A mediados de la semana pasada, una Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría Nacional llegó a la Dian. Su misión: investigar con lupa el contrato que firmó la entidad con un consorcio entre cuyos accionistas está del alcalde de Barranquilla Alex Char y los Nule.
El contrato por 51 mil millones de pesos firmado por el consorcio con la Dirección de Impuestos Nacionales no es ni el más grande ni en el que más plata perderá el Estado, pero sí es representativo del modus operandi de este grupo y también de la negligencia –o complicidad- que tuvieron algunas de las entidades del Estado que contrataron con ellos casi un 1 billón de pesos.
La historia de este contrato se remonta al 2006. En septiembre, el consorcio Unión Temporal Dian 2006 firmó inicialmente un contrato por 33.581 millones para la construcción, mantenimiento y dotación de 52 sedes de la Dian en todo el país. Era un contrato por 11 meses.
El consorcio Unión Temporal Dian estaba constituído por Alejandro Char & Cia que tenía el 61 por ciento de las acciones del consorcio; H&H Arquitectura con el 25 por ciento; la empresa MNV del Grupo Nule con el 10 por ciento y D&S y Climate Servicios con el 4 por ciento restante.
Paralelamente a la firma de este contrato, la entidad abrió un proceso para escoger la firma interventora que condujo a la selección de la empresa Bitácora, que también pertenece al Grupo Nule. Es decir, que una empresa del grupo verificaba el cumplimento del contrato por parte de un conglomerado en el que participaba otra empresa de los mismos dueños.
Actualmente quienes estuvieron a cargo de este contrato dicen que en las cámaras de comercio de las dos empresas no aparecen los mismos dueños, pero al parecer la Seccional de Medellín de la Dian denunció esta irregularidad y en todo caso, el contrato siguió adelante. Fue la primera de muchas irregularidades.
Una de las más grandes es que cuando se suscribió el contrato Alex Char, que tenía más de la mitad de las acciones del conglomerado Unión Temporal Dian 2006, estaba en campaña política para la Alcaldía de Barranquilla. Y cuando salió elegido ni Char ni la dirección de la Dian vieron una inhabilidad –ni siquiera ética- en que un funcionario público fuera a la vez contratista del Estado.
Cuando estalló el escándalo en los medios hace unas semanas, el alcalde Char expidió un comunicado en el que se defendió diciendo que “La Ley 617 de 2000 en el artículo 37 establece las inhabilidades para ser alcalde distrital, y por tiempo y circunscripción territorial el Contrato de Obra 025-002 de junio 30 de 2006 no queda cobijado dentro de la inhabilidad prevista por la ley”. Y agregó que “El Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado, en sentencias de primera y de segunda instancia, respectivamente, al estudiar una demanda por inhabilidad del alcalde Char, al celebrar un contrato, consideró que no estaba inhabilitado.”
Como lo anota el mismo comunicado los fallos a que hace referencia aluden a un contrato diferente al de la Dian y es claro que si bien tener contratos con entidades diferentes a la que postula el candidato no lo inhiben para salir elegido, eso no quiere decir que la Ley 80, que regulaba en ese momento la contratación pública, no le aplicara. Esta ley dice que los servidores públicos no pueden ser funcionarios del Estado, con lo cual esta situación ha debido generar una “inhabilidad sobreviniente’. En esos casos, lo que se suele hacer es ceder el contrato o terminarlo. La Dian optó por seguir adelante, a pesar que durante todo el tiempo en que se ejecutó el contrato el mayor accionista de la empresa contratista era a la vez el alcalde de Barranquilla.
UNA IRREGULARIDAD TRAS OTRA
El contrato se firmó inicialmente por 33 mil millones pero tan pronto comenzó a ejecutarse tuvo dos adiciones por casi 20 mil millones más. Una de estas adiciones, según consta en documentos de la Dian, se realizó con recursos de inversión que estaban destinados para un laboratorio de investigación de químicos incautados. Pero que fueron a parar en manos del consorcio para la construcción de unos ascensores, que están en una bodega de la Dian. Solo este hecho podría configurar un peculado técnico por el desvío de recursos de inversión con destinación específica.
La no instalación de estos ascensores fue solo una de varias obras que el consorcio no entregó a tiempo o entregó mal hechas. La sede de Sendas, donde funciona la dirección central, tenía que ser entregada el 30 de noviembre de 2008 y solo fue entregada hace unos meses. La sede de la dirección seccional de Nariño se demoró tanto que tuvieron que pagar arriendo durante meses para poder trabajar, y de hecho, a raíz de las denuncias que puso el presidente del Sindicato de trabajadores de la Dian de Pasto fue que la Contraloría inició una inspección de este contrato.
“En lo relacionado con Cartagena, Medellín y Bucaramanga, la Dian ha dado traslado oportunamente al contratista de las molestias causadas a los funcionarios y concretamente frente al tema de Bucaramanga enviamos el oficio 312 del 14 de mayo de 2008 donde se remiten algunos ajustes de calidad que hay que hacer y en Sogamoso es específicamente la obligación 9ª porque es el tema del piso que se levantó y que a la fecha no ha sido arreglado”, dice el acta que suscribió la Dian con el contratista el 20 de agosto de 2008, en donde queda claro que tienen problemas con la calidad de las entregas en Sogamoso, Cartagena y Sincelejo y con demoras Ibagué, Neiva, Tulúa, Medellín, Pasto y el edificio Sendas de Bogotá”.
Fuente: Terra
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