Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En materia de normas antiabuso o antievasión, el proyecto de ley de financiamiento se quedó corto. Esa es la gran conclusión a la que llegaron los analistas tras haberlo conocido. Al final, el discurso que manejó el director de la Dian respecto a los evasores fiscales, quedó solo en palabras.
Hacia finales de septiembre de este año, el director de la Dian, José Andrés Romero había anunciado que se estaba trabajando para penalizar con cárcel la evasión de impuestos en el país. “Queremos proponer, para discusión, otros tipos penales para penalizar la evasión fiscal desde ciertos montos. Adicionalmente, poder penalizar la colaboración y la determinación con la evasión fiscal como, por ejemplo, cuando algunos asesores que no tienen escrúpulos le recomiendan a los contribuyentes y empresarios cometer este tipo de delitos”, dijo en su momento Romero.
El director de la entidad incluso llegó a hablar de penas por el delito de evasión fiscal. «La propuesta contempla que las penas sean progresivas, y en virtud de cuánto se evade se irán aumentando las penas. Quien evade más de 5.000 millones de pesos debe tener una pena superior al que evade 500 millones de pesos”. Añadió que los delitos de penalización de la evasión no deberían ser excarcelables en algunos casos.
Sin embargo, el anterior discurso se quedó en palabras. Esa es la conclusión de los especialistas, quienes afirman que en materia de normas antiabuso o antievasión el proyecto de ley de financiamiento se quedó corto.
Sin embargo, en materia de normas antiabuso o antievasión, el proyecto de ley no habría cumplido las metas, en comparación con lo que inicialmente se intentó establecer en foros y paneles sobre el tema. Juan Guillermo Ruiz, socio fundador de Posse Herrera Ruiz dice en Portafolio que “particularmente, la discusión dada en torno a la defraudación tributaria no se ve en el proyecto; sí se incluyen normas relacionadas con abuso y ventas indirectas, o algunos ajustes al precio mínimo fiscal del artículo 90, pero no se ve tampoco un planteamiento que modifique las normas antiabuso”.
Luis Álvaro Pardo, economista de Justicia Tributaria explica en dialogos con Actualícese que, aunque las últimas reformas han avanzado en la penalización carcelaria por razones de elusión, evasión, y multas significativas, es un hecho de que no han sido suficientes para atacar ese fenómeno. «¿Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los ciudadanos que tienen recursos escondidos en paraísos fiscales? Ofrecerles una amnistía no basta, pues el hecho de sacar esos recursos del país y evadir el pago de impuestos es una conducta que debería ser sancionada con mayor drasticidad», dice.
Durante el foro Evasión Fiscal, ¿debe ser penalizada?, Romero dijo que iban a tomar las medidas más rígidas que se hayan tomado en la historia de la entidad, frente a las personas que no cumplan sus obligaciones tributarias. Dijo que con la ley de financiamiento se presentarán una serie de delitos que serían penalizados con cárcel como el de omisión de activos y la misma evasión fiscal. «Se propondrán penas progresivas dependiendo del monto que se han robado; la posibilidad que desde cierto valor de defraudación fiscal no sea excarcelable el delito pagando la obligación tributaria», concluyó. Al final esto no se conoció.
Recalcó que la evasión fiscal es un delito en todo el mundo. «Quedarse con los impuestos de la nación, no pagar lo justo o no contribuir con lo que toca es lo más cercano a un peculado por apropiación, pero culturalmente no lo vemos. Y por esto hay que generar elementos penales. No se trata de meter a la cárcel a todos los colombianos que evaden impuestos, pero sí a cinco o diez para que los demás aprendan», afirmó.
Dijo que con la ley de financiamiento se presentará una serie de delitos que serían penalizados con cárcel, como el de omisión de activos y la misma evasión fiscal. «Se propondrán penas progresivas, dependiendo del monto que se han robado; la posibilidad que desde cierto valor de defraudación fiscal no sea excarcelable el delito pagando la obligación tributaria», concluyó.
En el mismo evento diversos participantes aseguraron que el derecho penal no debería asociarse al recaudo de impuestos. Juan Carlos Prías, socio de Prías-Cadavid Abogados manifestó que el derecho penal es un mecanismo de última instancia, que no debería estar en el recaudo de impuestos. Para él, la penalización con cárcel para los evasores de impuestos no es conveniente.
Francisco Sintura Varela, presidente de Francisco Sintura Abogados dijo, por su parte, que los contribuyentes obligados a presentar declaración de renta ante la Dian, y que presenten errores, no deberían ser perseguidos por el derecho penal. “Las inexactitudes son infracciones administrativas o, en el peor escenario, un acto de falsedad documental, pero jamás se debe extender la aplicación del Código Penal para hacer responsable al contribuyente de una inexactitud”, opina.
Finalmente, Juan Guillermo Ruiz manifestó que no todo incumplimiento tributario debe considerarse un delito. “Solo debería establecerse una defraudación manifiesta y clara. Los tipos genéricos me parecen peligrosos. El delito de defraudación fiscal debe estar en la legislación, pero debe ser claro, que evidencie el dolo”, declaró.
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