Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
No se trata de deslegitimar los incentivos tributarios, sino de cuestionar su uso generalizado e injustificado, sin verificar el cumplimiento de sus objetivos, ni su costo-beneficio, ni su impacto fiscal. Más de 250 beneficios tributarios han sido aprobados para consentir a los inversionistas.
En su documento Los mitos de la realidad tributaria del país: los precios del petróleo y las exorbitantes deducciones tributarias son los responsables de la crisis fiscal, Justicia Tributaria afirma que el Gobierno antes de proponer nuevas reformas tributarias, o una Ley de financiamiento como se le quiere hacer llamar ahora, para agregar cargas adicionales a los contribuyentes sin representación política en el Congreso, debería redefinir los objetivos tributarios. Esta tarea implica una inmediata revisión de los beneficios tributarios u otras deducciones, los cuales vulneran los principios de la tributación, y proceder a la eliminación de privilegios que explican el déficit fiscal, la reducción de la inversión social y los aterradores índices de desigualdad social.
Luis Álvaro Pardo Becerra, economista especializado en derecho minero-energético y derecho constitucional, y quien elabora este informe, dice que para «consentir a los inversionistas», los últimos gobiernos aprobaron más de 250 beneficios tributarios, sin que estos hubiesen sido evaluados por sus objetivos y sin estimar su costo-beneficio . Además, la mayoría de estos fueron aprobados sin períodos de vigencia y por lo tanto yacen a perpetuidad en el Estatuto Tributario.
«La complejidad del Estatuto Tributario regresivo y la larga lista de beneficios tributarios facilita la evasión y la elusión, de manera que el desequilibrio fiscal del Gobierno central se explica no solo por un manejo laxo del gasto público o la caída de los precios del petróleo, sino porque coloca a disposición de los interesados los instrumentos “legales” para reducir sus impuestos a cargo», afirma el documento.
Para Pardo Becerra, si el recaudo fiscal disminuye, el Estado recortaría su oferta de servicios públicos y sociales, reduciría la inversión social, el país se tendría que endeudar aún más, los activos de la Nación se continuarían enajenando y, por supuesto, los impuestos para los ciudadanos aumentarían.
Considerando los beneficios tributarios y otras deducciones que reducen la base gravable de las empresas (como los ingresos no constitutivos de renta, junto a otras deducciones), tasas nominales del 25 % podrían reducirse a tasas efectivas del 5 %, según datos entregados por la Dian entre los años 2010 y 2016.
Desde el 2014 el sector de minas e hidrocarburos, explica el documento, multiplicó el monto de sus beneficios y deducciones para contrarrestar el impacto de la caída de los precios del carbón y petróleo en el retorno de su inversión. Analizando las estadísticas de la Dian se puede determinar que en el período comprendido entre el 2010 y el 2016, el costo fiscal de todos los beneficios y deducciones del sector supera en promedio los 3.300 millones de dólares anuales.
Pardo Becerra dice que no se trata de deslegitimar los incentivos como instrumento político, sino de llamar la atención sobre su uso generalizado e injustificado, sin verificar el cumplimiento de sus objetivos, ni su costo-beneficio, ni su impacto fiscal.
«Frente a lo anterior, la Dian reportó la existencia de 253 beneficios tributarios vigentes al 2015, se trata de 253 instrumentos que son aprovechados por los contribuyentes para reducir la base gravable de sus impuestos y por esa vía disminuir el pago del impuesto de renta en el país», indica el documento.
Desde el punto de vista del economista, los beneficios tributarios generan inequidad horizontal, es decir, benefician a unos sectores de la economía y a otros no, así tengan los mismos niveles de ingresos, y fomentan la competencia desleal. De igual manera, generan inequidad vertical, ya que permiten a sectores de mayores ingresos disminuir su impuesto de renta versus otros contribuyentes que, con menores ingresos, no tienen ningún tipo de beneficio.
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