Reforma tributaria no cuenta con popularidad entre los colombianos y recibe críticas de analistas
Al 86 % de los colombianos no les gusta la reforma tributaria. Los analistas aseguran que dentro de dos o tres años tendrá que estarse debatiendo otra, porque la actual no resolverá, del todo, el problema de las finanzas públicas. Así pinta el actual panorama de la Ley 1819 de 2016.
Al 86 % de los colombianos no les gusta la reforma tributaria. Los analistas aseguran que dentro de dos o tres años tendrá que estarse debatiendo otra, porque la actual no resolverá, del todo, el problema de las finanzas públicas. Así pinta el actual panorama de la Ley 1819 de 2016.
A los colombianos no les ha caído nada bien la reforma tributaria. Esta es una de las conclusiones a las que se llega, luego de conocer los resultados de la más reciente encuesta realizada por YanHaas, donde la mayoría de quienes participaron, el 86 %, evaluaron negativamente la reforma tributaria y solo el 7 % se mostró de acuerdo con la medida.
A la par de la baja favorabilidad, a principios de este mes, la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó estudiar una demanda en contra de la reforma tributaria, que alega que varias de sus disposiciones son contrarias a los principios de equidad tributaria y por eso pide que sean ‘tumbados’.
Algunos artículos han sido demandados
La Corte aceptó estudiar la demanda que presentó el ciudadano Juan Esteban Sanín Gómez en contra de 11 artículos, entre los cuales resalta la creación del delito de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Para el demandante, el problema es que la reforma no deroga el impuesto de normalización tributaria por lo que, a su juicio, la propia declaración que haga el contribuyente será tomada como una confesión, lo que vulneraría el derecho que tiene una persona a no autoincriminarse. “Quien deba declarar el impuesto a la normalización tributaria estará confesando en contra de su voluntad y en contra de su derecho fundamental de no hacerlo, la existencia de un delito de la cual él mismo es autor”, dice la demanda.
También se demandó el artículo 237 de la Ley 1819 de 2016 que toca el régimen de tributación de las nuevas sociedades que inicien actividades en las zonas más afectadas por el conflicto, Zomac. El artículo dice que las nuevas sociedades, que sean micro y pequeñas empresas que estén en estas zonas y que cumplan con los montos mínimos de inversión y generación de empleo que defina el Gobierno, cumplirán con su impuesto de renta teniendo en cuenta una tarifa del 0 % entre 2017 y 2021, del 25 % de la tarifa general del impuesto sobre la renta entre 2022 a 2024 y del 50 % sobre la misma para los años 2025 a 2027. Si son nuevas sociedades, medianas y grandes empresas, tendrán una tarifa por los años 2017 a 2021 del 50 % de la tarifa general del impuesto sobre la renta, y del 75 % sobre la misma por los años 2022 a 2027. Para el demandante, esta disposición vulnera la libertad de empresa y los derechos a la libre competencia y puede ser discriminatoria entre empresas que hayan sido constituidas bajo el régimen Zomac y otras que no lo hayan sido.
Reglas de juego para empresas han cambiado
Por otra parte, y aunque ya van tres meses que la reforma tributaria entró en vigencia, todavía no es tiempo para conocer el impacto que tendrá para las empresas. Lo que sí se puede asegurar es que muchas empresas extranjeras que desean llegar al país, podrían estar replanteando este punto de vista. Por lo menos así lo ve el director general de la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, Enrique de Zabala, en Portafolio.
«La paz no es un tema que vaya a jalonar la llegada de empresas al país. A estas les importa mucho más la reforma tributaria que si hay paz. Las compañías van donde pueden hacer negocios, mientras que la seguridad se puede incluir en los planes de negocio», explica Zabala.
Para él, «la reforma tiene razón de ser, pero la gente de a pie va a sentir un impacto muy grande y eso puede afectar al consumo. Y en el caso de las empresas, muchas de las que estaban pensando en instalarse en Colombia ahora lo están pensando y, posiblemente, cambien sus planes y busquen otros mercados como Perú o México, ya que puede hacer que no sea tan evidente invertir aquí. El principal problema es que con la reforma se han cambiado las reglas del juego, muchas empresas llegaron con unas condiciones, por lo que si ahora las cambian, da sensación de inseguridad».
Puntos de vista, distantes frente al Gobierno
Anif y Fedesarrollo, por su parte, ya han puesto sobre la mesa la posibilidad de que se tenga que discutir otra reforma tributaria, dado que con esta no se cumplirá el objetivo de cubrir el déficit fiscal del país. «Vienen tiempos fiscales complicados. En esto tenemos una discrepancia con el Gobierno que ha dicho que no se requiere una reforma tributaria. Todos los analistas estamos viendo que la tarea quedó a medio hacer en materia de reforma tributaria», manifestó recientemente el director de la Anif, Sergio Clavijo, en medio del Seminario Macroeconómico realizado este mes en Medellín.
«No es muy claro que la reforma permita despejar el panorama de las finanzas públicas a más largo plazo. Posiblemente para el año 2019, 2020 el país se enfrentará al dilema de recortar drásticamente el gasto público o enfrentarse a una nueva discusión de reforma tributaria», aseguró por su parte el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar.
Para José Roberto Acosta, economista y miembro de Justicia Tributaria, la reforma tributaria que salió a la luz pública no es la misma que presentó la Comisión de Expertos creada por el Gobierno. «El Congreso sacó un caldo insípido con esta reforma tributaria. Los colombianos deben prepararse porque otra vez va a tocar girar cheques del bolsillo y pagar más impuestos, ya que la reforma no es estructural», dijo Acosta en un debate realizado con María Jimena Duzán.
Ricardo Bonilla, miembro de la Comisión de Expertos, aseguró en el mismo debate que «entre lo que se propuso en la Comisión, presentó el Gobierno y lo que se aprobó en el Congreso hay una fuerte brecha. La reforma finalmente se concentró en el IVA, el objetivo del Gobierno era el hueco fiscal».