La Superintendencia Financiera informó el índice de bursatilidad accionaria para cada una de las acciones que se negociaron en bolsa durante el 1 de julio y el 31 de octubre de 2017.
El procurador recomendó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público abstenerse de dar trámite al proyecto de decreto sobre canalización de ciertas operaciones de comercio exterior a través del mercado cambiario.
No tiene ningún costo y se puede generar de manera ágil y segura desde cualquier lugar las 24 horas del día, a través del portal www.minsalud.gov.co.
El sindicato de trabajadores de Claro denuncia irregularidades al interior de la compañía: “desmotivación laboral” y “rebaja salarial” son dos de los aspectos acusados.
La SIC también formuló cargos contra 15 ejecutivos de las empresas investigadas por presuntamente haber colaborado en conductas anticompetitivas.
Desde el año 2009, cuando se expidió la Ley 1314 de 2009, se dio vía libre en Colombia a la convergencia hacia una nueva normatividad basada en estándares internacionales; pasaron varios años y solo hasta 2014 se divulgaron los proyectos normativos encaminados a la estandarización con relación a las normas para auditoría y revisión de la información financiera que se emitiera bajo estándares internacionales.
La disminución en el valor del capital suscrito y pagado, sin variación en el valor nominal de las acciones y sin tener en cuenta que el mencionado capital disminuya con un fin específico basado en un hecho económico fundamental para la sociedad, podría generar en todo caso, un detrimento patrimonial considerable del cual se desprenda un posible menoscabo en la prenda común de los acreedores.
La Supersociedades precisa que la omisión del acreedor prendario consistente en no ejecutar la garantía mobiliaria sobre las acciones de propiedad de uno de los socios antes de la inscripción de la cuenta final de liquidación, estando obligado a ello, a pesar de tener conocimiento de la situación de la sociedad, por ostentar los derechos inherentes a la calidad de accionista que le fueron conferidos en el contrato de prenda, traería consigo la pérdida de la garantía por desaparición de la persona jurídica de cuyo capital social hacían parte dichas acciones, pues este hecho tiene correspondencia con la “destrucción completa de la cosa empeñada” a que hace referencia el artículo 2431 del Código Civil, y, en consecuencia, el otrora acreedor prendario mutaría su calidad a la de acreedor quirografario. Así las cosas, si en el contrato de prenda no se consagró nada sobre el pago de la obligación garantizada en caso de liquidación de la sociedad o en torno a la entrega de los remanentes de la liquidación al acreedor prendario, y este último tampoco adelantó la ejecución de la garantía mobiliaria, el liquidador deberá hacer entrega de los bienes que correspondan al propietario de las acciones, quien continuará como responsable del pago de la acreencia.
Por medio de la cual se establecen los plazos y requisitos mínimos para la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, junto con los documentos adicionales, requeridos a las entidades empresariales.
Por medio de la cual se establecen los plazos y requisitos mínimos para la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, junto con los documentos adicionales, requeridos a los clubes con deportistas profesionales que se hayan constituido como sociedades anónimas (denominados clubes obligados) en los términos previstos por la Ley 1445 de 2011, que se deben presentar a través del Sirfin.
Respecto a si los usuarios a quienes se les haya proferido un acto administrativo de suspensión del RUT pueden realizar actividades de importación y exportación, la Dian precisa que el Rut tiene como finalidad la identificación, ubicación y clasificación de los sujetos para efectos tributarios, y en consecuencia recae sobre todos los que tengan que cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por lo anterior, al ser considerado el RUT como único mecanismo para este fin debe tener completa efectividad previa a cualquier actuación de los contribuyentes o responsables en ese ámbito regulado.
Se considera que las informaciones suministradas por terceros constituyen prueba testimonial en los términos del artículo 750 del ET, siempre que cumplan con las exigencias legales y reglamentarias que sean aplicables para el efecto.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
