Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Algunas compañías han promovido que las áreas de auditoría interna incorporen servicios de asesoría como parte de su plan de trabajo.
Sin embargo, se cuestiona el grado en el que debe ser considerada tal participación para no incurrir en riesgos relacionados con independencia y objetividad.
Hovana Capera Valbuena, directora de Auditoría – Financiero en KPMG Colombia, explica que, para una adecuada gestión administrativa las compañías contratan servicios de consultoría en diferentes áreas de especialización.
«Por ejemplo, a nivel de estrategia y tecnologías de la información, así como a nivel contable, de operación, entre otros. Estas áreas se tornan relevantes y son consideradas para mitigar los riesgos de la organización», afirma ella en el Boletín de Tendencias del mes de agosto de KPMG.
Con el objetivo de detectar estos riesgos, alertas tempranas o identificar controles apropiados, algunas compañías han promovido que las áreas de auditoría interna incorporen servicios de asesoría como parte de su plan de trabajo, que permitan agregar valor a los procesos y a la estrategia, más que solo procesos recurrentes de revisión.
«No obstante, se cuestiona el grado en el que debe ser considerada tal participación para no incurrir en riesgos relacionados con independencia y objetividad», advierte.
De acuerdo con las directrices para la auditoría, abordada desde el sistema de gestión ISO 19011, la cual orienta y brinda guías para planificar la auditoría, los objetivos de los programas en esta materia deben contemplar, entre otros, los siguientes puntos:
Así mismo, se aborda la auditoría como un proceso sistemático que considera principios como el de la imparcialidad y objetividad en las conclusiones.
«Los auditores deben ser independientes de la actividad auditada y actuar de forma libre contra el conflicto de intereses, manteniendo la objetividad para asegurar que todos los hallazgos y las conclusiones de auditoría se basen solo en la evidencia de auditoría», afirma.
Considerando los objetivos de los programas de auditoría, para ella es necesario o relevante, mantener estas consultorías orientadas a las prioridades de la dirección respecto de nuevos procesos, productos, estrategias o servicios asociados a las intenciones comerciales y que generalmente representan nuevos riesgos para las compañías.
De otra parte, las organizaciones deben trabajar en mantener un equipo auditor que reúna el conocimiento y habilidades necesarias, incluyendo la participación de expertos externos cuando sea necesario bajo la dirección del auditor.
«Con lo anterior se quiere decir que la responsabilidad de la compañía incluye el suministro de recursos suficientes y apropiados, tanto para el proceso recurrente de revisión como para la consultoría respecto de los asuntos priorizados según el nivel de importancia y riesgos asumidos», dice.
Frente a la independencia, es necesario que la participación de auditoría interna en procesos de consultoría no involucre la toma de decisiones finales, las cuales deben ser del funcionario con suficiente autoridad o el área delegada responsable; del mismo modo, los auditores no pueden ejecutar transacciones, diseños o procedimientos en general.
Una vez concluida esta participación, Capera Valbuena indica que en razón al mismo principio que resguarda la objetividad y prevención de conflictos de interés, el auditor no ejecutará trabajos de auditoría sobre los procesos en los cuales participó a nivel de consultoría.
«Sin embargo, esta limitación no es permanente ni extensa más allá de su propia participación. Por lo tanto, durante el proceso se deben precisar aspectos evaluados por el auditor, su nivel de injerencia, el diseño de controles en la primera línea de defensa que prevengan riesgos durante el período no sujeto a auditoría y el plazo en el cual se restringe la participación», detalla.
Dicho plazo, como práctica, se ha considerado aproximadamente de un año, aunque puede ser menor o mayor. En conclusión, un período suficiente y apropiado para asegurar la objetividad en los procesos de auditoría.
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