Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
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Para Elizabeth Ungar Bleier, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, los planes de desarrollo que se formularán este año requerirán de información de calidad, pertinente y oportuna para una gestión eficiente y transparente que evite la improvisación, el retraso injustificado de obras y la pérdida de recursos públicos por culpa de la corrupción.
Desde el 9 de diciembre del 2015, fecha en la cual se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, Transparencia por Colombia hizo un llamado al Gobierno Nacional, la Rama Judicial, los Órganos de Control, el Congreso de la República y el sector privado para fortalecer los esfuerzos de prevención y sanción de corrupción. Lo anterior ante un escenario para este año de presupuesto público limitado, elaboración de nuevos planes de desarrollo territorial y el eventual inicio de la implementación de los acuerdos de paz.
Durante el año inmediatamente anterior la entidad alertó sobre los altos niveles de riesgos de corrupción que se mantienen en las entidades públicas nacionales, departamentales, municipales, universidades públicas y contralorías departamentales, mediante los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas.
Igualmente llamó la atención sobre la necesidad de ampliar los esfuerzos para prevenir el soborno y la corrupción que afecta el clima de negocios en el país, a partir de los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas.
Finalmente, desde la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción se ha insistido en la importancia de contar con una ciudadanía activa y vigilante de los recursos públicos, especialmente para los procesos de construcción de paz. Igualmente se ha reiterado que el conocimiento de la ciudadanía sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional es muy limitado.
Según Elisabeth Ungar Bleier, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia y miembro de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción, “la corrupción no tiene justificación en ningún escenario, mucho menos en medio de restricciones presupuestales del Estado y ante una demanda enorme de recursos públicos para la construcción de paz en Colombia”.
Desde su punto de vista, “los planes de desarrollo que se formularán en 2016 para los próximos cuatro años requerirán de información de calidad, pertinente y oportuna para una gestión eficaz, eficiente y transparente que evite la improvisación, el retraso injustificado de obras, y especialmente la pérdida de recursos públicos por causas de corrupción”.
Ungar destaca que en el 2015 se lograron avances importantes en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en la formulación de medidas sobre rendición de cuentas en la administración de justicia incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la creación de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado, en el avance de esfuerzos por aumentar la transparencia en el Congreso, y en la identificación de buenas prácticas de Transparencia Empresarial.
Sin embargo, “los reiterados escándalos que afrontó el país durante 2015 y las denuncias de corrupción asociadas al proceso electoral demuestran la necesidad de complementar los esfuerzos normativos y controles internos, con mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas efectivos, sanciones que reparen el daño social e institucional causado por la corrupción, e iniciativas más ambiciosas que permitan prevenir estas situaciones”, dice.
Para la directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, y tocando el pasado tema electoral, “es clave que el sector privado rinda cuentas sobre la financiación electoral y pida cuentas a quienes financia, ya que los aportes privados a campañas, hechos bajo reglas y normas adecuadas, son una expresión democrática y contribuyen al fortalecimiento de la participación”.
Ungar asegura que debido a que existe una ausencia de normas claras y controles apropiados, “las contribuciones privadas pueden convertirse en una potencial captura de las decisiones a favor de intereses particulares”.
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