Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En Colombia se presenta un desequilibrio de fuerzas entre la rama Legislativa y Judicial en relación con la rama Ejecutiva. El Gobierno viene implementando medidas para combatir la corrupción, pero aún falta garantizar su efectividad.
Cinco entidades del Estado tienen un alto riesgo de corrupción, según revela un informe de Transparencia por Colombia, que hizo la medición en 85 entidades. En el informe se tuvo en cuenta, principalmente, la baja capacidad de entregar información pública (la medición se hace en una escala de 0 a 100, donde 0 es el nivel más alto de riesgo de corrupción y 100 el más bajo).
Las que lideran el ranking son la Agencia Nacional de Contratación Pública, con 52 puntos; el Ejército Nacional, con 51,2; el Consejo Superior de la Judicatura, 49,8; el Senado de la República, 45,4 y la Cámara de Representantes con un puntaje preocupante de 24,3.
El informe también midió el riesgo de las superintendencias, departamentos administrativos, las Fuerzas Armadas y los distintos órganos que componen las tres ramas del poder público. El informe de hace un año reveló que las 85 entidades del Estado están en promedio en un nivel medio de corrupción, con una calificación de 67,4 puntos de 100 posibles.
Luis Alberto Penagos, consultor internacional, Auditing Investigative Forensis y Miembro ACAMS, ALIFC, afirma que “está comprobado que los funcionarios públicos, junto con los políticos convirtieron en un fortín político toda actividad que dependa de un sueldo del Estado, de contratos con el Estado o de subvenciones del Gobierno, donde haya un ‘contratico’ o un ‘puestico’ que medio huela a política, allí aparecen los corruptos”.
“Por eso es complicado que el Gobierno anuncie medidas contra ese flagelo; hay que empezar por reformar la Constitución en su artículo 247, para que no se siga haciendo esa figura, por demás, siniestra de la auditoría posterior y selectiva”, dice.
Penagos agrega que “a quién le importa hacer auditoría después que ya fenecieron los contratos y se entregaron nuestros recursos; y como segunda medida modificar el Código Penal castigando con pena de cárcel, sin beneficios de ninguna clase, a todo aquel que se apodere de un solo peso de los dineros del erario y aplicarles la pena de muerte política”.
Transparencia por Colombia comparó los resultados de las entidades que componen las tres ramas del Poder Público y concluyó que hay un desequilibrio de fuerzas entre la rama Legislativa y Judicial en relación con la rama Ejecutiva, pues mientras las dos primeras obtuvieron un promedio general de riesgo de 34,9 y 59,1, respectivamente, el Ejecutivo logró un aceptable 68,1.
Por otra parte, las entidades con el más bajo nivel de corrupción y más transparentes son la Superintendencia de Sociedades (85,6); el Ministerio de Defensa (84); la Auditoría General de la República (83,3); la Superintendencia Financiera (82,8) y la Defensa Civil Colombiana (82,7).
La directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar, asegura en El Tiempo que los resultados muestran una mejoría en las medidas que toman las entidades nacionales para blindarse contra la corrupción, pero advierte que la carencia de puntajes más altos demuestra que todavía falta mucho trabajo por realizar para combatir este flagelo.
Ungar asegura que el documento de la organización lo que busca es presentar un panorama que se pueda trabajar a tiempo, ya que, y así lo reconoce en su informe, el Gobierno ha implementado medidas para combatir la corrupción, pero aún falta garantizar su efectividad.
“Aunque en líneas generales las entidades del orden nacional aquí evaluadas obtienen promedios un poco más altos que las alcaldías, gobernaciones y contralorías departamentales, el panorama en las entidades del orden nacional está lejos de ser satisfactorio”, dice la directora de Transparencia por Colombia.
“Las entidades nacionales obtienen una calificación promedio de 67,4 puntos de 100 posibles, señalando un riesgo medio. Como se observa, los niveles de riesgo alto y muy alto de fraude rondan a la rama Legislativa y Judicial, mientras que la Ejecutiva logra pasar apenas regular, y los órganos autónomos, encargados del control y la vigilancia, obtienen el promedio más alentador”, destaca Elisabeth Ungar.
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