperativa y la sociedad llamada a juicio disfrazaron el verdadero contrato de trabajo,聽 y en puridad aquella aserci贸n (trabajo subordinado) no es desvirtuada en el cargo con la prueba denunciada. No hay que olvidar que el juzgador infiri贸 el elemento subordinaci贸n de las declaraciones de terceros, probanza que no puede examinarse libre e independientemente en la casaci贸n del trabajo por virtud de la restricci贸n que establece el art铆culo 7潞 de la Ley 16 de 1969, pues s贸lo es dable revisarla una vez que el recurrente demuestra la comisi贸n de un error de hecho manifiesto derivado de alguna de las tres pruebas calificadas por la ley.

En lo que respecta a que el demandante se afili贸 libre y voluntariamente a la Cooperativa de Trabajo Asociado de la Hacienda Las Lajas, ello realmente emana del convenio de trabajo asociado (folios 73 y 75), pero lo cierto es que lo hizo bajo las condiciones all铆 acordadas, que en la realidad no fueron cumplidas por la Cooperativa y la demandada, luego para nada altera el resultado de la sentencia.聽

De otra parte, en sentir de la Corte la censura no logra derruir lo dispuesto por el juzgador en torno a la sanci贸n moratoria porque no existe probanza alguna que apunte a que el obrar de la demandada estuvo revestida de buena fe para abstenerse a la finalizaci贸n del contrato de trabajo de reconocerle y pagarle las acreencias labores al actor. El mero contrato de prestaci贸n de servicios celebrado entre la sociedad Alcides Ar茅valo S.A y la Cooperativa no puede ser el soporte para acreditar que aquella crey贸 de buena fe que la ejecuci贸n de la labor fue el desarrollo de un convenio cooperativo, m谩xime cuando las partes estuvieron vinculadas, inicialmente,聽 a trav茅s de una relaci贸n laboral e inmediatamente, sin soluci贸n de continuidad, el actor celebra un convenio cooperativo, cumpliendo con el mismo objeto del contrato de trabajo que en otrora celebr贸 con la demandada, cuando existen diferencias sustanciales entre las dos modalidades contractuales no s贸lo聽聽 desde el punto de vista legal sino tambi茅n en la forma como se ejecutan.
Es pertinente traer a colaci贸n las consideraciones sentadas por la Corte Suprema de Justicia al estudiar un asunto de similares contornos en el聽 sentido de que no podr谩 estimarse 鈥渜ue quien ha acudido a la fraudulenta utilizaci贸n de la contrataci贸n con una cooperativa de trabajo asociado exista alg煤n elemento que razonablemente pueda ser demostrativo de buena fe de esa persona, porque si realmente ostenta la calidad de empleadora, se estar谩 en presencia de una conducta tendiente a evadir el cumplimiento de la ley laboral, lo que, en consecuencia, amerita la imposici贸n de sanciones como la moratoria debatida en el presente proceso鈥 (sentencia de 6 de diciembre de 2006, radicaci贸n 25.713).

Por 煤ltimo, en relaci贸n a los temas concernientes: (i) al alcance del principio de la inmediaci贸n;聽 y (ii) si la ley autoriza o no a las Cooperativas de Trabajo Asociado la ejecuci贸n de un trabajo total o parcial a favor de otras cooperativas o terceros en general, su an谩lisis debe ser propuesto por la v铆a directa y no por el sendero de las pruebas, puesto que el posible yerro en que pudiera incurrir el fallador no surge de la contemplaci贸n del elenco probatorio.
Por lo discurrido el cargo no sale avante.

SEGUNDO CARGO

En este ataque atribuye al fallo violar la ley sustancial 鈥減or haber interpretado err贸neamente el art铆culo 65 del C贸digo Sustantivo del Trabajo y el art铆culo 99 de la Ley 50 de 1990鈥. (Folio 23).

