Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF, afirma que esta posición privilegiada es el resultado del fortalecimiento del sistema antilavado en Colombia y las buenas prácticas implementadas en el país en los últimos años. Colombia obtuvo una calificación de 4.57, ubicándose con un bajo riesgo.
Según el último informe del Instituto de Basilea sobre gobernanza, Colombia está entre los 22 países con menor riesgo de lavado de activos en el mundo, posición que ratifica a nuestro país como líder en América Latina y el Caribe en materia de antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Desde el 2012, el Instituto de Basilea sobre Gobernanza publica el ranking mundial del índice antilavado, como una forma de medir el nivel de riesgo de los diferentes países respecto del lavado de activos y la financiación del terrorismo. El informe evalúa 14 indicadores relacionados con regulación, corrupción, estándares del sector financiero, transparencia pública y leyes, entre otros.
Por otra parte, el indicador de Basilea AML, busca valorar el progreso de los países y la calidad de sus avances a través del tiempo. En el último informe, Colombia se encuentra en una mejor posición que países referentes en el mundo tales como Reino Unido, Alemania, España, Canadá y Estados Unidos.
Juan Francisco Espinosa, director de la UIAF, dice que «esta posición privilegiada es el resultado del fortalecimiento del sistema antilavado en Colombia, así como de las buenas prácticas implementadas en el país durante los últimos años».
Así mismo, Espinosa agrega que lo anterior:
«(…) es el producto de los procesos de innovación en materia de tecnología (software, hardware, métodos) que han permitido mejorar exponencialmente las capacidades de análisis en la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- para conseguir mayor efectividad en materia detección, en medidas cautelares y extinción de dominio».
Teniendo en cuenta que el ranking de Basilea AML está basado en indicadores cualitativos que miden la vulnerabilidad de los países respecto al riesgo, hay que destacar que la política pública llevada a cabo en Colombia ha servido para minimizar la vulnerabilidad de los diferentes sectores de la economía nacional. Igualmente, hay que destacar la articulación efectiva entre todas las entidades nacionales encargadas de enfrentar los fenómenos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el país.
El puntaje para la clasificación de los países es el siguiente: 3,04 – 4,9 (bajo riesgo), 33 países; 4,9 – 6,75 (riesgo medio), 79 países; y 6,75 – 8,6 (alto riesgo), 41 países. Colombia obtuvo una calificación de 4.57, ubicándose dentro del listado de las naciones con bajo riesgo frente al lavado de activos. «Colombia se encuentra en el grupo de los 33 países considerados como de bajo riesgo frente al delito del lavado de activos, entre los que están Alemania, Estados Unidos, España, República Checa, Noruega y Francia, entre otros», explica Espinosa.
En América Latina y el Caribe, los países mejor calificados son: Colombia (N°125), Chile (N°109), Dominica (N°104) y Uruguay (N°101). Los peor posicionados son Paraguay (N°16), Haití (N°17), Bolivia (N°23) y Panamá (N°30).
Espinosa destaca también la forma en que el sistema financiero se viene blindando contra la entrada de recursos ilegales, así:
«La labor del sector financiero es la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo que se encuentran latentes en las operaciones que cursan en el sistema, es por esto que, para mitigar su materialización y la de sus delitos subyacentes las entidades aplican medidas exhaustivas de conocimiento de clientes y beneficiarios finales, establecen modelos de monitoreo de clientes, al igual que procesos, políticas, criterios y medidas».
En Colombia, la legislación contra el lavado de activos se divide en regulación penal y administrativa: en la primera, se encuentran las conductas delictivas a partir del artículo 323 del Código Penal; y en el segundo caso, para el sector financiero se tiene la Circular externa 055 de 2017, que es la versión más reciente del SARLAFT o Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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