Ley

El Congreso de la República expidió la Ley 2068 de diciembre 31 de 2020, mediante la cual modificó la Ley general de turismo, con el propósito de fomentar la sostenibilidad e implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos.

El Congreso de la República expidió la Ley 2070 de 2020, mediante la cual desarrolla nuevas medidas que permitan la reactivación y el fortalecimiento del sector cultural y de la economía creativa en todo el territorio nacional 

El Congreso de la República expidió la Ley 2069 de diciembre 31 de 2020, mediante la cual modificó establece un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicos de cada región.

Como consecuencia del aplazamiento de la Copa América 2020, debido a la pandemia de COVID-19, el Congreso modificó la Ley 2011 de 2019, en la cual se establecieron exenciones de impuestos y aduanas para la realización de dicho campeonato de fútbol.
La ley en mención señala que el nuevo nombre del certamen será “CONMEBOL Copa América Argentina-Colombia 2021”, y se reemplazará toda referencia al nombre que figuraba en la anterior Ley 2011 de 2019. Igualmente, prevé futuros cambios de nombre del torneo como consecuencia de una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su realización durante este año.

El Congreso de la República aprueba la Ley 2064 de 2020, mediante la cual se establecen estrategias para la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19.

Con la aprobación de la Ley 2064 de diciembre 9 de 2020, el Gobierno nacional concede beneficios tributarios tanto a personas naturales como jurídicas, contribuyentes del impuesto sobre la renta, que realicen donaciones que contribuyan al mayor acceso a la futura vacuna contra el COVID-19 y la posterior inmunización gratuita para toda la población colombiana.

La donación deberá contar con el aval previo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y deberá ser certificada por el gerente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Sin embargo, será el Gobierno nacional quien reglamente los requisitos para que proceda este descuento.

A través de la Ley 2060 de 2020, el Congreso de la República amplió la vigencia del Programa de Apoyo al Empleo Formal –Paef– hasta marzo de 2021, para lo cual realizó una serie de modificaciones a los decretos legislativos 639, 677 y 815 de 2020.

Por otra parte, también amplió la vigencia del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios –PAP– para subsidiar parte del pago de la prima de servicios del segundo período del año; por lo tanto, este programa se amplía hasta diciembre de este año.

El 22 de octubre de 2020, mediante la Ley 2061, el Congreso de Colombia aprobó el convenio para evitar la doble tributación internacional en el impuesto de renta y de patrimonio que se había suscrito con Francia el 25 de junio de 2015.

Dicha ley, de acuerdo con lo indicado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, debía ser enviada dentro de los seis días siguientes a la Corte Constitucional para que dicho organismo se pronuncie sobre si es o no una norma constitucional y pueda empezar a tener efectos prácticos.

A través de la Ley 2040 de 2020, el Congreso de la República pretende impulsar la contratación de personas adultas mayores que no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana.

El viernes 27 de diciembre de 2019 el Gobierno sancionó la Ley 2010 de 2019, llamada “Ley de Crecimiento Económico”, mediante la cual se busca mejorar el sistema fiscal del país, impulsar el desarrollo económico y, a su vez, beneficiar a los colombianos de menos ingresos.
Dentro de los aspectos más relevantes que contempla la norma se destacan la devolución del IVA al 20 % de la población más vulnerable, la reducción de cotización en salud del 12 al 4 % para los pensionados, incentivos tributarios para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años, modifican tarifas para profesionales independientes acogidos al SIMPLE, el límite para que los prestadores de servicios que contratan con el Estado se clasifiquen como responsables del IVA, entre otros aspectos.

Con la Ley 2005 de 2019 se crean incentivos tributarios para pequeñas, medianas y grandes empresas de productos de consumo masivo que compren productos elaborados con panela, provenientes de trapiches de economía campesina. Dicho incentivo consiste en el descuento del 100 % del impuesto de renta asociado a la venta de dichos productos durante 7 años, con posibilidad de prórroga de 5 años.
Cabe resaltar que mediante la Ley 2010 de 2019, más conocida como Ley de crecimiento económico, se deroga tácitamente el artículo 5 de la presente ley, lo cual quiere decir que para la vigencia 2020 los contribuyentes no podrán acceder a dicho beneficio.

Mediante la Ley 1995 de agosto 20 de 2019 el Gobierno limita el incremento del impuesto predial y fija una nueva modalidad de sistema de pago alternativo por cuotas, a la que podrán acceder los contribuyentes personas naturales propietarios de bienes o predios de uso residencial.
La norma también establece que los catastros ahora se regirán por el nuevo modelo del catastro multipropósito, implementado a través del artículo 79 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, y aprobado mediante el documento Conpes 3958, cuya meta es actualizar el 60 % del área catastral para 2022, y su totalidad para 2025.

El Gobierno nacional dejó en firme la Ley 1988 de 2019, cuyo objetivo es establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público. En la norma en mención también se estipula que en un plazo de 12 meses los ministerios de trabajo y del interior se encargarán de elaborar, formular e implementar la mencionada política pública.
Será función del Departamento Administrativo de Planeación Nacional hacer el seguimiento a la elaboración y ejecución de dicha política.