Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Cuando aparecen nuevos bienes de una sociedad que previamente ha cerrado un proceso de liquidación voluntaria o cuando el liquidador haya dejado de adjudicarlos estando inventariados, debe haber una adjudicación adicional, según los preceptos establecidos en el artículo 27 de la Ley 1429 de 2010.
Cuando aparecen nuevos bienes de una sociedad que previamente ha cerrado un proceso de liquidación voluntaria o cuando el liquidador haya dejado de adjudicarlos estando inventariados, debe haber una adjudicación adicional, según los preceptos establecidos en el artículo 27 de la Ley 1429 de 2010.
Inicialmente en el inventario del patrimonio de una sociedad en liquidación voluntaria, el liquidador debe realizar la relación pormenorizada de los distintos activos sociales y relacionar todas las obligaciones a su cargo, especificando su prelación legal, inclusive las que eventualmente puedan afectar el patrimonio, como las obligaciones condicionales, litigiosas, fianzas, avales etc., y mientras se define la exigibilidad de la obligación ante las autoridades correspondientes procede su provisión y reserva correspondiente, así lo establecen los artículos 234 y 235 del Código de Comercio.
El pago del pasivo externo de las obligaciones se hará por parte del liquidador designado respetando las disposiciones legales sobre la prelación de créditos conforme al inventario realizado, tanto de activos como de pasivos registrados en el mismo. Si sucede que no existe suficiencia de recursos para pagar las obligaciones, quedarán desde luego saldos insolutos, los que se registrarán de manera clara en la rendición de cuentas correspondiente.
El procedimiento descrito anteriormente debe registrarse debidamente en la rendición de cuentas finales, pues desde allí, el liquidador que asume la liquidación adicional, debe establecer qué obligaciones se encuentran pendientes de pago o están insolutas del inventario del patrimonio inicial, y cuál es su prelación, para proceder a asignar los recursos que extinguirán la obligación.
Es preciso hacer un análisis minucioso de las razones por las cuales no fueron incluidas oportunamente las obligaciones dentro del inventario del patrimonio social.
En la adjudicación adicional de bienes, corresponde al liquidador que se designe para tal efecto:
El liquidador inicialmente designado para adelantar la liquidación voluntaria cuenta con las facultades para custodiar, administrar, representar, accionar, defender y disponer de los activos de la sociedad.
En el desarrollo de su gestión responde hasta por cinco años contados a partir de la aprobación de la cuenta final de la liquidación, así lo prevé el artículo 256 del Código de Comercio. En este punto, no puede perderse de vista que el artículo 245 del mismo código, permite que la sociedad en trámite de liquidación voluntaria como ficción jurídica, prolongue su existencia jurídica aún después de registrada la rendición de cuentas en la Cámara de Comercio, pero únicamente y exclusivamente para aquellos procesos de carácter judicial o contingencias iniciados con anterioridad al registro de la rendición de cuentas en la Cámara de Comercio, a efectos de que se pueda establecer la exigibilidad o existencia de la obligación.
No es posible que contra una sociedad ya liquidada se inicien nuevos procesos, toda vez que no se cumple el requisito a que alude el artículo 53 del Código General del Proceso, este es, la capacidad para ser parte, pues una vez se liquida una sociedad desaparece la persona jurídica y con ella el atributo de la capacidad.
La Superintendencia de Sociedades es la entidad encargada de conocer sobre las acciones de responsabilidad contra socios y liquidadores, sin embargo, estas acciones tienen un término de prescripción establecido en el artículo 256 del Código de Comercio, las cuales se determinan de la siguiente forma:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
