“Aunque recaudo de renta a personas naturales ha aumentado, 80 % proviene de personas jurídicas”


1 septiembre, 2020
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Para Germán Machado, se necesita un Estatuto Tributario con normas que reduzcan la evasión.

Normas tributarias han hecho que se cuente con un sistema más estricto con aquellos que tienen un mayor patrimonio.

Es urgente incluir medidas que sigan aumentando la progresividad del sistema tributario.

Germán Darío Machado, asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y docente de Economía de la Universidad de Los Andes indica que el Gobierno nacional está convencido de que buena parte de las exenciones tributarias existentes en el país no tienen un claro efecto sobre la equidad ni el crecimiento económico.

¿Se debe aumentar el número de contribuyentes, personas naturales, que paguen impuestos?

Hay que partir de un hecho central: no habrá reforma tributaria en 2020 y, como aún no hemos salido de la pandemia, tenemos que ser muy cuidadosos.

Hoy no sabemos exactamente en qué condiciones saldrá librado el país, ni cuál será el impacto total de la crisis económica de este año, que es la peor de la historia colombiana.

Actualmente la prioridad es la reactivación económica, y a partir de 2021 tenemos que pensar en el proceso de ajuste, recuperación y pago de la deuda del país.

Creo que un punto que necesariamente debemos continuar resolviendo es el desbalance enorme que hay en Colombia entre la carga de personas naturales y personas jurídicas.

Es impresionante que, aunque Colombia ha venido aumentado su recaudo del impuesto de renta a personas naturales, el 80 % del ingreso de renta proviene de personas jurídicas.

“Es claro entonces que uno de los elementos fundamentales para tener un sistema tributario más equitativo es la ampliación de la base de contribuyentes”

Además, solo un 15 % de todos los ocupados del país son declarantes de renta ante la Dian y solamente cerca de un 5 % es contribuyente del impuesto.

Es claro entonces que uno de los elementos fundamentales para tener un sistema tributario más equitativo es la ampliación de la base de contribuyentes.

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Continuar formalizando nuestra economía y mejorar la tributación en personas naturales permitiría implementar políticas progresivas de tributación de una forma mucho más clara, eficiente y transparente.

El Gobierno no es muy amigo de eliminar las exenciones tributarias; sin embargo, hay una comisión que las evaluará. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?

La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios existe porque su creación contó con el visto bueno del Gobierno nacional dentro de la Ley de crecimiento económico.

De hecho, la convicción del Gobierno es que buena parte de las exenciones tributarias existentes en Colombia no tienen un claro efecto sobre la equidad ni el crecimiento económico.

Por ejemplo, las cifras sugieren, con claridad, un camino que hemos planteado anteriormente.

Del total de beneficios tributarios (que suman 92,4 billones de pesos), las exenciones, exclusiones y tarifas diferenciales del IVA, que favorecen especialmente a las personas de más altos ingresos del país, representan 75 billones de pesos, es decir, más del 80 %.

Por eso, ante la necesidad de una estrategia fiscal por el equivalente a mínimo 2 % del PIB y la obligación de mejorar la estructura de los ingresos recurrentes de la Nación, la importancia de esta comisión es enorme.

Un equipo de expertos de primer nivel internacional entregará insumos para que la siguiente reforma tributaria mantenga los beneficios tributarios que ayuden a la reactivación de la economía, fomenten el empleo y la formalización y, a la vez, eliminen exenciones injustificadas.

¿Cobrar impuestos a las multinacionales de tecnología es una buena estrategia para incrementar el recaudo?

La carga tributaria para las empresas en Colombia es elevada y algunos ejercicios a partir de Doing Business-Banco Mundial mostraban que la tasa efectiva de tributación de una empresa en 2018 era del 71,2 %.

Por esa razón, y por el desbalance enorme entre personas naturales y personas jurídicas que comentamos, la Ley de financiamiento de 2018 y la Ley de crecimiento de 2019 establecieron unas reglas que se traducirán en una reducción importante de la carga a las empresas, con el fin de mejorar la competitividad, y estimular la inversión y la generación de empleo.

