Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

La discusión sin interlocutores


Actualizado: 24 enero, 2004 (hace 20 años)

Mi hijo, de seis años de edad, me dijo cierto día: Ya vengo . Le pregunté: ¿a dónde vas?; me contestó: No sé, pero voy. Por supuesto estallé en risas. Sin embargo bien reflexionadas estas breves palabras contienen mucha profundidad: Muchos vamos; no sabemos para dónde, pero vamos. Parece ser que la idea es adoptar sin importar hacia dónde nos conducirá, como si lo trascendental es ir, porque sí.

El pasado 10 de diciembre de 2003, se “expuso a discusión pública” el proyecto de ley que han denominado de “intervención económica”. Remití a los correos electrónicos creados para tal fin, dos artículos que había preparado con motivo del conocimiento inicial que se poseía sobre las intenciones del Gobierno Nacional para insertarnos en el concierto mundial de las normas internacionales de contabilidad, auditoría, contaduría, ética y buen gobierno. Hasta la fecha no he recibido observación alguna: no hay discusión.

Lo anterior hace reflexionar en las verdaderas intenciones del Comité Interinstitucional que se ha conformado para la elaboración del susodicho proyecto de ley, pues si lo exponen a discusión lo mínimo que se espera es precisamente replica, debate, confrontación, aceptación, raciocinio; en fin: una discusión.

Su exposición en los portales de internet de manera oficial parece ser un simple formalismo para solventar un problema de trámite y expresar después que los contadores e interesados no hicieron aportes o no lo cuestionaron y podrán argumentar que se cumplió con la publicidad y por tanto será más fácil su aprobación en el Congreso de la República.

Alrededor de este proyecto existen varias actuaciones que causan extrañeza, por decir lo menos. Primero los Superintendentes (ligados al proceso) ordenaron suprimir tajantemente su publicación en páginas web institucionales – léase Junta Central de Contadores – , con el argumento de que no era “oficial”; posteriormente y luego de un trabajo a puerta cerrada se publica el 10 de diciembre estableciendo una fecha límite (13 de febrero) para la recepción de las observaciones que en la teoría es de dos meses, pero en la realidad no alcanza a ser un mes, pues su exposición se da en plena temporada decembrina y el país reinicia su actividad normal luego del 15 de enero. Este periodo parece estar preconcebido con la idea de que no haya conocimiento del proyecto y no se presente oposición.

No está por demás expresar que esta forma de manejar el proyecto ante la opinión pública es muy particular; muy al estilo del actual gobierno, como lo señala la editorial del El Tiempo del 18 de enero del año cursante, al expresar que “Transar y pactar son verbos ajenos al talante exhibido hasta ahora por el presidente Uribe”. La postura de imposición manida con la popularidad no deja de ser un extraño elemento de autoritarismo.

De la lectura del proyecto de ley, ahora, “OFICIAL” se desprenden varias inquietudes y reflexiones, las cuales me gustaría compartir con los interesados en el tema; que deberían ser todos los Contadores Públicos que derivan su realización personal y profesional del ejercicio de tan noble profesión, por lo menos.

(Fragmento)

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C.P. GUSTAVO ADOLFO LOPEZ DIAZ
Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Nariño. San Juan de Pasto.

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