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El Gobierno busca modificar la rebaja de penas por allanamiento a cargos y eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, 50% de los condenados por este tipo de delitos no pagan un solo día de cárcel.
Después de instalar la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción con sus nuevos miembros y presidir la reunión de la Comisión Nacional de Moralización, el presidente Juan Manuel Santos afirmó el lunes 23 de enero de 2017 en la Casa de Nariño que “después de ganar la guerra por la paz, tenemos ahora que ganar la guerra contra la corrupción”.
Durante estas reuniones fueron revisados los avances del año 2016 en la lucha contra la corrupción y se definió una hoja de ruta para 2017.
Esta declaración fue suscrita por el jefe de estado, los presidentes del Senado y la Cámara, el nuevo procurador general, el contralor general, el defensor del pueblo, el fiscal general, representantes del Consejo de Estado y la Corte Suprema, el ministro del Interior y otros altos funcionarios del Gobierno relacionados con la lucha contra la corrupción.
De acuerdo con Santos, esta declaración busca que “todas las ramas del poder público, no solo el Gobierno, compartan y hagan cumplir unos estándares mínimos en transparencia, acceso a la información y datos abiertos”. Se trata de tener abiertas a la rama judicial, al Congreso, órganos de control y entidades territoriales, no solo al Ejecutivo.
El mandatario agregó que “el compromiso es abrir el Estado de manera plena para que los ciudadanos lo puedan controlar”. Además, indicó que esta iniciativa cobra especial importancia durante la fase actual de implementación del acuerdo de paz, pues: “Los recursos que invertimos para el desarrollo del país, en especial los que vamos a invertir para el desarrollo del Acuerdo, muchos de los cuales vienen del exterior, deben estar y van a estar a la vista de todo el mundo”.
Además, el presidente Santos firmó el Decreto 092 del 23 de enero de 2017, que modifica el Decreto 777, el cual contiene el régimen de contratación para las entidades sin ánimo de lucro.
El jefe de estado consideró que dicho régimen especial se encontraba fuera de control, pues “era una herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado” y “Fundaciones creadas o manipuladas por personas corruptas eran y son usadas para contratar y robar los recursos públicos”. De igual manera, agregó que “también se usaban para financiar supuestas actividades de beneficencia, cuando en realidad era para otros fines”.
De acuerdo con Santos, mediante esta reforma “frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”.
Por otro lado, la modificación también sirve para identificar y rastrear los recursos ejecutados a través de subcontratistas, “que muchas veces son los verdaderos dueños de los negocios, y usan estas fundaciones fantasmas para contratar”.
Durante el lunes 23 de enero de 2017, Santos presentó dos proyectos de ley anticorrupción. El primero es el registro de beneficiarios reales, compromiso asumido por Colombia en la Cumbre Mundial Anticorrupción de Londres en mayo de 2016. Al respecto, el mandatario afirmó: “El beneficiario real de una empresa es el que controla un porcentaje de las acciones o derechos de voto, así lo haga a través de otra empresa o instrumento financiero”.
Este proyecto busca obligar a toda empresa que opere en Colombia a proveer información sobre las personas que realmente tienen un control significativo de la empresa, es decir, sus beneficiarios reales. Según afirmó el presidente, “Así podemos prevenir que se usen empresas o determinados instrumentos legales y financieros para fines de corrupción”.
El segundo proyecto de ley que será presentado al Congreso busca reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos y eliminar el beneficio de casa por cárcel para los corruptos. Como indicó el jefe de estado, “Queremos evitar los abusos a los que se está prestando esa figura”.
Santos consideró que esta figura no aporta ningún beneficio a la sociedad, pues “No está descongestionando el sistema de administración de justicia y no está sirviendo para disuadir a los corruptos. Todo lo contrario. Está generando un incentivo perverso. Por eso hay que acabar con esos excesos”.
Además, según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, 50% de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel y 25% reciben el beneficio de casa por cárcel. Así mismo, el 25% restante solo permanece recluido, en promedio, unos 22 meses.
El presidente también sancionó la Ley 1828 del 23 de enero de 2017, aprobada en diciembre de 2016, que establece el Código de Ética del Congreso. Al agradecer a los autores y ponentes de dicha iniciativa, Santos recordó que: “Esta era una deuda histórica del Congreso con el país desde hace 25 años”, ya que “Por fin los congresistas tendrán reglas de juego claras de comportamiento y procedimientos disciplinarios internos”.
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