Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Cuando las administraciones tributarias invierten en tecnología se mejora el recaudo y reduce el fraude, así como los costos de cumplimiento tributario.
Gobiernos menos corruptos recaudan 4 % más del PIB en ingresos tributarios que los países que tienen los niveles más altos de corrupción.
El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias –CIAT– en su artículo ¿Cómo la digitalización puede aportar transparencia y eficiencia en la tributación?, destaca la forma en que las nuevas tecnologías son aliadas para las administraciones y previenen la evasión de impuestos, lavado de activos y actos de corrupción.
La pandemia está demostrando lo importante que es la digitalización de los gobiernos. Estamos frente a una oportunidad única de acelerar el paso hacia los gobiernos digitales, para reconstruir la confianza siendo más transparentes y eficientes impulsando el uso inteligente de las nuevas tecnologías y el análisis de datos.
La OCDE en su artículo La digitalización como estrategia anticorrupción dice que la digitalización puede alterar las oportunidades de corrupción al reducir la discreción, aumentar la transparencia y permitir la rendición de cuentas al desmaterializar los servicios y limitar las interacciones humanas:
El uso de tecnologías disruptivas y análisis de datos, como herramientas anticorrupción de los actores de los sistemas de integridad, dentro y fuera del gobierno, está creciendo.
Aquí también se observa un cambio por parte de las administraciones tributarias, las cuales están usando nuevas tecnologías para aumentar el cumplimiento tributario y prevenir el fraude fiscal.
El cumplimiento electrónico de obligaciones tributarias mejora la recaudación y reduce el fraude, así como los costos de cumplimiento tributario:
En Gran Bretaña, por ejemplo, se utiliza un software que analiza los datos de los contribuyentes y las redes sociales para identificar a los potenciales evasores de impuestos. Su algoritmo predictivo identifica a las personas con más probabilidades de cometer fraude fiscal y ayuda a diseñar acciones preventivas. Entre 2008 y 2014 obtuvo 3.000 millones de libras esterlinas en ingresos fiscales adicionales, a partir de los costos iniciales de 80 millones de libras esterlinas del sistema Connect, lo que representa un retorno de la inversión de 37,5 a 1 en sus primeros 5 años.
El Banco Mundial, en su documento Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption, en lo relativo al sistema tributario, trata el tema de los registros de beneficiarios reales.
Aunque todavía es un tema relativamente nuevo, el uso de registros disponibles públicamente de los beneficiarios reales de entidades corporativas está comenzando a tener un impacto de dos maneras: ayudando a hacer cumplir las leyes de enriquecimiento ilícito y ayudando a detectar y prevenir conflictos de intereses en la contratación pública.
El documento también trata el tema de intercambio de información y colaboración para delitos tributarios. El GAFI incluye los delitos fiscales en el conjunto de delitos determinantes designados con fines de lavado de activos, reconociendo explícitamente los vínculos entre los delitos fiscales y el blanqueo de capitales.
El artículo también cita una investigación del Fondo Monetario Internacional donde se analizaron más de 180 países y se determinó que los más corruptos recaudan menos impuestos, ya que la gente paga sobornos para eludirlos, por ejemplo, mediante lagunas tributarias concebidas a cambio de coimas.
Además, cuando los contribuyentes creen que el Estado es corrupto, la evasión impositiva se hace más probable.
El otro lado de la moneda muestra que los gobiernos menos corruptos recaudan 4 % más del PIB en ingresos tributarios que los países en el mismo nivel de desarrollo que tienen los niveles más altos de corrupción.
La lucha contra la corrupción requiere voluntad política para crear instituciones fiscales sólidas que promuevan la integridad y la rendición de cuentas a lo largo y a lo ancho del sector público.
La digitalización tiene el potencial de desencadenar un cambio de paradigma en la relación Estado y ciudadanos al acelerar el avance de un desarrollo más inclusivo, transparente y eficiente.
La digitalización abre nuevas posibilidades y oportunidades a los países y sus ciudadanos para desarrollarse. Aquellos países que mejor aprovechen el “tren” de la digitalización tendrán sin dudas mejores oportunidades de desarrollarse y brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
Si al 2030, según la OCDE, se puede cerrar la brecha digital, el PIB de América Latina podría crecer unos tres puntos porcentuales más al año. Esto generaría más de 700.000 millones de dólares de crecimiento de actividad económica y alrededor de 400.000 nuevos puestos de trabajo anuales. Conectar 11 millones de hogares de la región a Internet generaría alrededor de 400.000 puestos de trabajo.
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