Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
No actualizar el Código Sustantivo del Trabajo genera obsolescencias en el marco jurídico entre trabajadores y empleadores.
Se deben fortalecer y articular las políticas activas y pasivas de mercado laboral existentes con las estrategias de emprendimiento, e inversión de la economía.
Según datos del Dane, entre enero y agosto de 2019 el valor promedio de la tasa de desempleo fue de 10,5 %. Por su parte, la tasa de ocupación y la tasa de participación para 2018 fueron en promedio de 57,8 % y 64 %, respectivamente, mientras que para el año anterior se presentaron disminuciones cercanas a 1 % y 0,6 %, respectivamente.
Como lo publica el Consejo Privado de Competitividad –CPC– en su Informe nacional de competitividad 2019 – 2020, correspondiente al mercado laboral, varios factores estructurales podrían explicar el comportamiento de los anteriores indicadores.
«La reducción en el ritmo de crecimiento económico respecto a los niveles alcanzados durante el período de auge de los precios del petróleo, el lento dinamismo de sectores intensivos en mano de obra como la agricultura, la construcción y la industria, y la baja inversión en capital humano y su falta de pertinencia, han impactado negativamente la generación de empleo», indica el CPC.
A lo anterior se le suman las rigideces del mercado laboral colombiano que limitan la capacidad de las firmas para ajustarse al ciclo económico y crear nuevos puestos de trabajo formales, indica el CPC, entidad que entrega dos recomendaciones para que los índices del mercado laboral mejoren:
El Código Sustantivo del Trabajo –CST–, adoptado en 1950, ha sufrido pocas modificaciones desde dicha fecha, lo que ha generado ambigüedades y obsolescencias en el marco jurídico que rige las relaciones entre trabajadores y empleadores.
Por este motivo, el CPC recomienda modificar y actualizar del Código Sustantivo del Trabajo, «para que refleje de mejor manera el contexto económico y social del país, imprima mayor flexibilidad al mercado laboral y se adecúe a las nuevas relaciones laborales que se desprenden de las nuevas economías (la economía verde, la economía digital y la economía del cuidado)».
Dicha modernización debe incluir la reglamentación de los esquemas que flexibilizan la contratación y contribución a seguridad social con variabilidad en ingresos y duración de la jornada laboral (horas, días) que fueron incluidas en el PND 2018 – 2022.
De igual forma, el CST debe incluir un marco normativo adecuado para los esquemas de trabajo asociados a la economía colaborativa y a la gig economy, «de modo que se garantice un equilibrio efectivo entre la flexibilidad en los esquemas de contratación y despido con la protección de los trabajadores y su acceso al sistema de seguridad social», indica la entidad.
Frente a las elevadas tasas de desempleo que mes a mes se presentan en el país, las amplias brechas de capital humano y las tendencias hacia la automatización y la transformación tecnológica, se requiere definir una política de generación de empleo moderna, que compatibilice los esfuerzos por promover un entorno favorable para las empresas con la creación de empleo de calidad.
Al respecto, se plantean cuatro componentes que se refuerzan, entre ellos:
Para lograr la interacción de los anteriores cuatro componentes, desde el CPC se piensa que es necesario fortalecer y articular las políticas activas y pasivas de mercado laboral existentes con las estrategias de emprendimiento, inversión y diversificación de la economía.
«Ello incluye implementar el Sistema Nacional de Cualificaciones, fortalecer el Servicio Público de Empleo, dinamizar el rol de las empresas en los procesos de reentrenamiento y capacitación de la fuerza laboral a través de esquemas de cofinanciación y consolidar un modelo de servicios para la inclusión laboral enfocado a los grupos poblacionales con barreras de empleabilidad», indica el informe.
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