Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las personas más propensas a cometer actos corruptos son individualistas y piensan en recompensas propias. Otra idea es que la corrupción se debe más al contexto social que a factores individuales. El resultado de la consulta anticorrupción deja mucho que desear de la mentalidad de los colombianos.
Según el más reciente índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia por Colombia, nuestro país mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, lo que quiere decir que la imagen que tienen los expertos sobre el sector público nacional en cuanto a la corrupción no ha cambiado. Además, el país cayó 6 puntos pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países (donde 180 es el más corrupto).
Frente al tema del soborno, en la quinta encuesta nacional de prácticas contra el soborno en empresas colombianas, también realizada por esta entidad, el 96 % de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios y el 51 % considera que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno. De igual forma, el 63 % de los encuestados considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios del sector público es obtener negocios.
Frente a lo anterior, Diego Ríos, director de servicios forenses en KPMG Colombia, afirma en Actualícese que son pocas las compañías que deciden invertir en conocimientos, metodologías y ambientes éticos a nivel interno. «La mayoría de las entidades que cuentan con programas de gobierno con componente ético fuerte son aquellas que se ven obligadas a tenerlo para un cumplimiento normativo, principalmente por leyes y regulaciones extranjeras. Infortunadamente, las empresas suelen operar enfocadas 100 % en metas económicas y descuidan significativamente el componente ético», explica.
Ni con el puesto deshonroso de Colombia anteriormente nombrado, ni con las cifras de corrupción empresarial, ni con los escándalos que vemos en los medios de comunicación tipo Odebrecht, ni con los políticos salpicados que todavía están sentados en el Congreso de la República, los colombianos cumplimos con la cifra de 12,1 millones de votos fijados como umbral para que la consulta anticorrupción fuera válida.
La consulta alcanzó el pasado 26 de agosto poco más de 11,6 millones de votos cuando se había escrutado el 99,41 % de las mesas. Como respuesta, Claudia López, una de sus promotoras dijo que los resultados se impugnarán y que presentarán en el Congreso, en forma de proyectos de ley, las siete preguntas formuladas a los colombianos. Por su parte, el presidente Iván Duque convocó a todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos sobre la agenda legislativa de lucha contra la corrupción. Pese a las buenas intenciones de los sectores políticos, la realidad es que el objetivo de decirle no a la corrupción y condenar a los corruptos no se cumplió.
David Andrés Ortiz Escobar, economista de la Universidad Externado de Colombia y quien fue uno de los investigadores de la serie de libros La Corrupción en Colombia, afirma que aunque no se superó el umbral, el resultado representa simbólicamente un mandato de la ciudadanía para que el Congreso saque algunos de los proyectos que estaban allí consignados.
«Desafortunadamente ni la consulta, ni ningún proyecto de ley que contenga los mismos puntos es la panacea para atacar la corrupción porque solo aborda algunas de sus manifestaciones, pero no sus causas estructurales que son el sistema clientelista, el sistema de descentralización y el esquema actual de control fiscal territorial», dice Ortiz Escobar en declaraciones a Actualícese.
José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dijo en el 2016 que vivimos una época de corrupción distinta, en la cual se ha dado un salto cualitativo hacia lo que se denomina corrupción a gran escala: «El abuso de poder en las altas esferas beneficia a unos pocos a costa de muchos y provoca perjuicios graves y generalizados a las personas y la sociedad. Muy a menudo este tipo de corrupción queda impune».
El revisor fiscal y consultor internacional Luis Alberto Penagos es tajante al afirmar que está comprobado que los funcionarios públicos, junto con los políticos, convirtieron en un fortín político toda actividad que dependa de un sueldo del Estado o de contratos del Gobierno. «Donde haya un “contratico” o un “puestico” que medio huela a política, allí aparecen los corruptos», sentencia.
“Casi que se ha conformado un cartel de la corrupción generalizada; basta con darle una mirada a mi artículo sobre el por qué Colombia en los últimos 10 años no ha subido de un 3,7 de calificación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Por eso es complicado que el Gobierno anuncie medidas contra ese flagelo; hay que empezar por reformar la Constitución en su artículo 247, para que no se siga haciendo esa figura, por demás, siniestra de la auditoría posterior y selectiva”, asegura Penagos.
Hernando Santamaría, psiquiatra y neurocientífico de la Universidad Javeriana, explica en El Espectador que existen varias hipótesis para responder a la pregunta de por qué somos corruptos. «Está la que asegura que las personas más propensas a cometer actos de corrupción son aquellas que se caracterizan por ser individualistas, que tienen baja empatía o que piensan continuamente en recompensas propias», describe.
Santamaría afirma que existen estudios científicos que apuntan a que la corrupción está más relacionada al contexto social en el cual se encuentra la persona. «Este mal pareciera estar más modificado y modulado a contextos sociales que a factores individuales de cada persona. Yo hablaría más de actos corruptos que de personas corruptas», dice.
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