Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Se debe establecer un marco institucional para publicar de forma periódica y detallada los costos, beneficios, beneficiarios y objetivos de incentivos tributarios.
La administración tributaria debe supervisar empresas beneficiadas y solicitarles información para realizar evaluaciones costo-beneficio.
La existencia de múltiples objetivos de política y de recursos limitados hace necesario que los países fortalezcan sus sistemas tributarios y mejoren la gobernanza de los incentivos a las empresas para asegurar un eficaz uso de los ingresos públicos para alcanzar sus objetivos de desarrollo.
Los diversos beneficios tributarios que a través de los años han ofrecido los Gobiernos, de la mano de las reformas tributarias, a las personas jurídicas, siempre ha sido un tema que genera críticas, ya que no hay forma de evaluarlos y ver sus resultados.
La Cepal, en su publicación Los incentivos fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe, entrega una serie de lineamientos que buscan que este tema tenga un aporte positivo para las administraciones tributarios de los países que los implementen.
Proporcionar incentivos tributarios solo a través de leyes tributarias y/o consolidar todos los regímenes de incentivos vigentes en una sección del código tributario.
«Esto evita la superposición de incentivos y garantiza que la política de incentivos sea revisada, debatida y aprobada por la legislatura, esté disponible para todos los contribuyentes de acuerdo con los criterios establecidos y no se deja a discreción de los funcionarios públicos, limitando las prácticas corruptas y abusivas», indica la publicación.
También facilita la participación ciudadana y asegura que el poder legislativo revise los incentivos tributarios como parte del proceso presupuestario anual.
Establecer en la legislación criterios de elegibilidad claros, sencillos, objetivos y fácilmente medibles para acceder a los beneficios tributarios, lo que limita la discrecionalidad, evita negociaciones con las autoridades y aumenta la transparencia.
Incluir en la legislación una justificación para establecer o mantener un tratamiento tributario preferencial y exponer claramente los objetivos que se persiguen. Esta justificación se debe fundamentar con estudios costo-beneficio para limitar la proliferación de incentivos tributarios y reducir abusos.
Incluir una fecha de término del régimen en la legislación y exigir que se realicen las evaluaciones pertinentes para decidir su continuación, reforma o eliminación.
Publicar la legislación completa y actualizada sobre los incentivos tributarios (leyes, decretos, reglamentos, instrucciones administrativas, etc.) y un listado de todos los incentivos tributarios vigentes, que incluya los criterios de elegibilidad, valores otorgados y procedimientos a seguir por los inversionistas para obtenerlos.
Tender hacia una centralización de la concesión y administración de todos los incentivos tributarios nacionales en el Ministerio de Hacienda. De esta forma se evitan superposiciones y disminuye el riesgo de corrupción y captación de rentas.
Es importante la participación de la administración tributaria y del Ministerio de Hacienda en todo el proceso que involucra a los incentivos tributarios, desde su diseño, definición, evaluación, administración, recopilación de información hasta su supervisión y seguimiento.
Evaluar periódicamente los costos y la efectividad de los tratamientos tributarios preferenciales para determinar si los beneficios atribuibles al incentivo superan a los costos.
Establecer un marco institucional fuerte para que los países publiquen de forma periódica, oportuna y detallada los costos, beneficios esperados, principales beneficiarios y objetivos de los incentivos tributarios, así como las evaluaciones costo-beneficio. Estas evaluaciones proporcionan una mayor transparencia a la política fiscal, al tiempo que contribuyen a mejorar la eficiencia y equidad de los sistemas tributarios.
Realizar las evaluaciones costo-beneficio desde la administración tributaria o el Ministerio de Hacienda.
«Debe existir también una coordinación con los ministerios del sector involucrado y las empresas beneficiarias para que provean la información necesaria», afirma el informe.
Avanzar hacia una mayor cooperación y coordinación internacional. Al respecto, los países pueden aunar esfuerzos para avanzar hacia la adopción de pactos sobre buenas prácticas en el uso de los incentivos fiscales, fortalecer la cooperación tributaria regional y evitar la competencia fiscal nociva entre países, lo que resulta en ingresos fiscales más bajos.
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