Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Por ser una medida inequitativa, costosa y porque violenta derechos adquiridos por parte de las AFP, el Gobierno no dio su aval para que la polémica iniciativa pensional continuara dentro del PND. Sin embargo, el Congreso es el que tiene la última palabra al respecto. ¿En qué consiste?
El Gobierno Nacional, a través del ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, retiró el 23 de abril su apoyo a la polémica iniciativa que permitiría a los trabajadores próximos a jubilarse cambiarse de régimen pensional, la cual se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo –PND–, y se conoció como amnistía pensional. Sin embargo, será el Congreso quien apruebe o no la idea.
«Existía una iniciativa parlamentaria para permitir que las personas, que presuntamente habían sido mal informadas al tomar su decisión de afiliarse al régimen pensional, pudieran pasarse de un régimen al otro, medida que el Gobierno no avaló, pero los parlamentarios están discutiendo el tema todavía», dijo Carrasquilla a los medios de comunicación.
¿Las razones? Desde el Gobierno piensan que la medida es inequitativa; costosa a nivel fiscal, ya que dicho costo fiscal se distribuye de forma regresiva; además se violentan unos derechos adquiridos por parte de los administradores de fondos de pensiones con efectos importantes en el mercado de capitales.
¿Por qué el visto bueno del Congreso? La proposición radicada en el PND fue firmada por cinco congresistas del Centro Democrático, dos del Partido de la U y otros más de Cambio Radical, Opción Ciudadana y del Partido Conservador. Para ellos, y como lo publica Portafolio, habría una mayor igualdad en el esquema pensional del país si se permitiera el retorno al régimen que resulte más favorable a los intereses del trabajador, lo que estaría en perfecta armonía con los principios constitucionales.
Sin embargo, este medio de comunicación recibió varias denuncias al respecto, sobre presuntos impedimentos que tendrían varios congresistas para debatir y votar este tema, ya que están muy cerca de pensionarse, y algunos, incluso, estarían tramitando el traspaso de un régimen pensional a otro.
Para Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, “esta es la típica iniciativa de Robin Hood al revés, en la que los más pobres y el grueso de colombianos terminarían sacrificados, pagando $50 billones en subsidios para pagar las pensiones de solo 170 mil personas de altos ingresos”.
El perfil de las personas a quienes principalmente impactaría la propuesta, es a un grupo de trabajadores con ingresos entre 4 y 25 salarios mínimos, con estabilidad laboral, 1.300 semanas cotizadas, en promedio, y edades superiores a los 53 años. “En ese grupo se encuentran personas de altos ingresos, es decir, principalmente personas que no necesitan que se les subsidien sus pensiones”, explicó Montenegro.
Este “mico”, agregó Montenegro, “va en contravía de los principios de equidad que propone el Plan Nacional de Desarrollo y que deben inspirar las políticas públicas”.
Además, el país vería como un inmenso número de personas se pasarían del régimen de ahorro individual al régimen de prima media para lograr subsidios. Adicionalmente, según Asofondos, se espera que cerca de 36.000 personas que se trasladen, no alcancen a cumplir los requisitos para pensionarse en el RPM, «por lo que la norma es una “trampa” para los trabajadores colombianos que tienen menor estabilidad laboral».
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