Día: 20 de junio de 2017

El Congreso aprobó el proyecto de Ley de Conglomerados Financieros, con el cual se busca que holdings estén bajo la lupa de la Superfinanciera, situación con la que se podrían evitar casos como el de Interbolsa.

En los estados financieros que se colocan a disposición de los usuarios que no tienen acceso a la información de la entidad se incorporarán las revelaciones necesarias para que ellos puedan conocer las diferencias entre los requerimientos generales del marco de información financiera y los requerimientos especiales de las autoridades de supervisión.

Mediante la Resolución 0033 del 8 de junio de 2017, la DIAN dio a conocer los instrumentos con los que garantizará el derecho a acceder a la información pública.

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 las normas relacionados con el impuesto de industria y comercio consideraban como actividades de servicios gravadas aquellas dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad, y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho, lo que permitía concluir que los servicios de consultoría profesional prestados por personas naturales no eran actividades de servicios gravados con ICA. Sin embargo, con la modificación realizada por el artículo 345 de la ley antes mencionada al artículo 36 de la Ley 14 de 1983, es claro que ahora todas aquellas «obligaciones de hacer» a cargo de personas naturales se encuentran gravadas con impuesto de industria y comercio. Por lo anterior, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los municipios deben verificar sus estatutos tributarios en el sentido de establecer las tarifas correspondientes a las actividades que resulten gravadas a partir de la nueva definición de la actividad de servicios del artículo 345 de la Ley 1819 de 2016, de tal forma que los contribuyentes conozcan las reglas de tributación y de retención en la fuente, si el municipio tiene adoptado este sistema de recaudo anticipado.

Mediante resolución la DIAN imparte instrucciones sobre la creación de los comités especiales de conciliación y terminación por mutuo acuerdo en las direcciones seccionales de impuestos, aduanas y de impuestos y aduanas.

Una entidad obligada a llevar contabilidad de conformidad con los nuevos marcos de información financiera también deberá dar cumplimiento a los requerimientos especiales de las autoridades de supervisión y otras disposiciones legales. La obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil de los grupos económicos se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.

Así lo indicó la DIAN en su Concepto 11545 de mayo 12 de 2017 a través del cual interpretó las disposiciones de la Resolución 000055 de 2016. Al respecto, debe recordarse que a partir de julio 1 de 2017 el trámite de solicitud de autorización de numeración solo puede efectuarse de forma virtual.

Las personas naturales que utilicen las declaraciones del IMAS o lleguen a utilizar las del monotributo pueden sacar a la luz su patrimonio oculto sin tener que liquidar rentas líquidas por activos omitidos o pasivos inexistentes, pues dicha renta líquida solo afecta a la depuración ordinaria.

La iniciativa busca reglamentar el régimen especial, y con este, el tratamiento de los descuentos que se podrán tomar quienes efectúen donaciones, y la explotación por parte de las copropiedades mixtas o comerciales de sus áreas comunes.

Respecto con la contabilización de los daños en la copropiedad y la indemnización recibida, es importante que se precise si los recursos transferidos por la compañía de seguros corresponden a una póliza pagada por la copropiedad o por los titulares de los locales, o si ella cubre otros riesgos distintos de los relacionados con las zonas comunes de la copropiedad. En caso de que en el registro se hayan incorporado otros valores distintos a los de las zonas comunes, le corresponderá a la copropiedad y a la compañía de seguros establecer el monto de la indemnización recibida por cada concepto, y aplicarla de acuerdo con los compromisos contractuales o las directrices establecidas en el reglamento de copropiedad.

Si luego de realizar las revisiones respectivas, la compañía resulta efectivamente en causal de disolución con ocasión de los ajustes que suscita la aplicación por primera vez de los nuevos marcos técnicos, es indispensable tener en cuenta que el efecto de dicha causal se verá reflejado en los estados financieros, los cuales deberán presentarse en el año siguiente para consideración del máximo órgano social, a quienes corresponderá adoptar las medidas conducentes para restablecer el patrimonio.

Los importadores y las ensambladoras de vehículos, así como los fabricantes de carrocerías están obligados a inscribirse en el RUNT y reportar la información necesaria para mantener actualizado el registro inicial en el evento de presentarse algún cambio.