Juan Fernando Reyes Kuri explica que se creó la carpeta ciudadana digital, un archivo digital donde se almacenarán todos los documentos de los ciudadanos.
En Colombia, solo el 4 % de los trámites son en línea, por lo cual todos estos, a partir de la vigencia de la ley, deben realizarse de manera virtual.
Juan Fernando Reyes Kuri explica que se creó la carpeta ciudadana digital, un archivo digital donde se almacenarán todos los documentos de los ciudadanos.
En Colombia, solo el 4 % de los trámites son en línea, por lo cual todos estos, a partir de la vigencia de la ley, deben realizarse de manera virtual.
La nueva ley antitrámite, ya aprobada por el Congreso de la República, está a la espera de la sanción presidencial.
La idea que se tiene es compilar en un archivo digital gran cantidad de documentos que los ciudadanos utilizan a diario para solicitar y realizar sus respectivos trámites.
En Colombia, según el Departamento de Función Pública, existen 62.000 trámites. A esta cifra hay que sumarle que, como lo indica el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, nuestro país es el tercero de América Latina más demorado a la hora de hacer un trámite.
Juan Fernando Reyes Kuri, representante a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca y ponente de la ley explica en #CharlasConActualícese que el exceso de trámites genera tres efectos perversos:
El primero es que afecta los derechos, pues «cuantos más trámites haya y sean más complicados, es más complejo que los ciudadanos accedan a sus derechos».
El segundo punto es que los trámites propician la corrupción. «Está demostrado que entre más trámites haya hay más confusión y complejidad, y es aquí donde los funcionarios corruptos aprovechan para meter la mano y sacar tajada», indica.
Finalmente, afecta la competitividad, ya que los empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande, se quejan del exceso de trámites, los cuales se convierten en un obstáculo para crear empresa o mantenerse en el mercado de forma competitiva.
Según palabras de Reyes Kuri, esta ley busca hacer un Estado más ágil, simple, eficiente, que facilite los derechos de los ciudadanos, combata la corrupción y fomente la competitividad.
Una de las novedades que presenta la ley es la llamada “carpeta ciudadana digital”, un archivo digital en la nube donde quedarán almacenados todos los documentos que relacionan a cada ciudadano con el Estado.
«Entonces, cada vez que el Estado le genere un documento al ciudadano, este quedará guardado en dicha carpeta y cuando el ciudadano le presente al Estado un documento, este quedará almacenado en la carpeta», explica Reyes Kuri.
Con la carpeta se busca que los ciudadanos tengan sus documentos digitalizados en un mismo lugar.
Además, la carpeta servirá para que el Estado no le esté pidiendo a las personas los mismos papeles cada vez que vayan a hacer un trámite.
«Por supuesto, el acceso a esta carpeta es de uso restringido y solo el ciudadano puede autorizar a la entidad para que use los documentos que están allí», advierte.
El segundo beneficio que explica Reyes Kuri es que todos los trámites, a partir de la vigencia de esta ley, tienen que poderse realizar completamente en línea. «En Colombia solamente el 4 % de los trámites pueden hacerse en línea», afirma.
Las estampillas que hoy existen en los municipios dejarán de ser físicas para convertirse en estampillas electrónicas.
Lo que hacen las estampillas físicas es retrasar o imposibilitar que los trámites se hagan en línea, «además son un foco de corrupción», asegura Reyes Kuri.
Esta ley obliga que todas las entidades del Estado tengan una única ventanilla de atención al ciudadano, que sea centralizada y sea capaz de resolverle a este último todas sus dudas con los trámites, de forma integral.
«La idea es que no pongan a los ciudadanos como mensajeros del Estado. Andar de una oficina a otra sin que nos resuelvan la inquietud en el primero momento que llegamos. Esa oficina debe estar en capacidad de resolver todos los trámites», concluye Reyes Kuri.
Así las cosas, esta nueva ley antitrámite busca reducir el número de trámite que realizan los colombianos ante el Estado. Por tanto, esta será un complemento del Decreto Ley antitrámite 2106 sancionada en el 2019.