Día: 26 de julio de 2017

Edición # 70 de agosto del 2017 de la Revista ACTUALÍCESE.

En diciembre de 2016 el Gobierno nacional tramitó en el Congreso la Ley 1819 modificando al Estatuto Tributario, entre cuyas novedades se destaca lo referente a los Nuevos Marcos Normativos Contables. Así, el Gobierno no esperó hasta el 2018 para ajustar algunas normas tributarias y alinear los nuevos marcos técnicos normativos.

La Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución 34351 del 26 de julio de 2017, con la cual suspende para las entidades que se encuentran bajo su vigilancia y control la obligación de de reportar la información financiera correspondiente a la vigencia 2016. Lo anterior es consecuencia de la necesidad de realizar ajustes al Sistema Nacional de Supervisión al Transporte (Vigía), que permite recopilar la información de los supervisados pertenecientes a los grupos de reporte de información financiera 1, 2 y 3, con el objeto de facilitar el reporte de la información y fortalecer los protocolos de seguridad; dichas suspensión se mantendrá hasta que se culminen las acciones correspondientes.

El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, recibió 4.312.653 firmas para que sean validadas en 45 días y continuar con el proceso de la consulta anticorrupción.

Al resolver recurso de apelación, el Consejo de Estado señaló que, al no ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por efecto de la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, el contribuyente no se encontraba obligado a presentar la declaración y realizar el pago de dicho impuesto por el año gravable 2011, y que como consecuencia, al no existir valor a cargo sobre el cual liquidar la sobretasa de este impuesto, tampoco habría lugar a la misma. Al respecto, señaló también que el Concepto 098797 del 28 de diciembre de 2010 expedido por la Dian, en el cual la administración señalaba que el impuesto al patrimonio contenido en la Ley 1370 de 2009 constituía un nuevo impuesto que no era objeto de estabilidad jurídica, fue anulado por la sentencia del 30 de agosto de 2016 (Expediente 18636) al determinar que la Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio, sino que prorrogó la vigencia del impuesto al patrimonio que venía regulando la Ley 1111 de 2006. La consecuencia de esa interpretación es que el impuesto al patrimonio de la Ley 1370 estaba amparado por el régimen de estabilidad jurídica de la Ley 963 de 2005, por el tiempo que este se hubiere pactado, siempre que en el contrato de estabilidad jurídica se hubiera identificado expresamente el impuesto al patrimonio regulado por la Ley 1111.

Cuando el revisor fiscal no cumpla con la aplicación del nuevo marco técnico normativo, podrá ser objeto de sanciones por parte de los organismos de vigilancia y control a las cuales se presente el dictamen fuera de dicho marco.

El CTCP señala que la contribución de la plusvalía se considera un impuesto no recuperable; por tal razón, no podrá reconocerse como mayor valor del activo en la medición posterior, ni considerarse como un referente de valor razonable, puesto que no cumple los criterios del estándar para ser considerado como tal.

La DIAN expidió un concepto unificado sobre procedimiento tributario y régimen tributario sancionatorio en el cual aclara, entre otras cosas, que a los vencimientos de las declaraciones tributarias que ocurran antes de la entrada en vigencia del artículo 274 de la Ley 1819 de 2016, el cual modificó al artículo 589 del ET (relativo a la corrección de las declaraciones tributarias que disminuyen el impuesto a cargo o aumentan el saldo a favor), les aplicará el régimen anterior en su integridad, es decir, podrán corregir su declaración tributaria aplicando el procedimiento dispuesto en la versión anterior del artículo 589 del ET, esto es, desde la última corrección sin superar dos años desde el vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior, toda vez que el parágrafo transitorio de la norma en comento establece que dicha norma empezará a regir una vez se ajusten los sistemas informáticos de la DIAN. En dicho concepto también se precisa respecto a la liquidación provisional, la firmeza de la declaración en el procedimiento de liquidación provisional y la firmeza de las declaraciones tributarias. En lo referente al régimen tributario sancionatorio, aclara qué se entiende por conducta sancionable y cuándo se configura, cómo afecta las declaraciones tributarias, cuándo cobra firmeza un acto administrativo y cómo opera la acumulación de rebajas sancionatorias.

El director de la entidad indicó que se está investigando a empresas por declarar importaciones por montos superiores a los establecidos y advirtió que estas prácticas son castigadas con fuertes sanciones económicas.

Pasto y Barranquilla son las últimas ciudades donde llegará la gira del taller práctico Paso a paso para la elaboración de declaración de renta de personas naturales año gravable 2016 y la estrategia tributaria para las declaraciones de 2017, dictado por Juan Carlos Giraldo Garay, con una duración de 8 horas.

Mediante el Concepto 16504 del 23 de junio de 2017, la DIAN confirma que el cumplimiento de las normas urbanísticas es un presupuesto para la exención y no un impedimento.

El 26 de julio de 2017 se expidió la Ley 1857 que tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Dicha ley contempla, entre otros, la adición de un nuevo artículo a la Ley 1361 de 2009 con el cual se establece la posibilidad de que los empleadores adecuen los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia, para atender sus deberes de protección y acompañamiento de su cónyuge o compañera(o) permanente, a sus hijos menores, a las personas de la tercera edad de su grupo familiar o a sus familiares dentro del tercer grado de consanguinidad que requieran del mismo; como también a quienes de su familia se encuentren en situación de discapacidad o dependencia. Para ello, el trabajador y el empleador podrán convenir un horario flexible y las condiciones de trabajo para facilitar el cumplimiento de los deberes familiares antes mencionados.