[La República] Cesantías que no se cancelan a tiempo generan intereses de mora

Por: La República
  
Publicado: 12 de septiembre de 2008

Bogotá. Las entidades públicas en calidad de empleadoras es cancelar las cesantías a los servidores públicos en un plazo máximo de 45 días contados a partir de la expedición del acto que ordena la liquidación o de lo contrario tendrán que pagar mora.

Así lo determinó el Consejo de Estado al revocar decisión que absolvió al Municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, de realizar este reconocimiento a Emilia Castro Moreno, quien lo demandó para exigir que se le cancelar la respectiva indemnización.

En el fallo se explica que si no se pagan las cesantías en los tiempos estipulados la institución deberá reconocer y cancelar al beneficiario la indemnización moratoria que consagra la Ley 244 de 1995, consistente en un día de salario por cada día de retraso en el pago de la prestación, hasta la fecha que se haga efectiva la cancelación.

Castro Moreno, trabajó en la Alcaldía del Municipio de Buenaventura desde 1998 como secretaria de despacho en la Oficina de Control Disciplinario y devengó por última vez un salario de 1.642.850 pesos. Su inconformidad radica en que a noviembre de 2001 solamente se le había cancelado por concepto de cesantías 11.916.240 pesos, quedando pendiente la que reconocía la indemnización moratoria. Por medio de una resolución, la Alcaldía de Buenaventura le negó el dinero por el tiempo de atraso del pago que no había recibido en 2001.

Por esta razón, la servidora pública interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, con el fin que se declarara la nulidad del acto que no le otorgó el reconocimiento requerido y solicitó además condenar a la Alcaldía de dicho municipio al pago de la sanción moratoria contenida en el artículo segundo de la Ley 244 de 1995.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 2004 negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que en el proceso no existió prueba del acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la cesantía definitiva, así como tampoco se acreditó la fecha y forma de pago. Esa circunstancia hizo que -según el juez colegiado- fuera imposible determinar si hubo o no mora en el pago de la prestación.
Esta no fue motivo suficiente para la demandante, quien apeló la decisión del Tribunal y pidió dejar sin efectos la providencia impugnada.

El magistrado Jesús María Lemos Bustamante, integrante de la Sección Tercera del Consejo de Estado, fue quien expuso las razones dadas por la Corporación para revocar el fallo emitido en primera instancia explicó que la citada ley consagra dos términos que la administración pública debe tener en cuenta para el pago de dichas prestaciones. El primero que es de 15 días hábiles contados a partir de la solicitud para el reconocimiento y el segundo de 45 días a partir del acto administrativo que ordena la liquidación para el pago.
El Consejo de Estado señaló que este último plazo fue el que dejó vencer la entidad pública, al no hacer el pago de la indemnización en este tiempo. Al hacer las cuentas, determinó que la Alcaldía accionada incurrió en mora 60 días. En efecto, la Sala declaró nula la resolución que negó el derecho y ordenó a la institución demandada cancelar a la trabajadora la indemnización moratoria.

ACTO
En relación con la afirmación que hizo el Tribunal respecto que la demandante no allegó al proceso el acto de reconocimiento y liquidación de la cesantías definitivas y que el documento aportado no cumplía los requisitos para ser tenido como tal, la Sala consideró que este último constituía un acto administrativo por sí mismo. En este sentido, el escrito reunía todos los presupuestos formales y sustanciales correspondientes para ser tenidos en cuenta como prueba del reconocimiento y como tal producía efectos jurídicos.

Norma
El parágrafo del artículo segundo de la Ley 244 de 1995 indica que en caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada cancelará de sus propios recursos al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas. Para exigir esta contraprestación sólo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario si se demuestra que la mora se produjo por culpa imputable a éste.

Acción
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho que invocó el demandante, se encuentra consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, cuyo contenido señala que cualquier persona que haya sido lesionada en sus derechos podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo que haya causado el perjuicio y se le restablezca en su derecho. La norma también establece la posibilidad que tienen los ciudadanos de pedir que le sea reparado el daño.

Fuente: La República

Comparte esta página:
Enlace corto:

¿Hemos cometido un error? ¡Reporta una corrección!

Última actualización: 2008/09/12 | Volver al inicio de esta sección
La RepúblicaTemas Laborales

Comentarios



Programación


Otros Canales de Actualización...

Actualizaciones por email Suscripción Oro facebook You Tube Twitter RSS

Artículos Publicados

Por Categorias

Archivo