Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Federico Corredor, docente de economía en la Universidad Externado de Colombia, afirma que la reforma tributaria no soluciona problemas estructurales del sistema fiscal como la desigualdad, ineficiencia y poca competitividad. Corredor afirma que el país necesita una reforma que dure más de dos años.
Federico Corredor, magister en economía, profesor de la facultad de economía de la Universidad Externado de Colombia, investigador en temas de desigualdad y política fiscal, realizó para Actualícese un balance de los diversos temas que ha tocado la actual reforma tributaria.
Es una circunstancia lamentable, aun cuando es previsible. Colombia necesita una reforma fiscal profunda, que integre en una misma discusión la tributación y el gasto; esta tiene el enorme reto de disminuir la desigualdad, cosa que ninguna reforma tributaria de los últimos años ha logrado. Colombia necesita una reforma que dure más de dos años, y no más leyes de financiamiento que buscan resolver problemas de liquidez de muy corto plazo.
La discusión sobre progresividad no se resuelve con la eliminación de uno u otro impuesto. La concepción estructural, que considera el ingreso disponible de los hogares después de impuestos y subsidios, permite evidenciar que el sistema fiscal colombiano favorece la desigualdad y la concentración del ingreso.
Es un problema de economía política. Las reformas tributarias han sido más bien leyes de financiamiento para resolver temas de liquidez, producto de la caída de los precios del petróleo. Las propuestas en cuanto a progresividad son escandalosamente tímidas. La exposición de motivos de la reforma del año 2012 hablaba de la equidad, y las disposiciones de esta reforma fueron un fracaso absoluto: no contribuyeron a la disminución de la desigualdad e hicieron muy complejo el sistema tributario. La última reforma tuvo que eliminar las disposiciones de la reforma de 2012, pero la responsabilidad por ese fracaso no la asume nadie.
Uno de los pilares fundamentales de la reforma tributaria de 2016 fue el aumento del IVA del 16 % al 19 %. Esta modificación impopular acaparó la atención mediática y fue el centro del debate. El gobierno de manera estratégica escoge a cuáles de las recomendaciones de la OCDE darles prioridad y a cuáles no mencionar, o hacerlo de manera marginal. En este sentido, no es factible la reducción del IVA. Probablemente el IVA siga aumentando en los próximos años.
Ahora bien, el sistema fiscal de un país tiene una gran variedad de componentes y en consecuencia hay muchas alternativas para cumplir con los objetivos de la política. Por ejemplo, el impuesto predial, que es toda una discusión, está ausente en la reforma. En cuanto al objetivo redistributivo, el IVA claramente profundiza la desigualdad en Colombia. La destinación específica de un porcentaje del IVA a salud y educación es una medida de compensación que de alguna manera reduce el impacto regresivo de la reforma.
Hay varios temas ausentes en las últimas reformas tributarias y que tienen un profundo impacto en términos fiscales como lo son la concentración de la tierra, la actualización del catastro rural y su relación directa con el impuesto predial. El impuesto a la tierra es esencial para modernizar el sistema fiscal colombiano, contribuir con la desigualdad y la reducción de la pobreza. Este tema debe ser el centro del debate en la próxima reforma tributaria.
Por el lado de los hogares, una reforma es estructural si considera el balance neto entre impuestos y subsidios, en otras palabras, si la concentración del ingreso (medida por el coeficiente de Gini) se modifica de manera sustancial una vez se han cobrado los impuestos y se han entregado los subsidios. Desde la perspectiva de las empresas una reforma es estructural si modifica las relaciones factoriales.
Las sociedades de mercado tienden de manera natural hacia la concentración; el Reino Unido, Alemania, Suecia tienen coeficientes de Gini similares a los de Colombia antes de impuestos y subsidios, por encima de 0.5. Sin embargo, el papel redistributivo de la política fiscal es claro y el ingreso disponible de los hogares aumenta considerablemente después de impuestos. El Gini de estos países se sitúa por debajo de 0.3 o ligeramente por encima. Colombia no mueve el Gini. La medición de la sustitución de capital por trabajo es más difícil de medir, pero el debate se halla en las disposiciones sobre la tributación al capital, el salario mínimo y el pago de seguridad social, que son discusiones complejas. La reforma no tocó estos temas de manera profunda, así, la reforma de 2016 no es estructural desde esta perspectiva.
Esta reforma tributaria avanzó en algunos temas, aunque de forma tímida. Empezó a mencionar la importancia de los impuestos territoriales, lo cual avanza hacia una verdadera concepción de integralidad de las reformas. Eliminó el IMAN, IMAS, el CREE, y otros cobros, es decir que simplificó un poco un sistema ya complejo de por sí. Las disposiciones para el posconflicto también apuntan en la dirección correcta. Asimismo, se implementó el impuesto a los dividendos, pero con un criterio de progresividad débil que limita el impacto de esta disposición.
Lo malo es la naturaleza transitoria de la reforma. Colombia necesita una reforma fiscal profunda y no aproximaciones de corto plazo desde la tributación, y de manera separada desde el gasto. Esta reforma no soluciona los problemas estructurales del sistema fiscal colombiano: la desigualdad, la ineficiencia y la poca competitividad. El aumento del IVA por supuesto afecta el bolsillo de los colombianos y sobre todo a los hogares de menores recursos, pero como se mencionó, esta es una tendencia irreversible. La solución, que está en la progresividad fuerte, no hizo parte de esta reforma; esperemos que sí lo sea en la próxima reforma.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
