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Un informe del Fondo Monetario Internacional indica que si se redujera la corrupción, se podrían generar cerca un billón de dólares extra en ingresos fiscales por año a nivel mundial. Combatir este flagelo también es sinónimo de reducción en el despilfarro y mejoramiento de la confianza del público en los gobiernos.
El Fondo Monetario Internacional –FMI–, en su informe Monitor Fiscal de abril de 2019, afirma que los países con menores niveles de corrupción tienen mayores ingresos fiscales. De igual forma, destaca que los países más corruptos presentan bajos niveles de eficiencia en su gasto social.
«La corrupción distorsiona la actividad del Estado y atenta contra los avances hacia un crecimiento económico sostenible e inclusivo. La corrupción ayuda a algunos a evadir impuestos, mientras otros terminan pagando más. La pérdida de ingresos fiscales también puede dificultarle al Gobierno el suministro de gasto social. Además, la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos disminuye cuando las decisiones del Gobierno responden al soborno y al nepotismo. En última instancia, la corrupción merma la confianza en el Gobierno y puede generar inestabilidad social y política», afirma la entidad en su informe.
El FMI afirma que comparando países con un nivel de ingreso parecido, los gobiernos menos corruptos recaudan 4 % más del PIB en ingreso tributario que sus homólogos más corruptos. En esa misma comparación, si todos los países redujeran hoy la corrupción en igual medida, que los que la redujeron durante las dos últimas décadas, el ingreso tributario mundial sería un billón de dólares más alto, traducido en 1¼ % del PIB mundial.
«Probablemente los beneficios serían mayores teniendo en cuenta que con menos corrupción habría más crecimiento económico, lo cual generaría aún más ingresos fiscales», indica el FMI.
En el mundo, países como Georgia y Rwanda, según el informe del FMI, han logrado reducir significativamente la corrupción, lo que se ha visto recompensado por una escalada del ingreso tributario como porcentaje del PIB, en 13 y 6 puntos porcentuales, respectivamente.
Los hechos demuestran también que la corrupción distorsiona el uso que el Gobierno les da a los fondos públicos. Los países menos corruptos dedican una proporción más alta de los recursos al gasto social (por ejemplo, entre los países de bajos ingresos, la proporción del presupuesto dedicada a la educación y la salud es un tercio más baja en aquellos sumamente corruptos). Además, los países más corruptos registran un gasto excesivo en la construcción de carreteras y hospitales, y sus alumnos en edad escolar califican peor en los exámenes.
El FMI también invita a la profesionalización de la administración pública, incluida la contratación basada en méritos, la necesidad de reglas fiscales simples y códigos comerciales, para evitar la tentación de sobornos.
Para lograrlo «es necesario un fuerte compromiso político para emprender reformas exhaustivas y profundas a instituciones más amplias (que abarcan no solo las políticas fiscales, sino también que haya tribunales efectivos y supervisión del sector financiero)».
De igual manera, los países deben garantizar la integridad de las operaciones fiscales básicas (recaudación de impuestos, compras, gestión de empresas). Finalmente, la transparencia y la supervisión externa (agencias de auditoría, prensa libre, etc.) son necesarias para promover la responsabilidad.
Para el FMI, combatir la corrupción no solo aumentará los ingresos fiscales, sino que reduciría el despilfarro, mejoraría la confianza del público en general en el Gobierno y puede también a ayudar a elevar los puntajes de las pruebas entre los estudiantes de las escuelas públicas. “Menos corrupción significa una menor fuga de ingresos y menos despilfarro en gastos, y una mayor calidad de la educación pública e infraestructura”, publica el informe.
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