Administración tributaria como protagonista en el combate contra el cohecho y la corrupción


2 junio, 2016
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

La administración tributaria debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información entregada por un inspector fiscal o auditor por posible cohecho o corrupción a la autoridad competente, se mantenga de forma confidencial y así garantizar la seguridad de los empleados.

Las administraciones tributarias tienen un papel importante en el combate al cohecho y la corrupción. En el desarrollo de sus actividades los inspectores fiscales y los auditores se encuentran en posición de reconocer indicadores de posible cohecho o corrupción y la administración tributaria tiene la responsabilidad de ejercer sus atribuciones para asistir a otras agencias del Gobierno en la lucha contra estos delitos.

La administración tributaria ayuda combatiendo el cohecho y la corrupción de dos formas

En primer lugar, la administración tributaria es responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación fiscal en cada país. En la mayoría de los países, el cohecho y otros pagos relacionados con la corrupción no son deducibles. Los inspectores fiscales y los auditores deben tomar ciertas medidas a fin de poder identificar estos pagos y asegurarse que las deducciones no estén permitidas para efectos fiscales y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo con la legislación fiscal nacional.

Los pagos por cohecho y otros ingresos provenientes de la corrupción pueden ser gravados según la legislación fiscal nacional. A pesar de negar la deducibilidad por cohecho o gravar los ingresos o ganancias del cohecho y aplicar sanciones, las administraciones tributarias quizás no podrán poner fin definitivo a las conductas corruptas, pero deben hacer lo que se encuentre en su poder para limitarlas. Algunas personas y empresas continuarán aceptando los riesgos como un costo de hacer negocios. Sin embargo, mediante la aplicación de las leyes en sentido estricto, las administraciones tributarias reducirán los beneficios de la corrupción, enviando así un mensaje claro de que el cohecho y la corrupción no son prácticas comerciales aceptables.

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En segundo lugar, cuando en el curso de su trabajo un inspector fiscal o auditor descubre información que lleva a la sospecha de posibles actos de cohecho o corrupción, en la mayoría de los países la administración tributaria tiene la obligación de remitir estas sospechas a la autoridad competente o al ministerio público. Esto puede aumentar significativamente la probabilidad de conseguir un proceso judicial exitoso; también puede significar que paralelo al proceso judicial se pueden tomar medidas por la autoridad competente para recuperar los recursos procedentes de los actos de corrupción de las personas o empresas involucradas. Lo anterior garantiza que, en la medida de lo posible, nadie obtenga un beneficio económico de la corrupción.

“la administración tributaria debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que esta información se mantenga estrictamente confidencial y garantizar la seguridad de los empleados”

Cuando un inspector fiscal o auditor informa sus sospechas de posible cohecho o corrupción a la autoridad competente o al ministerio público, la administración tributaria debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que esta información se mantenga estrictamente confidencial y garantizar la seguridad de los empleados. Una política que proteja a los inspectores fiscales y a los auditores les permitirá hacer su trabajo con seguridad y motivará a otros a denunciar conductas similares. El contenido de dicha política puede variar dependiendo de las características de cada país y de su administración tributaria y debe basarse en una evaluación de los riesgos que enfrentan los inspectores fiscales y auditores en ese país.

Vínculos con el lavado de dinero

El cohecho y la corrupción son delitos determinantes para el lavado de dinero, por lo que si un inspector fiscal o auditor identifica indicios de posible cohecho o corrupción, debe también considerar si existen indicios de posible lavado de dinero. Si fuera el caso, el inspector fiscal o auditor de igual forma puede estar obligado a informar de ello a la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF–. Esto significa que la información descubierta por un inspector fiscal o auditor puede también dar lugar a una investigación de lavado de dinero.

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  • 2 junio, 2016
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