Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El primer señalado es el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla por querer aumentar el recaudo a través de más impuestos. El Grupo de los 100 establece que de la mano del IVA la ley de financiamiento es regresiva y devolver este impuesto a los más pobres es sinónimo de desequilibrio fiscal.
La Asociación Centro de Estudios Grupo de los 100 presentó el 19 de noviembre de 2018 un informe titulado Una mirada al Estado, a la economía y a la sociedad: propuestas para un mejor país, en el que entrega una serie de razones por las cuales no es necesario aprobar el proyecto de ley de financiamiento.
Desde el punto de vista de la asociación, el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, al momento de presentar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto general de la nación, ya tenía la información económica necesaria para que este le fuera aprobado, lo que significa que antes de someterlo a aprobación Carrasquilla ya era consciente del faltante financiero para solventar la administración y el gasto público del aparato estatal.
«Es fácil concluir que él mismo hizo aprobar un presupuesto cojo, incompleto, deficitario, mal elaborado, a sabiendas [de] que no le alcanzaría para cubrir el funcionamiento de la administración estatal, por lo cual, apropiándose de la ética profesional y del rigor profesional financiero, no ha debido urgir aprobar el presupuesto sabiendo que solo buscaría el perezoso camino fácil de aumentar el recaudo vía mayores impuestos, en vez de aplicar el camino eficaz de reducir el gasto público, haciendo funcionarios más eficientes y menos burócratas», afirma el informe. Por lo anterior, dicen, no es necesaria la ley de financiamiento.
De la mano del IVA, la ley de financiamiento es regresiva. Para esta asociación el impuesto más inequitativo es el IVA, por cuanto pagan el mismo valor los más pobres, la clase media y la clase acaudalada, disminuyendo el poder adquisitivo de la clase media trabajadora,
«Además de ser el más inequitativo impuesto, es el más regresivo, toda vez que, sin recursos disponibles, el consumo promedio se reduce, y la economía se contrae, como en el 2018 cuando el aumento de 3 puntos en el IVA produjo contracción económica, de la cual la mayor parte de las víctimas son los más pobres. Nuevamente se plantea la estrategia anti Robín Hood de Agro Ingreso Seguro: quitarle a los más pobres para regalarle a los más ricos. Qué despropósito tan parecido al manejo económico de Venezuela», establece el Grupo de los 100.
Por otra parte, para el Grupo de los 100 devolver 12 billones de pesos del IVA a los estratos más bajos es dejar 2 billones de desequilibrio fiscal. «Se ilusiona artificialmente a los ciudadanos, se castiga con desnutrición en primera instancia, a los más pobres, se premia a los más ricos propietarios de empresas, quedando la población con mayores problemas de salud, y la regla fiscal sigue sin satisfacer», argumenta el informe.
Sobre el impuesto de industria y comercio el informe indica que se debe estandarizar con cobertura nacional para que en todos los municipios de Colombia el procedimiento y las tasas impositivas sean iguales, simplificando así la labor y eliminando la alta complejidad que actualmente tiene este rubro, y que se pueda pagar en cualquier banco y en cualquier ciudad del país.
El Grupo de los 100 habla de un impuesto de patria donde los ingresos que actualmente no constituyen salarios de cualquier naturaleza y cuantía (los percibidos por senadores, representantes, diputados, concejales, ministros, gobernadores, secretarios de despacho, directores de entes del Estado…), deberán ser gravados con impuesto de renta a partir de ocho millones de pesos mensuales.
«Por derecho de igualdad, si los funcionarios del Estado tienen ingresos exentos por concepto de gastos de representación, este concepto debe ser aplicable a ciudadanos del sector privado. Para los demás rubros, se les practicará retención en la fuente, como a cualquier ciudadano colombiano», afirma el informe.
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