Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En muchos casos, las pruebas que se presenten sobre fraude en la administración de un patrimonio o de lavado de dinero, pueden ser fabricadas o inexistentes, y le corresponde al auditor verificar su existencia.
La causa de la auditoría forense es determinar si existen los elementos suficientes del cometimiento de un delito que afecte el patrimonio público o privado.
La Asociación Interamericana de Contabilidad -AIC- en su informe La importancia del principio de legalidad y de seguridad jurídica en la auditoría forense analiza la importancia del principio de legalidad y de seguridad en la auditoría forense, y así lograr sentencias justas que respeten los derechos de las personas involucradas en los delitos por los cuales son acusadas.
La auditoría forense es una herramientas técnica que le permite al juzgador emitir un fallo, ya sea absolutorio o condenatorio, pues constituyen las pruebas fehacientes que efectivamente el procesado o procesados son culpables o no de los delitos que se le imputan.
«El juez al solicitar la práctica de un peritaje, que es el equivalente a una auditoría forense, tiene que hacerlo con base a los principios de legalidad y seguridad jurídica, con el objetivo de que el auditor, realice el encargo de acuerdo a la normativa legal o técnica aplicable al caso que se investiga», afirma el informe.
Por esta razón, el auditor tendrá que realizar el peritaje según los requisitos estipulados por las Normas Internacionales de Auditoría -NIA-.
Las auditorías forenses comenzaron a realizarse cuando las empresas fueron expandiéndose y diversificándose, haciendo necesario que las pequeñas y grandes empresas, que en un principio eran administradas por sus propietarios, al contratar gerentes que les ayudaran a administrarlas, recurrieron a auditores para que examinaran las cuentas y dictaminaran la no existencia de fraude en las operaciones realizadas por los gerentes contratados.
Al principio, el principal objetivo de estas era la detección de fraude o errores y el examen incluía en muchas ocasiones el 100 % de las transacciones de la empresa auditada. Esta auditoría es especializada en el descubrimiento, divulgación y atestación de fraudes, y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas.
De ahí la importancia del respeto y aplicación de los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Respecto a esto, el auditor nombrado debe emitir su dictamen según las normas legales y técnica aplicables al proceso específico que se esté investigando, ya sea un detrimento patrimonial o un lavado de dinero.
La auditoría forense procede cuando se pretende investigar un caso de fraude en los que se ve perjudicado el patrimonio de las entidades públicas o de las personas naturales o jurídicas o se está en presencia de actos relativos al lavado de dinero.
Es por ello que la auditoría forense se convierte en un importante instrumento para determinar la existencia de un delito relativo al detrimento patrimonial o al de lavado de dinero, ya que por ser una especialidad cuyo propósito básico es la investigación de fraudes, característica que la hace diferente a los otros tipos de auditoría, debe realizarse con apego al principio de legalidad y el de seguridad jurídica de los involucrados en la investigación.
«En muchos casos, las pruebas que se presenten sobre fraude en la administración de un patrimonio o de lavado de dinero, pueden ser fabricadas o inexistentes, y le corresponde al auditor, verificar su existencia», explica AIC en su documento.
La idea es analizar las pruebas con objetividad, imparcialidad, y de acuerdo a las normas legales y técnicas aplicables, para que con base a ello, se emita el dictamen que le permitirá al juzgador emitir una sentencia con pruebas suficientes y pertinentes, donde se respeten los derechos de los involucrados así como el patrimonio de las instituciones o personas.
La causa de la auditoría forense es determinar si existen los elementos suficientes del cometimiento de un delito que afecte el patrimonio público o privado, para que con base al dictamen que emita el auditor forense, el tribunal emita la respectiva sentencia.
«Por esta razón en el proceso judicial donde se procesa a una persona por atribuírsele el cometimiento de un delito relativo al detrimento patrimonial público o privado, o al lavado de dinero, el juez puede nombrar un experto para que desde el punto de vista contable jurídico y/u otra disciplina, relacionada al caso que se investiga, emita dictamen de valor técnico-jurídico, según su especialidad, para con base a este dictamen, se determine la existencia de los ilícitos por los cuales se procesa a las personas involucradas», explica la publicación.
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