Alivios crediticios agropecuarios durante el estado de emergencia

En medio del estado de emergencia se creó el Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria, en el que se establece una condonación parcial extraordinaria financiada con recursos públicos.

Con el fin de preservar la seguridad alimentaria se expidió el Decreto 0175 de 2026, adoptando medidas extraordinarias de financiamiento y alivio de pasivos para el sector agropecuario en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 150 de 2026.

Derivado de las inundaciones que afectan hoy al país, la pérdida de cultivos y ganado y el riesgo de deterioro de la cartera agropecuaria, se consideró pertinente adoptar medidas transitorias y focalizadas para contener los efectos en el crédito rural que comprometen hoy la estabilidad financiera de los productores y del Banco Agrario, FINAGRO y el Fondo Agropecuario de Garantías.

Bajo este contexto, con el fin de para sostener la capacidad productiva de los pequeños productores afectados, se ordenó la refinanciación de obligaciones contraídas antes de la emergencia mediante un traslado temporal del riesgo financiero hacia el sistema institucional.

En desarrollo de lo anterior, en la norma se creó el Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria, en el que se establece una condonación parcial extraordinaria financiada con recursos públicos. Esta figura, permitirá abonos directos a capital de hasta el noventa y cinco por ciento del saldo adeudado para pequeños productores de bajos ingresos con tope por beneficiario y que cumplan ciertas condiciones.

Además de lo anterior, se estableció un programa de compra de cartera agropecuaria mediante la enajenación de créditos a la Central de Inversiones, quien podrá celebrar acuerdos de pago a largo plazo que incluyan un periodo de gracia y la no causación de intereses.

De manera complementaria, se flexibilizaron transitoriamente los procesos de contratación directa y de cómputo de colocaciones sustitutivas de inversión obligatoria en títulos agropecuarios y se suspendieron los procesos ejecutivos contra pequeños y medianos productores en zonas afectadas.

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