Contaduría Pública

A través del Concepto 0028 de enero 22 de 2021, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– indica que, si una entidad en un determinado período tiene la intención de liquidarse o de cesar sus operaciones, entendiendo que no existía otra alternativa, los estados financieros de períodos intermedios o de fin de ejercicio, elaborados y presentados con posterioridad a la decisión de la liquidación, serían los elaborados aplicando la Norma de Información Financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, es decir, de acuerdo con los lineamientos del anexo 5 del DUR 2420 de 2015.

En este orden de ideas, los elementos de propiedades, planta y equipo de una entidad en liquidación deben valorarse por su valor neto de liquidación; por ello, no procedería una distribución sistemática del valor del activo mediante la depreciación, puesto que esto solo aplica para las entidades que cumplan con los requerimientos de un negocio en marcha.

El CTCP señala que no entregar el certificado de antecedentes disciplinarios podría representar un incumplimiento de las obligaciones del profesional contable.

Mediante el Concepto 1170 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– determina las condiciones que se deben cumplir cuando se esté evaluando la hipótesis de negocio en marcha.
Se precisa que un ente económico no cumple la hipótesis de negocio en marcha cuando la administración o sus propietarios definan que no tienen la capacidad de evitar una liquidación o el cese de sus operaciones, o que no existe otra alternativa más realista que proceder con una de estas dos formas. De ser así, los estados financieros se deben preparar bajo las normas de información para entidades que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha.

Las certificaciones emitidas por un contador público con la finalidad de acceder al Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– deben cumplir con los requisitos del artículo 59 de la Ley 43 de 1990, es decir, deben ser claras, precisas y ceñidas extrictamente a la verdad.

El CTCP recomienda, entre otros puntos, que el contador incluya únicamente información que haya sido verificada previamente y que indique los soportes de donde se extrajo dicha información.

La Resolución 000-860 de 2020 adopta el reglamento interno del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores –JCC– y deroga la Resolución 000-129 del 04 de marzo de 2015, estableciendo así cuál es el funcionamiento de las convocatorias y deliberaciones, el quorum requerido para sesionar y las mayorías exigidas para tomar decisiones.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– aclara que no existe una inhabilidad expresa para que el profesional contable firme declaraciones a sus familiares en su calidad de contador público. No obstante, el contador debe evaluar antes la existencia de amenazas contra los principios fundamentales del Código de Ética.

Esto es así, por cuanto en el artículo 50 de la Ley 43 de 1990, que señala los servicios que el contador público no puede prestarle a las personas con quienes tenga relaciones de parentesco, no se encuentra restringido el del contador, sino únicamente los servicios de auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas y árbitro en controversia de orden contable.

Por medio de la cual, la Junta Central de Contadores –JCC– suspende los términos de sus actuaciones administrativas relacionadas con los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario, hasta tanto permanezca la medida de aislamiento ordenada por el presidente de la República como consecuencia del COVID-19.

Por medio de la cual, la Junta Central de Contadores –JCC– prorroga hasta el 13 de abril de 2020 la suspensión de los términos de sus actuaciones administrativas relacionadas con los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario, como consecuencia del COVID-19.

Por medio del cual se adopta el procedimiento interno de los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario contra los contadores públicos y las entidades que presten servicios propios de la ciencia contable, y se deroga la Resolución 000-0667 de 2015.

Por medio de la cual, la Junta Central de Contadores –JCC– suspende, entre el 17 y el 27 de marzo de 2020, los términos de sus actuaciones administrativas relacionadas con los procesos disciplinarios adelantados por el Tribunal Disciplinario, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional promulgada con la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, a raíz del COVID-19.

Como parte de las medidas que se han tomado en la entidad en el marco de la emergencia sanitaria, y entendiendo la actual situación de contingencia en que se encuentra el país para prevenir y contener el COVID-19, la Superintendencia de Sociedades tomó la determinación de modificar el calendario para la presentación de los estados financieros de las empresas con corte al 31 de diciembre de 2019.
De esta forma, la presentación de estados financieros prevista para iniciarse el próximo 30 de marzo se iniciará desde el martes 14 de abril hasta el martes 12 de mayo, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la empresa sin el número de verificación.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– realizó precisiones adicionales respecto de la inhabilidad que existe para que el contador público de una entidad actúe de forma simultánea como su representante legal.

Según el CTCP, en estos casos, al contador no le es posible establecer salvaguardas distintas a la de evitar asumir los dos roles. No obstante, en algunas situaciones puntuales el contador no estaría incurriendo en una inhabilidad; por ejemplo, cuando es el representante legal suplente, de manera que el representante principal certifique los estados financieros y el contador público los suscriba solo en calidad de contador.