Cifras de la Contaduría muestran mejoría en finanzas del estado

El pasado 19 de septiembre la Contaduría informó a través de una rueda de prensa una muy positiva mejoría de los balances de las entidades públicas de carácter nacional y regional.

El Contador General de la Nación, Jairo Alberto Cano, presentó un informe con cifras a junio del presente año, donde se recoge información de 372 entidades públicas nacionales y cerca de 2 mil territoriales sobre el comportamiento de cuentas como el patrimonio, los pasivos, los ingresos, los gastos, el nivel de endeudamiento, entre otras.

Una de las conclusiones gruesas del informe es que el patrimonio del sector público consolidado (a junio de 2005) aumentó en un 49.6% con relación a diciembre 31 de 2004, una cifra que no deja de ser sorprendente, más si miramos las cifras de gobiernos anteriores que presentaron incluso detrimiento patrimonial público.

En el rubro de Patrimonio de las empresas públicas, los indicadores mostraron una mejoría del 32,5%, reduciendo el déficit de -50 billones a -34,1 billones, a junio pasado.

Esta mejoría se explica por un más juicioso ejercicio de control que permitió un crecimiento mayor de los activos contra los pasivos, la disminución de la deuda externa tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos territoriales y municipales, por diversas acciones del gobierno y el banco de la Republica.

En este reglón, tienen directa influencia los mayores precios internacionales del petróleo que le han generado mayores regalías al país, así como la revaluación del peso con respecto al dólar estadounidense (el monto de la deuda pública externa se redujo en un 11% por este factor).

Esto coincide con un increíble recaudo de impuestos jalonado por el BME (boletín de morosos del estado), una economía más sana por la compra de bonos de deuda, así como un balance general positivo del gobierno que lo tiene en un histórico 80% de popularidad en la recta final de su mandato.

Otros indicadores positivos son el aumentó la inversión pública, la disminución de los gastos de funcionamiento y la defensa del tesoro público en casos de demandas contra el estado.

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