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Siendo así, en principio la forma de conseguir los recursos tributarios faltantes no debería ser insistiendo en gravar a las personas jurídicas.

En todo caso, este es un debate que llegará en su momento y que requiere de estudio y consenso en el escenario correspondiente, como es el Congreso de la República.

Los impuestos verdes, ambientales, parecen ser otra estrategia que tiene en mente el Gobierno. ¿Cómo estos pueden aportar al recaudo?

En Colombia ya tenemos algunos impuestos en ese sentido, como, por ejemplo, el impuesto al carbono.

Es claro que el país debe profundizar ese camino, principalmente para generar mayores incentivos a una producción más limpia y sostenible, y mitigar los efectos de las externalidades ambientales.

Además, por supuesto, es un hecho que el recaudo de Colombia en materia de impuestos verdes se encuentra en un nivel considerablemente bajo respecto a países desarrollados, países emergentes, países de la OCDE e incluso países vecinos de la región.

Estos impuestos podrían representan un recaudo adicional del orden de entre 0,5 % y 1,5 % del PIB, proveniente principalmente de impuestos relacionados con combustibles y las emisiones de CO2.

Y un impuesto para las personas con grandes patrimonios ¿cómo entra en esta ecuación de recaudo?

Con las normas tributarias de los últimos años el país ha logrado, gradualmente, un sistema tributario más progresivo y más estricto con aquellos que tienen más altos patrimonios.

Por ejemplo, en la Ley de financiamiento de 2018 y en la Ley de crecimiento económico de 2019 se incluyó una disposición que actualmente está vigente y que aplicará también en 2021, creando el impuesto al patrimonio para quienes tuvieran, al 1 de enero de 2020, un patrimonio líquido igual o superior a 5.000 millones de pesos.

Una vez esa disposición esté próxima a perder vigencia, el país deberá decidir su extensión, modificación o eliminación, en el marco de un consenso en el escenario correspondiente, que es el Congreso de la República.

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Lo cierto es que, pase lo que pase con ese impuesto en específico, es urgente incluir medidas que continúen aumentando la progresividad del sistema tributario colombiano.

Pese a que la Corte Constitucional no avaló la demanda contra el Estatuto Tributario. ¿se debería crear una nuevo?

El Estatuto Tributario fue pensado para un país de condiciones muy distintas, de manera que Colombia hoy necesita un estatuto moderno, mucho más eficiente y simple, que reduzca los índices de evasión (que implican un costo fiscal de 43 billones de pesos) y que, de manera muy decidida, contribuya a la equidad.

De hecho, en esa dirección ha habido avances muy importantes recientemente. Por ejemplo, con la Ley de crecimiento económico de 2019 se avanzó en la progresividad del impuesto de renta y se creó el mecanismo de la compensación del IVA para proteger a los hogares de más bajos ingresos, el cual ha sido muy exitoso y ha resultado muy importante en medio de la crisis de 2020.

Sin embargo, es claro que el Estatuto Tributario tiene muchos espacios de mejora en términos de progresividad, eficiencia y simplicidad.

Eso sí, la demanda a la totalidad de este fue más una estrategia mediática deliberada de los demandantes que otra cosa.

En realidad, la demanda pretendía resultados claramente inconstitucionales, fue abstracta y no se refirió a ninguna norma jurídica concreta. De igual manera, fue muy sorprendente que estuviera dirigida a “tumbar” la totalidad del Estatuto Tributario, como si ninguna de las normas sirviera.

Este tiene amplio espacio para ser mejorado y la muy necesaria reforma estructural del sistema tributario debe adelantarse sin olvidar que es y será competencia del Congreso de la República, con iniciativa del Gobierno nacional, y que es resultado de un trabajo de deliberación democrática.

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Última actualización:
  • 1 septiembre, 2020
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