Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Un total de 44 personas han sido imputadas en el escándalo de los Panamá Papers respecto a Colombia. La mayoría son revisores fiscales, representantes legales o contadores públicos. La semana anterior se conoció una estrategia llamada Proyecto Colombia, con la cual este hecho de corrupción sigue adelante.
El 3 de abril de 2016 reventó el escándalo de los Panamá Papers cuando se filtraron 11,5 millones de documentos de clientes de la firma Mossack Fonseca. En mayo de ese mismo año, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación –ICIJ– filtró el listado completo de las 214.000 empresas offshore en 21 países vinculadas a este escándalo. En ese entonces, figuraban 1.245 colombianos, 233 intermediarios y 679 direcciones relacionadas con nuestro país.
En mayo de 2016, la Dian anunció que tenía en su poder 60 expedientes completos para sancionar a los involucrados en este escándalo, de los cuales 10 tenían connotaciones penales y fueron remitidos a la Fiscalía. La entidad, en ese entonces, determinó que el 65 % de las sociedades y personas naturales con inversiones en Panamá, no habían declarado sus activos en Colombia.
De igual manera, 50 auditores estaban realizando las investigaciones requeridas y se contaban con 60 expedientes listos para iniciar procesos de fiscalización por posible evasión de impuestos.
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que se contaba con evidencias de que había sociedades que hacen inversiones en el exterior y las declaran ante el registro de cambio de inversión extranjera del Banco de la República, pero eso es muy distinto a declararlas desde el punto fiscal y tributario.
“Quienes tienen inversiones en el exterior, no es suficiente que hagan el reporte de inversión extranjera en el Banco de la República, este es un requisito cambiario. Deben haber llenado la declaración de activos en el exterior, que es el requisito tributario en la ley colombiana”, afirmó el titular de la cartera de Hacienda.
En lo que se ha conocido hasta el momento de este escándalo, el capítulo Colombia ya suma 44 personas imputadas; la mayoría revisores fiscales, representantes legales o contadores. Con colaboración de la Dian y las autoridades panameñas, 14 sociedades colombianas han sido rastreadas por la transferencia irregular de recursos al exterior o falsificación de contabilidad, lo que se traduce en imputaciones a 44 personas naturales vinculadas a los Panamá Papers.
El pasado 20 de junio esta historia escribió un nuevo capítulo cuando el diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo 1,2 millones de nuevos documentos. La página connectas.org dio a conocer que un conjunto nuevo de documentos revela lo que ocurrió después de las primeras revelaciones periodísticas que se conocieron hace un año.
En la investigación se asegura que se creó una estrategia llamada Proyecto Colombia con la que se recaudó información que no conocía de sus clientes para atender el volumen de reclamos, aclaraciones y exigencias. Una vez conocidas las primeras filtraciones, varios dueños de las sociedades offshore que aparecían en los documentos reclamaron a Mossack Fonseca su ‘descuido’, y como la Dian empezó a indagar a quienes figuraban allí, la firma de abogados abrió esta operación.
«El tsunami provocado por las revelaciones de 2016 y la falta de suficiente información sobre los antecedentes de sus clientes, llevó a la firma Mossfon a abrir una operación especial denominada “Proyecto Colombia”, para conocerlos al cien por ciento. La estrategia consistió básicamente en cubrir sus vacíos de información y requerir documentación sobre la procedencia de los fondos, pruebas de residencia o copias de pasaportes, entre otros aspectos específicos. Con estas solicitudes quedó en evidencia que Mossfon no conocía completamente a sus clientes y que tampoco fue riguroso a la hora de aceptarlos», publica El Espectador.
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