A partir de la constitución de 1991, nuestro derecho inició un camino sin retorno hacia la modernización de nuestro Estado Social de Derecho y en esa dirección entró en la constitucionalización de él. Este proceso implica la generación de una dinámica enfocada en la concepción del mejoramiento de la calidad de vida de las personas y por ello, plantea en este marco la prevalencia de los principios de estirpe constitucional como requisito sine qua non para poder proceder de acuerdo con la legislación vigente.
