Año: 2017

El sistema de información que soporta el control de detalle no necesariamente debe ser igual a los datos de la declaración de renta, por eso se implementó el reporte de conciliaciones. El itinerario sería sistema bajo Estándares Internacionales – Sistema fiscal – Reporte de conciliaciones fiscales.

Respecto de lo dispuesto en el artículo 1.2.1.18.5. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016, la Dian señala que al no desparecer el fundamento del derecho ni de hecho que dio lugar a la expedición del acto administrativo de la referencia (depreciación en un solo año para activos menores), y además, al no estar regulada la materia en el artículo 137 del ET, se mantiene la vigencia del mismo, por lo que de conformidad con esta regla procederá la depreciación de activos fijos en su totalidad, en el mismo año de adquisición cuyo costo de adquisición sea inferior a 50 UVT.

Así lo manifestó la ministra del trabajo, Griselda Janet Restrepo, quien es optimista pese a los distanciamientos que existen en las cifras propuestas.

El CTCP recuerda que, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 675 de 2001 los conjuntos de uso comercial o mixto se encuentran obligados a contar con revisor fiscal, contador público titulado, con matricula profesional vigente e inscrito a la Junta Central de Contadores, elegido por la asamblea general de copropietarios.

En línea con la política de reducción y simplificación de trámites que impulsa el gobierno nacional, se determinó la necesidad de modificar el procedimiento en línea para la inscripción por primera vez y expedición de tarjeta profesional del contador público o tarjeta de revisto profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, así como reducir los tiempos de respuesta, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias previstas para tal efecto, y por consiguiente, era necesario establecer una normatividad que permita reducir y simplificar el tiempo del procedimiento en mención, contemplado en la Resolución No. 000-0973 de 2015. Por lo anterior, la Junta Centra de Contadores expidió la Resolución 000-1002 del 18 de diciembre de 2017 con la cual se modifican algunas disposiciones de la Resolución No. 000-0973 del 23 de diciembre de 2015, y se establecen mecanismos de racionalización y simplificaciones en el procedimiento en línea para la inscripción por primera vez y expedición de tarjeta profesional de contador público o tarjeta de registro profesional de las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable.

El CTCP precisa que la participación en el lote proindiviso de la copropiedad y del revisor fiscal materializa una inhabilidad, la cual en un momento dado podría restar objetividad al revisor fiscal al momento de desarrollar su labor ante su copropiedad.

El comercio exterior del país sigue su ajuste, y este se evidencia tanto en el crecimiento de las exportaciones, como en el de las importaciones, ambos con un crecimiento de 4.8 % entre enero y octubre de este año.

Edición # 75 de enero del 2018 de la Revista ACTUALÍCESE.

La presencia de una infracción marcaria depende de la titularidad que se tenga sobre el derecho y de las actuaciones tomadas por el supuesto infractor, pues en caso de estar ante un derecho legalmente constituido por la norma andina y frente a alguna de las actuaciones establecidas como prohibidas por la Decisión 486 de 2000, se estará frente a la presencia de una infracción. La norma andina exige un uso de tipo comercial por parte de ese infractor, es decir, que el uso este encaminado en la explotación comercial del derecho, pues en caso de no ser así, no se estaría generando un uso que afectará al titular y que fuera castigado por la normatividad. Tratándose de registros sanitarios, estos son certificados expedidos por el INVIMA para permitir la comercialización de cierto tipo de productos, los cuales deberán cumplir con las normas nacionales y las reglamentaciones expedidas por esta Entidad. Por tanto, para determinar si un registro sanitario está afectando un signo distintivo, se deberá verificar la presencia o no de un registro de marca legalmente constituido, para luego establecer si el actuar del tercero incurre en una de las prohibiciones de la norma andina, y finalmente determinar si el uso dado tiene fines comerciales o no, pues la carencia de uno de estos ítems podrá llevar a la ausencia de la infracción.

La Contraloría General de la República informó que las autoridades económicas del país se deben movilizar y trabajar para superar el círculo vicioso del déficit y la deuda fiscal.

Es obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente de 5.000 smmlv y/o cuyos ingresos brutos durante el año anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 smmlv.

Ya se conocen los resultados finales de la investigación de la Contraloría General de la República sobre los perjuicios que dejó el mal manejo de esta empresa.