Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La ciberdelincuencia se ha acentuado con el paso del tiempo, más en los dos últimos años con la aceleración de la digitalización.
Para la Asobancaria, aumentar las penas para los ciberdelincuentes no se puede considerar una estrategia efectiva para disminuir los ciberdelitos.
La ciberdelincuencia afecta a todas las personas que utilizan medios informáticos. Su incidencia no depende del nivel educativo, edad u otro factor diferenciador. El actuar desde el anonimato que ofrece la virtualidad y la facilidad con la cual las personas comparten sus datos privados en entornos virtuales ha hecho que este delito se dispare en los últimos años.
La Ley 1273 de 2009 de delitos informáticos tiene un largo camino por delante para construir su relevancia si se compara con un delito ya consolidado como lo es el hurto calificado; así lo evidencian los resultados estimados para 2019, año de prepandemia.
En el semanario Banca & Economía de la Asobancaria, titulado Ciberdelincuencia en Colombia: ¿Qué tan eficiente ha sido la Ley de Delitos Informáticos?, se indica que el cibercrimen se ha venido acentuando con el paso del tiempo, más en los dos últimos años con la aceleración de la digitalización. Por esto surge la duda sobre si a más de 10 años de la expedición de esta ley ha sido efectiva y si aún es vigente.
Esta es una pregunta que para el sistema financiero constituye un factor fundamental en el cuidado del dinero de sus clientes. Aprender de qué manera podemos hacer más eficiente la política pública para mejorar la seguridad y la confianza de los canales de atención financiera es vital para avanzar hacia una digitalización más amplia del sector.Teniendo en cuenta la información que manejan los usuarios del sistema financiero, es claro que ellos son un objetivo frecuente de la ciberdelincuencia que busca acceder a datos sensibles para cometer fraude.
Al respecto, la Asobancaria afirma lo siguiente:
La diferencia entre el indicador de captura de delitos informáticos y el de hurto calificado nos muestra que frente a delitos similares hay una oportunidad de mejora en la eficiencia de los delitos informáticos.
Además, enfocar esfuerzos para estudiar las motivaciones de los ciberdelincuentes es una tarea fundamental para plantear mejores estrategias desde la política pública para disminuir los ciberdelitos:
Por esto, cuando se estudia la motivación económica de los ciberdelincuentes se puede saber a ciencia cierta qué variables influyen mayormente en su accionar y en qué enfocar esfuerzos desde la política pública.
Un resultado importante del análisis hecho por la Asobancaria es que aumentar las penas linealmente para los ciberdelincuentes no se puede considerar una estrategia efectiva para disminuir los ciberdelitos y ocasionar que las ganancias promedio de los ciberdelincuentes sean por lo menos cero.
Sin embargo, cuando se enfocan los esfuerzos en variables como la tasa de éxito de obtener información de los clientes y, transversalmente, la probabilidad de ser capturado por delitos informáticos, se pueden lograr resultados muy interesantes a la hora de disminuir el incentivo de beneficios económicos de los ciberdelincuentes.
Para bajar la tasa de éxito de obtener información de los clientes la concientización a través de la pedagogía es fundamental. Esta se logra a través de mensajes de prevención en los momentos clave en que los clientes ofrecen su información, como cuando realizan compras por internet en páginas ilegales o cuando reciben mensajes sospechosos.
De igual forma, mayores herramientas contra la ciberdelincuencia como las impulsadas por el gremio bancario para bloquear preventivamente los enlaces maliciosos pueden ayudar a bajar la efectividad de los criminales.
En cuanto a las medidas para aumentar la probabilidad de captura por delitos informáticos, es importante enfocar esfuerzos en la capacitación de la Policía, la Fiscalía y los jueces.
También se deben mejorar los canales de comunicación de estas entidades con los bancos, de tal forma que se tenga acceso oportuno a las evidencias digitales y, por último, debe existir una mayor coordinación entre entidades del Gobierno como Colcert, CSIRT Gobierno, la Policía y la Fiscalía en materia investigativa.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