El yerro jur铆dico lo atribuye a que el Ad quem 鈥 para nada se ocup贸 de la cuesti贸n relacionada con la buena o mala fe de la firma Alcides At茅valo, desatendiendo la reiterada y a帽eja jurisprudencia sobre el punto de derecho , la cual ense帽a que por el car谩cter punitivo de la indemnizaci贸n por falta de pago o <indemnizaci贸n moratoria>, dicha sanci贸n est谩 condicionada a que por el juez se estudie si existi贸 o no buena fe por parte de quien queda debiendo salarios y prestaciones sociales a la terminaci贸n del contrato. Seg煤n la jurisprudencia, cuando el aspecto de la buena o mala fe no se estudia expresamente en la sentencia y, no obstante, se impone la sanci贸n establecida en el art铆culo 65 del C贸digo Sustantivo del Trabajo, se incurre en una aplicaci贸n autom谩tica que ha sido considerada como una interpretaci贸n err贸nea del texto legal鈥 (folio 25, cuaderno 3).

LA REPLICA

En suma, manifiesta que la buena fe de la sociedad聽 demandada brilla por su ausencia, y por el contrario, es la mala fe la que aparece en cada una de las pruebas decretadas y practicadas.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Como qued贸 dicho al hacer el compendio de la sentencia impugnada, el Tribunal sostuvo que 鈥渆n cuanto a las pretensiones de condenar al pago de indemnizaciones moratorias por no consignar las cesant铆as en su momento en un fondo [art. 99 L. 50/90] y la moratoria del art铆culo 65 del C贸digo Sustantivo del Trabajo por no pagar prestaciones sociales debidas, est谩 comprobado que se utilizaron por la empleadora <Alcides Ar茅valo S.A.> maniobras tendientes a ocultar su verdadera calidad de tal, obviamente para eludir el pago de salarios y prestaciones sociales propias de los trabajadores que ampara la ley laboral. Aquello de utilizar contratos civiles de prestaci贸n de servicios con una cooperativa para de all铆 traer los empleados a su servicio, no puede ser tolerado por el juez laboral; la cooperativa se utiliza aqu铆 como tercero que no debe pagar sino compensaciones, desnaturalizando el verdadero sentir de la ley que rige el sistema cooperativo asociado y el trabajo que 茅l entra帽a鈥 (folio 18, cuaderno 2).聽聽聽 聽

La censura dice que el yerro jur铆dico del Tribunal estrib贸 en que聽 聽鈥減ara nada se ocup贸 de la cuesti贸n relacionada con la buena o mala fe de la firma Alcides At茅valo, desatendiendo la reiterada y a帽eja jurisprudencia sobre el punto de derecho , la cual ense帽a que por el car谩cter punitivo de la indemnizaci贸n por falta de pago o <indemnizaci贸n moratoria>, dicha sanci贸n est谩 condicionada a que por el juez se estudie si existi贸 o no buena fe por parte de quien queda debiendo salarios y prestaciones sociales a la terminaci贸n del contrato. Seg煤n la jurisprudencia, cuando el aspecto de la buena o mal fe no se estudia expresamente en la sentencia y, no obstante, se impone la sanci贸n establecida en el art铆culo 65 del C贸digo Sustantivo del Trabajo, se incurre en una aplicaci贸n autom谩tica que ha sido considerada como una interpretaci贸n err贸nea del texto legal鈥 (folio 25, cuaderno 3).

Pues bien, observa la Corte que el juez de segundo grado s铆 analiz贸 la conducta de la demandada para imponer la sanci贸n moratoria por falta de pago establecida en el art铆culo 65 del C贸digo Sustantivo del Trabajo, luego, no la aplic贸 autom谩ticamente como lo refiere la recurrente.

En este orden de ideas el cargo se desestima.聽

TERCER CARGO

Acusa la interpretaci贸n err贸nea de los art铆culos 4潞 de la Ley 79 de 1988 y 6潞 del Decreto 468 de 1990, 鈥渓o que a su vez condujo a la aplicaci贸n indebida del art铆culo 65 del C贸digo Sustantivo del Trabajo y el art铆culo 99 de la Ley 50 de 1990鈥. (Folio 29).

