Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Hasta el 30 de abril de 2021 tienen plazo las sociedades para implementar programas de transparencia y ética empresarial.
No será necesario conocer a qué sector económico pertenece, así como los activos e ingresos que haya reportado el año anterior.
Sociedades vigiladas por la Supersociedades aplican.
A través de la Resolución 100-006261 de 2020, la Supersociedades estableció una serie de criterios para determinar las sociedades que deben adoptar los programas de transparencia y ética empresarial –PTEE–.
Las sociedades que al 31 de diciembre de cada año cumplan con los criterios establecidos tendrán plazo hasta el 30 de abril del año siguiente para adoptar su respectivo Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Pablo Cordón Barrientos, director de plataformas GRC en Ethikos, afirma en dialogo con Actualícese que las empresas sí le están dando importancia a este tema. «Cada día lo hacen más. Las empresas están implementando programas de ética y cumplimiento, los cuales incluyen la implementación de mecanismos de denuncia«.
Explica que hay dos grandes razones por las que lo hacen. La primera, porque creen, y están convencidos, que este tipo de estrategias verdaderamente influyen en los resultados de la organización, y se preocupan por el clima y la cultura de valores de la organización.
La segunda, porque tuvieron un golpe fuerte debido a un fraude o un escándalo que afectó directamente a sus resultados y reputación.
La Circular Externa 100-000003 del 26 de julio de 2016 de la Supersociedades recomienda que establecer un programa de ética requiere del diagnóstico de las particularidades de la empresa que lo va a implementar, y que este quede incluido en el manual de cumplimiento de la compañía.
Quienes hacen parte de la organización se convierten en un filtro para prevenir y detectar conductas indebidas dentro de las compañías, motivo por el cual los vinculados a la organización deben estar en capacidad de ejecutar los procedimientos y de esta manera luchar contra la corrupción.
Se debe prestar atención y regular temas como entrega de regalos a terceros, política en materia de remuneraciones y pago de comisiones a empleados y contratistas.
De igual forma, gastos relacionados con actividades de entretenimiento, contribuciones políticas de cualquier naturaleza, donaciones, procedimientos de archivos y conservación de documentos, debida diligencia, entre otras acciones.
Para finalizar, existe la necesidad de disponer de canales de denuncia que permitan ‘recepcionar’ de manera anónima la información relacionada a acciones corruptas por parte de personas que hacen parte de organización o de terceros, indica la publicación.
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