A propósito de las reflexiones de Levy

Reiteradamente se habla de la necesidad de que Colombia aumente la productividad, para que pueda crecer y desarrollarse de manera sostenible e inclusiva.

Y, si bien son muchos los determinantes de la productividad –doce, según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial–, sin duda entre los más importantes está el del entorno institucional. De ahí se derivan las reglas del juego que explican el contexto social y económico.

La alta informalidad y la baja productividad en Colombia no resultan de la falta de inversión o educación, sino que son producto de los incentivos que genera el marco regulatorio.

A esta conclusión llegó Santiago Levy, investigador del Brookings Institution y director de la Misión de Empleo, en la presentación sobre productividad y protección social hecha con ocasión del Informe Nacional de Competitividad.

Según las cifras presentadas por Levy, con base en el Rues y el Dane, 81 % de las 7,2 millones de empresas que existen en Colombia son informales, mientras que el 97 % tiene menos de tres trabajadores.

Además, el 59 % del empleo se concentra en empresas de menos de cinco trabajadores, y se estima que estas concentrarían entre el 20 % y el 25 % del stock de capital.

De igual manera, la productividad empresarial es altamente dispersa: si bien la falta de un censo económico dificulta tener una visión integral de estas diferencias, los datos disponibles indican que las empresas más productivas del sector manufacturero pueden tener una productividad casi seis veces mayor que la de las menos productivas.

Por su parte, las empresas crecen poco, permanecen poco tiempo en el mercado y tienen una alta rotación de personal, lo que impide el desarrollo de economías de escala y de alcance, a la vez que dificulta el acceso tanto a crédito, a innovación y a adopción tecnológica, como al aprendizaje y capacitación de los empleados en el trabajo.

La alta concentración del trabajo y capital en firmas informales y de baja productividad, junto con la alta dispersión de los niveles de productividad empresarial implican, según Levy, que la razón detrás de la baja productividad de Colombia no sea la escasez de capital humano, sino el desperdicio de este y otros factores productivos, dada su concentración en el sector informal.

Para Levy, las regulaciones tributarias, de mercado y laborales –y particularmente la relacionada con la protección social– han generado, sin que ese fuera su propósito, un esquema que termina subsidiando a la informalidad y gravando a las empresas formales, premiando al sector menos productivo y castigando al más productivo de la economía.

Esto se debe a que el sistema de protección social fue construido en torno a la relación laboral, lo que ha ocasiona ineficiencias e inequidades en el funcionamiento y cobertura del sistema, y se convirtió en un obstáculo para la formalidad y la productividad.

Solucionar este problema exige reconocer que la baja productividad es producto de los incentivos que genera el marco regulatorio.

Repensar y llegar a un nuevo acuerdo social alrededor de temas como salario mínimo, pensiones, parafiscales y protección contra el desempleo es un requisito fundamental para que Colombia avance en productividad.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad