A propósito de la normalización y el delito penal por omisión de activos y pasivos inexistentes – Manuel Felipe García & Lucas Solano

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  • Publicado: 26 septiembre, 2017

En el 2012, la Dian demostró un interés en disminuir la cantidad de activos omitidos y pasivos inexistentes de los residentes fiscales colombianos. Sus intenciones fueron mermadas por la Corte Constitucional quien determinó que eso era una amnistía, y que estas se encuentran proscritas en esta materia.

Dos años más tarde, a través de la Ley de reforma tributaria 1739 de 2014, el Gobierno introdujo la misma idea, pero esta vez se estableció como un impuesto con los cinco elementos característicos de todo impuesto. Todo esto dentro un marco de inclusión de mecanismos de lucha contra la evasión.

Al ser un impuesto complementario del impuesto de riqueza, sus plazos ya vencieron; no obstante, la Dian, en el comunicado de prensa 121, señaló que la posibilidad de normalizar finaliza el 31 de diciembre de 2017. Así, es claro que el plazo “ampliado” implica pagar las sanciones correspondientes (puede ser de extemporaneidad o de corrección, dependiendo de si se presentó o no declaración de riqueza) y los intereses moratorios a que haya lugar. Visto lo anterior, cabe decir que esta sigue siendo una opción muy ventajosa, en la medida que en caso de normalizar activos el próximo año lo harían a la tarifa del 33 % y en caso que sean requeridos por la administración habría que sumarle la mencionada sanción por inexactitud.

“la sanción por inexactitud pasó del 160 % al 200 %, siendo la sanción más alta en materia impositiva, lo que demuestra que la lucha contra la omisión de activos es una prioridad”

Luego de ser promulgada la Ley 1739, dos años más tarde fue expedida la Ley 1819; con ello, la sanción por inexactitud pasó del 160 % al 200 %, siendo la sanción más alta en materia impositiva, lo que demuestra que la lucha contra la omisión de activos es una prioridad para la administración tributaria y, de paso, para las cuentas fiscales nacionales.

Adicionalmente, con esta nueva reforma tributaria se incluyó todo un acápite de delitos contra la administración tributaria, entre los cuales está el criticado delito penal. Este delito va de la mano con lo introducido antes y busca desincentivar que las personas omitan activos o que incluyan pasivos inexistentes.

Entre las críticas más reiteradas que se ha puesto sobre este delito, están los siguientes: de una parte, que convierte a la Fiscalía General en un recaudador de impuestos, y de otra, que es inconstitucional en la medida que todas las personas que normalizaron activos se auto incriminaron en el delito proscrito por la ley, cosa que no está permitida en nuestra legislación.

Vale la pena preguntarse, 9 meses después de la reforma tributaria, cuántos procesos penales están siendo investigados por la fiscalía, tomando como base el delito penal en cuestión. De lo que sí tenemos certeza es que a la fecha más de 8.100 contribuyentes han normalizado activos omitidos por cerca de $11.3 billones de pesos, cifra nada despreciable, pero lejana de la que la Dian hace algunos años había estimado de activos de residentes fiscales colombianos no declarados (llegó a hablar de USD 30 mil millones, es decir, casi 90 billones de pesos).

Sobre el autor

Manuel Felipe García & Lucas Solano

Old Mutual Colombia – Wealth Management
Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores, y no reflejan necesariamente la posición de Old Mutual Colombia sobre los temas tratados.



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