Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para la entidad es indispensable una reforma tributaria estructural real, que resuelva los problemas de insuficiencia, inequidad y sesgo contra el crecimiento del sistema actual. Toda propuesta de reducción de impuestos deberá ser compensada con nuevos recaudos.
Fedesarrollo presentó una serie de propuestas económicas para que, en el marco de las elecciones presidenciales, sean tenidas en cuenta por los candidatos a la presidencia. Una de ellas gira alrededor de la de sostenibilidad de las finanzas públicas del país: la entidad plantea que es necesario hacer una reforma tributaria verdaderamente estructural para resolver los problemas de insuficiencia, inequidad y sesgo que atentan contra el crecimiento del sistema actual.
Para Fedesarrollo, el panorama de las finanzas públicas en Colombia es sombrío. La reforma tributaria de fines de 2016 ha resultado insuficiente para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal, norma que establece un límite al desfase entre los gastos y los ingresos del Gobierno para evitar perturbaciones macroeconómicas. El año anterior se cumplieron las metas fijadas por dicha regla gracias a una reducción del gasto y a ingresos extraordinarios derivados de multas a las empresas de telefonía celular, recursos que también permitirían cumplir las metas en 2018. «De ahí en adelante las perspectivas son preocupantes», asegura el informe.
Cálculos de Fedesarrollo muestran que si no se presenta una nueva reforma tributaria estructural que reduzca el gasto, el déficit fiscal superaría el 3,5 % del PIB entre 2019 y 2021, lo que constituye un grave desfase frente a lo requerido por la regla fiscal. En ese escenario, la deuda pública aumentaría de manera preocupante y las calificadoras de riesgo reducirían su calificación, lo que induciría una salida de capitales, mayor devaluación, mayor inflación y desaceleración económica.
Las causas de la actual situación de las finanzas públicas tienen que ver con los ingresos del Gobierno y también con su gasto:
El gasto del Gobierno como porcentaje del PIB en Colombia no es alto comparado con países de desarrollo similar. Sin embargo, el gasto público adolece de serios problemas de inflexibilidad, ineficiencia y falta de planeación, además de que no contribuye a mejorar la distribución del ingreso.
Entre los componentes más inflexibles del presupuesto sobresalen las transferencias a las regiones, ordenadas por la Constitución para atender principalmente gastos de educación y salud, el costo del déficit de las pensiones, el gasto en las fuerzas militares y de policía, los intereses sobre la deuda pública y los aportes al Sena y el ICBF, rubros que sumados representan cerca del 80 % del gasto público.
Esta inflexibilidad ha implicado que los recortes que ha tenido que hacer el Gobierno recientemente se hayan concentrado en la inversión, el rubro que mayor impacto tiene en el crecimiento.
El informe indica que las nuevas cargas tributarias deben recaer sobre las personas naturales y no sobre las empresas. Los impuestos a los dividendos y otros mecanismos para gravar las rentas de las personas que se encuentran en el nivel más alto de la distribución del ingreso deben ser parte fundamental de la estrategia.
Adicionalmente, la baja proporción de personas que hoy pagan impuesto de renta, menos de 10 % de los empleados formales, indica que hay que ampliar esta base gravable, bajando el ingreso mínimo a partir del cual se declara renta.
Paralelamente, hay que seguir avanzando en la reducción de la tarifa del impuesto de renta a las empresas, pero para financiarla se deben eliminar exenciones que no tengan sentido económico y tratamientos preferenciales con beneficios dudosos, como los que actualmente reciben las zonas francas. Además, es esencial adelantar una lucha decidida contra la evasión, mediante una reforma profunda de la Dian y la agilización de la aplicación de instrumentos, como la factura electrónica, que requieren inversiones importantes en tecnología por parte del Estado.
Finalmente, es necesario adelantar reformas que mejoren la eficacia y el rol redistributivo del gasto público. Se debe avanzar hacia una nueva manera de presupuestar el gasto a partir de programas, lo que permitiría medir mejor su eficacia. También, se debe racionalizar la asignación de subsidios a partir de una evaluación precisa de su impacto, focalizándolos en la población que realmente los necesita, caso, por ejemplo, de las pensiones subsidiadas que se concentran en los segmentos más ricos de la población.
* Fuente: Fedesarrollo
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