Para la recurrente el yerro interpretativo del Tribunal consiste en que 鈥 el texto del art铆culo 4潞 de la ley 79 de 1988 le permite a las cooperativas de trabajo asociado producir o distribuir servicios para satisfacer necesidades de la comunidad general, y no exclusivamente de sus afiliados, y el art铆culo 6潞 del Decreto 468 de 1990 las autoriza para que convengan o contraten <la ejecuci贸n de un trabajo total o parcial a favor de otras cooperativas o terceros en general>, asumiendo la cooperativa de trabajo asociado <los riesgos en su realizaci贸n>. Es por esto equivocado que el juzgador, como lo hace, de entrada, afirme que existe <la imposibilidad jur铆dico-laboral de las cooperativas asociado para fungir como empresas intermediadoras laborales>, porque, as铆 no lo quiera el Tribunal, en un plano te贸rico, esas entidades, como sucede con las empresas de servicios temporales, el contrato de outsoursings y el contratista independiente, hacen parte de los que se han denominado los procesos de intermediaci贸n en el mercado laboral. Y si bien es cierto que no se puede permitir que a trav茅s de esas instituciones se desnaturalice el contrato de trabajo, tambi茅n lo es que tampoco se puede llegar al extremo de sentar la premisa, como, repito, lo hace el Tribunal, que cuando se acude a ellas para la prestaci贸n de un servicio, se est谩 cometiendo un fraude a la ley y, que por consiguiente, quien lo hace, incurre en una conducta reprochable鈥. (Folio 31, cuaderno 3).

LA REPLICA

Confuta el cargo arguyendo que no es cierto que la normatividad que regula las Cooperativas de Trabajo Asociado 鈥減ermitan la posibilidad de una intermediaci贸n laboral鈥, porque de lograrse 茅sta, 鈥渟e desquiciar铆a el sistema de garant铆as laborales de orden constitucional y de orden legal, como al parecer lo quiere y lo acepta el recurrente. El hecho de que en la pr谩ctica en el mercado laboral de las profesiones, t茅cnicas y oficios, y dada la condici贸n poderosa del patrono, y a la falta de demanda de empleo, las personas admitan y consientan tal vinculo laboral no por ello se pude (sic) permitir, ni aceptar ni ponderar esas practicas鈥. (folio 47 cuaderno 3).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Para la Corte, el Tribunal no se equivoc贸 en el聽 ejercicio hermen茅utico de las normas atacadas, ya que no desconoci贸 que la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990 permiten que las Cooperativas de Trabajo Asociado contraten la ejecuci贸n de un trabajo聽 a favor de terceras personas, sino que, por el contrario, sostuvo que聽 鈥渘o es viable jur铆dicamente que (鈥) presten trabajadores a empresas o sociedades, por fuera de sus fines que dieron lugar a su creaci贸n. As铆 resulten pagando aquellos servicios鈥, comport谩ndose 鈥渃omo Empresas de Servicios Temporales, que no lo son y no pueden serlo, pues tal modo de pensar las desnaturaliza鈥 (folio 13, cuaderno 2). Argumentaci贸n que encuentra su total respaldo en lo adoctrinado por esta Corporaci贸n en sentencia de 6 de diciembre de 2006, radicaci贸n 25.713, en la cual se razon贸:

鈥淒ebe la Corte precisar que la contrataci贸n con cooperativas de trabajo asociado para la producci贸n de bienes, ejecuci贸n de obras o prestaci贸n de servicios se halla permitida y reglamentada por la ley, pues聽 constituye una importante fuente de trabajo a trav茅s de la organizaci贸n autogestionaria de personas que deciden asociarse para trabajar de manera solidaria bajo sus propias reglas. Pero es claro que la celebraci贸n de contratos con esas entidades no puede ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo, con el fin de evadir el reconocimiento y pago de derechos laborales leg铆timamente causados en cabeza de quienes, pese a que en apariencia fungieron como cooperados,聽 en realidad han ostentado la calidad de trabajadores subordinados al servicio de una persona natural o jur铆dica.

