Auditor no debería hacer acuerdo de entendimiento para políticas contables

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  • Publicado: 4 junio, 2015

Auditor no debería hacer acuerdo de entendimiento para políticas contables

Al momento de realizar una auditoría, no es conveniente que el auditor elabore un acuerdo de entendimiento para políticas contables con la entidad que está examinando, porque esto lo convertiría en un asesor y, por lo tanto, perdería su independencia.

Con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF– es necesario tener claras las políticas contables, especialmente desde el momento en que se inicia la aplicación de las NIIF.

El establecimiento de dichas políticas no significa que sean una camisa de fuerza, pues las mismas pueden ser modificadas según las necesidades y la justificación de la administración de la empresa, para el beneficio de los lectores de la información que contienen los estados financieros.

Los estados financieros pueden ser auditados y el profesional que realice esta labor deberá utilizar técnicas de reconocido valor técnico, como lo son las Normas Internacionales de Auditoría conocidas como NIA o IAS. En consecuencia, el auditor debe limitarse a verificar que la política que está planteada en los estados financieros, y contenida en las notas a los estados financieros cumpla con las NIIF, esa es su labor; no es conveniente que elabore un acuerdo de entendimiento, porque esto lo convertiría en un asesor y, por obvias razones, perdería su independencia.

Ahora, la administración de la entidad puede contratar una firma para que le dé su concepto, no sobre los estados financieros, sino específicamente sobre las políticas contables; para lo anterior, sí podría solicitar la asesoría bien sea de una firma de auditoría, o de un experto en NIIF.

En conclusión, la administración es la responsable de la preparación de las políticas contables; por tanto, es quien debe adoptarlas y sustentar los motivos por los cuales seleccionó determinadas políticas.

El auditor, cuando va a ejecutar su labor, no debe hacer recomendaciones sobre modificar o no modificar las políticas contables, pues en ese caso perdería su independencia. Su deber es emitir una opinión sobre si considera o no, que los estados financieros han sido preparados en congruencia con las políticas contables, y que dichas políticas se ajustan a la realidad de la empresa y a la normatividad sobre preparación y emisión de información financiera.

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