Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Asobancaria tiene presupuestado el crecimiento económico de Colombia para 2018 en 2,6 %. Sin embargo, este se podría ver afectado por una serie de factores como son: el reajuste fiscal, la baja confianza del consumidor, la falta de inversión pública y la incertidumbre generada por las elecciones.
Aunque diversas entidades nacionales están proyectando un mejor desempeño económico nacional para este año, no se pueden desconocer riesgos latentes que, en caso de materializarse, afectarían ostensiblemente el proceso de recuperación económica. Desde el punto de vista de Asobancaria, según la edición 1120 de su publicación Semana Económica, los riesgos están asociados a:
La materialización de los anteriores riesgos se vería traducida en tasas de crecimiento para 2018 más cercanas al 1,8 % o al 2,0 %, estimaciones muy diferentes al 2,6 % que se viene manejando desde Asobancaria.
En los últimos meses la atención de los analistas, tanto nacionales como internacionales, ha girado alrededor de la política fiscal. Al respecto, la fijación de nuevas metas de déficit menos restrictivas para 2017 y 2018 generó incertidumbre frente al futuro de las finanzas públicas, en especial a partir de 2019, debido al significativo ajuste de 0,9 puntos porcentuales que deberá darse en el gasto del gobierno. Esta preocupación no pasó inadvertida por las calificadoras de riesgo, concretamente por Standard & Poor’s (S&P), quien al finalizar el 2017 redujo la calificación de la deuda soberana de BBB a BBB-.
Además de considerar las metas de déficit fiscal, la calificadora señaló con preocupación el elevado nivel de endeudamiento externo, que habría bordeado el 40 % del PIB en 2017 y que genera vulnerabilidades ante choques externos.
«En el corto plazo, no descartamos que otras calificadoras como Fitch o Moody’s revisen de igual manera la calificación del país. Cabe anotar que, si bien estas eventuales revisiones no significarían la pérdida del grado de inversión, sí se configurarían como un llamado de atención sobre las políticas fiscales que deberá implementar el gobierno entrante para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y con ello la estabilidad macroeconómica», plantea Asobancaria en su informe.
Por otra parte, otro factor que podría generar sesgos a la baja en el crecimiento es que la confianza de los consumidores se mantenga débil. Si bien el Índice de Confianza del Consumidor –ICC– pareciera haber mostrado un cambio de tendencia respecto a enero de 2017, continúa en terreno negativo y muy por debajo de su promedio histórico (12,5). En caso de no darse la recuperación esperada, el consumo de los hogares y la demanda agregada continuarían exhibiendo un débil desempeño.
Por su parte, uno de los aspectos que dinamizarían la economía en el presente año sería la ejecución de inversiones públicas de alto impacto. Dentro de estas sobresalen los subsidios a la financiación de vivienda y las obras de infraestructura vial, los cuales generarán un impulso importante al sector de la construcción. No obstante, la asignación de subsidios de vivienda por debajo de lo esperado, sumado a los problemas asociados a hechos de corrupción, a la imposibilidad de llegar a cierres financieros y a la insatisfacción de las comunidades (situaciones que han derivado a su vez en el impulso a consultas previas y en la oposición a la expedición de licencias ambientales que han retrasado la construcción de las obras 4G), podría atenuar dichos efectos.
También es oportuno mencionar que en un contexto de polarización creciente es posible que el debate político alrededor de las elecciones presidenciales de 2018 excluya los temas verdaderamente relevantes para la agenda económica del país. De no plantearse las discusiones en torno a las inaplazables reformas que requiere el país en materia pensional, tributaria y de gasto público, no solo será más difícil acometer las metas fiscales ya descritas, sino que también obstaculizarán las acciones de política pública necesarias para hacer frente a los lastres en competitividad y productividad que tanto aquejan al sector privado.
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