Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En 2020 la disminución del impuesto de renta para empresas hará que el recaudo se reduzca en 1,3 billones de pesos.
Igualmente, descontar el ICA por parte de las compañías haría que el recaudo tributario pierda 1,7 millones de pesos para 2020 y 2021. ¿Qué hará el Gobierno para balancear sus cuentas?
Aunque el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que el nuevo proyecto de ley de la nueva reforma tributaria, presentado el 26 de noviembre de 2019, estaba enfocado a los más vulnerables, el texto mantiene beneficios tributarios a las empresas.
Como consecuencia, los cambios en exenciones, descuentos, disminuciones y otras “gabelas” le costarán al país, para el año 2020, una cifra aproximada a los 9,4 billones de pesos, según indican cuentas del Ministerio de Hacienda.
Esta reforma tributaria mantiene el descuento del 100 % del IVA a la importación de bienes de capital, lo que el próximo año le implicará a Colombia un costo fiscal de 6,5 billones de pesos; una cifra que crecerá año tras año.
De igual forma, la disminución del impuesto de renta para las empresas no se tocó. El efecto de esta medida en las finanzas del Estado se sentirá a partir de 2020. Por su parte, el recaudo se reducirá en 1,3 billones de pesos, cifra que disminuirá a 2,7 billones para 2021 y a más de 4 billones en el 2022, año donde la tarifa será del 30 %.
Las empresas también cuentan con la posibilidad de descontar el ICA, el cual es de 50 % entre 2020 y 2021, y de 100 % a partir del 2022. Por este ítem, y según cuentas del Ministerio de Hacienda, el recaudo tributario sufrirá una pérdida de 1,7 billones de pesos para los dos primeros años, y de más de 7 billones desde el 2023.
Rosa Cañete, coordinadora del programa de lucha contra la desigualdad de Oxfam en Latinoamérica y el Caribe afirma en entrevista con Actualícese que si se bajan los impuestos que pagan las empresas, suelen darse dos escenarios: 1) aumentan los impuestos que pagan las personas; 2) se reducen los recursos públicos y, por lo tanto, los servicios que deben garantizar los derechos de la ciudadanía.
“Hay que entender que el gasto tributario se utiliza para impulsar objetivos positivos para la sociedad en su conjunto. En el caso de los incentivos fiscales a las empresas, estos objetivos son aumentar la inversión o el empleo”, afirma.
El problema está, como lo describe ella, en que casi no se evalúa si esto se cumple o no, ni qué empresas están concentrando el beneficio que se otorga.
Otro obstáculo que se presenta es la falta de transparencia de las empresas que los reciben, y la escasez de estudios realizados en la región para determinar si estas exenciones están trayendo más costos que beneficios para la sociedad.
“Cuando los costos son superiores a los beneficios, cuando el beneficio se concentra en muy pocas empresas, o cuando el empleo generado es poco o de baja calidad entonces sí, es un llamado a la desigualdad”, explica.
Cañete afirma que los estudios económicos disponibles muestran que los incentivos tributarios constituyen solo uno de los factores que pueden afectar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, dado que existen otros elementos externos al sistema tributario que resultan más relevantes. Cañete nombra, entre estos, a la calidad de las instituciones, la calidad de la infraestructura, el tamaño del mercado y la estabilidad económica, política y social.
Como lo publica Portafolio, las anteriores reducciones en el recaudo de impuestos se compensaría con tres factores:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
