Mes: diciembre 2017

Por el cual se establece la base a partir de la cual se aplica la retención al impuesto de industria y comercio (reteica) en el Municipio de Neiva durante la vigencia fiscal 2018, se estipulan los plazos de presentación y pago de la declaración y se regula la presentación de información en medio magnético.

Por la cual se fijan los plazos para la presentación y pago de la declaración de industria y comercio y lugares de pago de los impuestos, anticipos, recargos, intereses y sanciones vigencia fiscal 2018.

Por la cual se fijan los plazos para el pago del impuesto predial unificado correspondiente a la vigencia fiscal del año 2018, de Neiva.

El Ministerio de Hacienda precisa que los fondos de capital privado son fondos de inversión colectiva (vehículos de inversión), integrados por el aporte de un número plural de personas (inversionistas) y administrados por una sociedad administradora (o un gestor profesional) en los que los inversionistas pueden retirar su inversión cuando se cumpla el plazo previsto para la duración del fondo o en los plazos determinados en el reglamento respectivo. Así pues, toda vez que el fondo de capital privado es un vehículo de inversión a través del cual los inversionistas realizan su actividad económica, no es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. La actividad de quienes realicen las inversiones en los fondos de capital privado, sí se constituye en una actividad susceptible de ser gravada con el impuesto de industria y comercio, al igual que la desarrollada por la sociedad administradora o el gestor profesional. En el caso de los inversionistas, la base gravable del impuesto de industria y comercio frente a dicha actividad estará constituida por la totalidad de los ingresos que obtengan en su calidad de inversionistas del fondo de capital privado, registrados de acuerdo con las normas tributarias y contables que les resulten aplicables.

A partir del 1 de enero de 2015, los informes financieros de propósito general elaborados por una copropiedad, deben considerar las directrices del anexo 3 del Decreto 2420 de 2015, por lo que no resultará adecuado continuar aplicando las directrices establecidas en el Decreto 2649 de 1993;  normas que quedaron sin vigencia a partir de esta fecha, salvo por lo indicado en el título III que se refiere a las normas sobre registros y libros de contabilidad.

Si una sociedad en liquidación voluntaria fue usufructuaria de algún bien, este derecho se extingue a partir del registro de la rendición de cuentas debidamente aprobado en la Cámara de Comercio, en cuyo caso, la sociedad deberá restituir al titular del derecho de dominio o nudo propietario los bienes objeto del contrato. Cosa distinta ocurre, cuando la sociedad es la titular o nuda propietaria de los bienes dados en usufructo, en cuyo caso se transmiten. Sin embargo, para el caso de liquidación voluntaria se adjudican los bienes a los acreedores en el orden de prelación, quienes deberán respetar los plazos y condiciones del usufructo. Cabe señalar que el derecho de usufructo, una vez celebrado, constituye una limitación a la propiedad, resultando claro que será el liquidador designado quien adelante la adjudicación adicional, el llamado a analizar el estado en que se encuentran los bienes objeto de adjudicación, para proceder dependiendo del derecho real que coexiste, bien sea como nudo propietario o como usufructuario, a efectos de determinar los efectos, acciones y procedimientos propios a seguir a la luz de la normatividad.

La regla de circulación o libre negociabilidad de la factura, es inherente a su condición de título valor endosable y, en tal virtud, se encuentra especialmente protegida con el desconocimiento de toda estipulación que de alguna manera la contravenga, y la sanción de su retención o restricción a la negociabilidad. Esta máxima de circulación o libre negociabilidad no sufre menoscabo alguno por el hecho de que el obligado, como adquiriente de los bienes y servicios de queda cuenta la misma, sea una entidad pública de los órdenes nacional, departamental o municipal, pues la ley no consagra distinción alguna sobre el particular. Como es sabido, donde el legislador no distingue, no le es dado al interprete distinguir, según principio de hermenéutica jurídica. En consecuencia, no es factible que las entidades públicas de orden nacional, departamental o municipal se opongan o restrinjan de manera alguna la regla de circulación o libre negociabilidad reconocida expresamente a la factura, o exijan requisitos adicionales para su pago, con desconocimiento de las previsiones de la Ley 1231 de 2008.

El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo, virtualmente, las elecciones donde los contadores públicos eligieron a su representante, principal y suplente ante el tribunal disciplinario de la JCC para el período 2018-2021.

Por el cual se fija el lugar y los plazos para la presentación y pago de las declaraciones tributarias: anual del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros (año gravable 2017), mensual de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio (períodos gravables 2018). Adicionalmente, se adoptan otras disposiciones.

Con la implementación de la factura electrónica se busca eliminar del camino de quienes están obligados a presentar factura un circuito de tareas complejas y errores producto tanto del factor humano como de la poca efectividad de ciertos procesos y aportar otra serie de beneficios para la empresa.

Cuando se va a presentar la solicitud de liquidación de una sociedad, esta debe ser presentada a la Supersociedades por el deudor, o por este junto con sus acreedores. Se deben adjuntar documentos como los estados financieros básicos, el estado de inventarios de activos y pasivos, entre otros.

Las personas y empresas cuentan con una alternativa para solicitar créditos a través de internet. Los prestadores de este servicio deben tener en cuenta lo que dice el manual de responsabilidad financiera dentro de sus políticas de autorregulación, para así establecer sus procedimientos y crear un estándar de buenas prácticas.