Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El 45,6% de los funcionarios están dispuestos a denunciar ante sus superiores los actos de corrupción. Sin embargo, se respira en el ambiente temor ya que podrían recibir represalias. Ausencia de valores éticos, principal causa de prácticas irregulares.
Los funcionarios públicos colombianos dicen estar dispuestos a denunciar los casos de corrupción que se presenten al interior de las entidades donde laboran, sin embargo, la mayoría desconocen que existan tales actividades ilícitas en sus lugares de trabajo.
Esta es una de las conclusiones que deja ver la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI) del 2014, elaborada anualmente por el DANE. Según los resultados, donde se indagó a más de 30.000 servidores públicos, el 45,6% de los encuestados a nivel nacional está dispuesto a denunciar ante sus superiores las irregularidades que se presenten en sus entidades. De igual manera, este punto marca un 36% entre los funcionarios a nivel territorial.
Respecto al año 2014, las cifras mejoraron ya que hace un año, el resultado fue del 31,8% y del 23,2%, respectivamente.
Aunque los porcentajes son alentadores, los trabajadores del sector público presentan temor debido a que podrían recibir represalias si se atreven a denunciar casos de corrupción. Rafael Merchán, ex director de la Secretaría de Transparencia, asegura en entrevista con El Espectador, que a los colombianos les da miedo hacer públicas las denuncias.
«Por mi oficina pasan diariamente muchos empresarios, funcionarios que me cuentan de las irregularidades que conocen, pero que tienen miedo a judicializar y llegar al fondo de estos casos. Ese, entre otras cosas, es el éxito que hemos tenido en el caso de la UNP, que aparte de un gran material documental que hemos podido recopilar, tenemos fuentes humanas que han estado dispuestas a contar qué era lo que pasaba allí».
Actualmente, Colombia está mal ubicada en los listados de corrupción. «En el índice de competitividad, que tiene como una de sus variables la corrupción, estamos muy mal ubicados. Se les pregunta a los empresarios cuál es el principal obstáculo para hacer negocios en Colombia y sigue siendo la corrupción, por encima de la infraestructura, la seguridad jurídica y otros tantos temas. Esto obedece a muchos factores; en primer lugar, a que no contábamos con una política anticorrupción», dice Merchán.
Volviendo al tema del sondeo del DANE, Jaime Torres, subdirector del departamento de la Función Pública, aseguró en El Tiempo que este arrojó que “6 de cada 10 servidores públicos no conocen ni han visto en su entidad prácticas ilegales, indebidas o de favoritismo. Eso nos deja ver retos importantes”.
El estudio también reflejó que los trabajadores de este sector tienen cada vez mayor conciencia de lo perjudicial que es la corrupción para el buen desempeño y cumplimiento de objetivos de las instituciones.
El 70,5% de los encuestados a nivel nacional y el 66,7% de los de nivel territorial coincidieron en que “la ausencia de valores éticos” es la principal causa de prácticas irregulares, incluso por encima de otros factores como falta de sanciones y de control administrativo, o los bajos salarios, entre otros.
Los resultados positivos también se derivan porque se han venido presentando espacios para que los trabajadores públicos participen en las jornadas de rendición de cuentas. En gobernaciones y Distrito Capital alrededor del 42% de los servidores públicos conoció o participó en la rendición de cuentas de su entidad, mientras que en el nivel nacional el porcentaje es del 28,9%.
La revista Semana en investigación realizada en julio del año 2011 asegura que el miedo y el estigma hacia quien denuncia es un punto a favor de los corruptos. “Los funcionarios no denuncian porque piensan que no va a pasar nada, también porque les da miedo a perder el puesto y al desprestigio, porque una forma de hacer quedar mal al denunciante es desprestigiándolo. También, por el miedo a poner en riesgo su vida”, dice Elizabeth Úngar directora ejecutiva de Transparencia por Colombia.
La protección de testigos y denunciantes en el país está avanzando en temas relacionados con el conflicto armado, pero no ocurre con quienes denuncian casos de corrupción. Por ejemplo, el atentado con puñal, contra la funcionaria de la DIAN que denunció un desfalco de la entidad. También se pueden contar las amenazas contra la trabajadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes que narró las irregularidades en la entrega de bienes incautados a la mafia o las amenazas contra el ex subdirector del IDU, Inocencio Meléndez, involucrado en el caso del carrusel de la contratación y quien intenta negociar con la Fiscalía.
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