Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El área que lidera esfuerzos de cumplimiento es la auditoría interna, pero esta no tiene un papel preponderante en la toma de decisiones.
Personas de entre 31 y 40 años, con 2 a 5 años de antigüedad en la empresa, con título universitario, en su mayoría hombres, es el perfil típico del defraudador.
El COVID-19 y la crisis que se ha derivado de este ha hecho que el fraude corporativo y la corrupción al interior de las empresas hayan aumentado.
Una de las razones para que esto ocurra es que las áreas de control de riesgos carecen de personal suficiente, sumado a que muchos de estos profesionales se han visto en la necesidad de atender otras tareas al interior de la organización.
Al respecto, Pablo Iragorri, director ejecutivo de Inteligencia de Negocios e Investigaciones de Kroll Colombia, firma que acaba de adelantar un estudio acerca del comportamiento de este flagelo en las empresas a nivel global, asegura en El Tiempo que “en este contexto de crisis se conjugan con mayor frecuencia o facilidad ciertos factores que aumentan el riesgo y la exposición al fraude”.
«Los protocolos de los oficiales de cumplimiento y las áreas de auditoría interna han visto modificadas sus labores radicalmente en medio de la pandemia, por lo que la falta de control y monitoreo para evitar el fraude y la corrupción al interior de las compañías pueden aumentar», advierte Iragorri.
Desde Kroll, a través de una encuesta realizada, se indica que 704 auditores internos de empresas a nivel mundial manifestaron no tener confianza en los programas de gestión de riesgo o fraude de sus firmas.
Además, 4 de cada 10 consultados calificaron como regulares o malos dichos programas. De manera concreta, los resultados mostraron que el 41 % de los encuestados calificó como regulares o malos estos programas, el 35 % opinó que eran buenos; 16,5 %, muy buenos y 2,53 %, excelentes.
La investigación concluye que en el 41 % de las empresas el área que lidera los esfuerzos de cumplimiento es la de auditoría interna.
No obstante, a pesar de que el 91 % de las empresas declaró haber trabajado sobre prevención del fraude; menos de la mitad contestó que la auditoría interna juega un papel determinante al momento de la toma de decisiones en las compañías.
El estudio también revela que uno de los principales motivos para no lograr una gestión adecuada de riesgo de fraude en una compañía puede ser la falta de recursos humanos capacitados para tal fin.
Sobre este punto, el 80 % de los encuestados manifestó que se presentaba carencia en el personal para ejercer estas labores. El 15 % de las empresas cuya nómina es igual o superior a 50.000 empleados señaló que el departamento de auditoría interna estaba conformado por 15 personas o menos.
Jeisson Ramírez Morales, contador público, representante legal de Touché Asesores SAS, certificado por ACCA en NIA y con experiencia en revisoría fiscal, dice en Actualícese que los contadores públicos deben tener un conjunto de herramientas para combatir la corrupción al interior de las empresas.
“Experiencia, sólidos conocimientos técnico-normativos y mucho sentido común para identificar indicios de conductas que se salen de los lineamientos éticos o que puedan significar un abuso de las normas contables, tributarias, etc. Para estos temas es de gran ayuda tener conocimientos en auditoría forense y minería de datos”, explica.
Para él también se debe conservar la evidencia objetiva de las presuntas actuaciones indebidas, para luego informar de ello a la alta dirección de la compañía.
“Si los indicios de la conducta atípica también involucran a esta, de igual forma se deberá conservar la evidencia objetiva y, en este caso, acudir ante las autoridades pertinentes para denunciar los hechos”, indica.
La firma consultora BDO, en su informe Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019, establece los perfiles típicos de los defraudadores. El más significativo incluye a personas de 31 a 40 años, con 2 a 5 años de antigüedad en la organización, que tienen un título universitario y quienes son, en su mayoría, hombres.
En cuanto a los programas antifraude y anticorrupción presentes, estos deben obedecer a un sistema robusto de controles como un elemento disuasorio, así como a la adopción de mecanismos de prevención, detección y respuesta frente al fraude corporativo.
En este sentido, el programa más aplicado es el código de conducta, en el 67 % de las empresas; la auditoría interna, en el 59 %; los canales de denuncia anónimos, en el 50 %; el análisis de riesgos de fraudes, en un 35 %; la capacitación anual, en un 31 %; la debida diligencia de integridad, en un 29 %; el protocolo de investigación, en un 19 %; los indicadores de fraude, en el 16 % y los controles antifraude, en un 12 %.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