Esa conducta no cuenta con respaldo jur铆dico y constituye una reprochable tergiversaci贸n del objetivo que persigui贸 la ley al permitir el funcionamiento de esos entes cooperativos, en los que debe prevalecer real y efectivamente, mas no s贸lo en apariencia, el trabajo cooperado y mancomunado de los trabajadores que de manera libre hayan tomado la decisi贸n de organizarse para desarrollar su capacidad laboral.

Por esa raz贸n, cuando se ha contratado a una cooperativa de trabajo asociado para que preste un servicio, ejecute una obra o produzca determinados bienes, es claro que en el evento de que los trabajadores que adelanten la ejecuci贸n de las actividades en desarrollo del respectivo contrato se hallen sin duda sujetos a una subordinaci贸n t铆picamente laboral respecto del beneficiario del servicio, de la obra o de la producci贸n de bienes, deber谩n ser considerados como sus trabajadores para todos los efectos legales, por concurrir all铆 los elementos que configuran una verdadera relaci贸n de trabajo, como con acierto lo concluy贸 en este caso el Tribunal, lo cual es fiel trasunto del principio de la primac铆a de la realidad, elevado hoy a rango constitucional por el art铆culo 53 de la Constituci贸n Pol铆tica.

Y no podr谩 considerarse legalmente en tales eventos que la subordinaci贸n laboral que se ejerza sobre los asociados que haya enviado la cooperativa para el cumplimiento del contrato sea adelantada por delegaci贸n de 茅sta porque, en primer lugar, en la relaci贸n jur铆dica que surge entre el trabajador cooperado y la cooperativa de trabajo asociado no puede darse una subordinaci贸n de 铆ndole estrictamente laboral por cuanto esa relaci贸n no se encuentra regida por un contrato de trabajo, seg煤n lo dispone el art铆culo 59 de la Ley 79 de 1988, y, en segundo lugar, porque la posibilidad de delegar la subordinaci贸n laboral en un tercero la ha previsto la ley para otro tipo de relaciones jur铆dicas, como las surgidas entre una empresa usuaria y una empresa de servicios temporales, calidad聽 que, importa destacar, no puede asumir una cooperativa de trabajo asociado por ser sus funciones legales diferentes a las del env铆o de trabajadores en misi贸n鈥.

Puestas as铆 las cosas, debe insistir la Corte en que 聽la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990 efectivamente s铆 聽admiten que las Cooperativas de Trabajo Asociado contraten la ejecuci贸n de una labor聽 a favor de terceras personas. Lo que sucede es que si se desnaturaliza dicha figura jur铆dica, por ejemplo, por la presencia del elemento subordinaci贸n, como lo dio por acreditado el Tribunal en el asunto bajo examen, no podr谩 estimarse que el v铆nculo que at贸 a las partes fue el propio que consagran dichas normatividades, sino que, por el contrario, rigurosamente es de car谩cter laboral.聽聽

De manera que 聽el sentenciador no incurri贸 en el desaguisado jur铆dico que le enrostra la sociedad recurrente, en consecuencia, el cargo no tiene vocaci贸n de triunfar.

En m茅rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci贸n Laboral, administrando justicia en nombre de la Rep煤blica de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 23 de marzo de 2007, en el proceso promovido por DIEGO FERNANDO ESCAND脫N MONTA脩O contra la sociedad ALCIDES AR脡VALO S.A.

Por cuanto hubo oposici贸n, costas en el recurso extraordinario a cargo de la impugnante.

C贸piese, notif铆quese, publ铆quese y devu茅lvase al Tribunal de origen.

ISAURA VARGAS DIAZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON聽聽聽聽聽聽 GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA

EDUARDO LOPEZ VILLEGAS聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ

FRANCISCO JAVIER RICAURTE GOMEZ聽聽 CAMILO TARQUINO GALLEGO

MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA
Secretaria


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