La contribución especial por valorización (de moda en estos días por su recaudo en la ciudad capital), es un importante mecanismo de financiación de obras públicas cuyas referencias histórico legislativas datan del año 1921, cuando a través de la ley 25, se creó un “impuesto” por valorización consistente en una “contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local.”
